La Cámara baja concentrará la agenda del Congreso con el debate de penas severas a la explotación no autorizada en las islas y la creación de un Consejo de Seguridad, mientras el Senado continúa frenado por la falta de consenso para modificar las PASO.
El oficialismo apura la ley de soberanía en Malvinas y la oposición presiona por el endeudamiento El oficialismo apura la ley de soberanía en Malvinas y la oposición presiona por el endeudamiento
El Congreso de la Nación tendrá esta semana su principal foco de actividad en la Cámara de Diputados, en un escenario contrastado por el parate legislativo que atraviesa el Senado a raíz del desacuerdo político en torno a la reforma electoral. Mientras la Cámara alta permanece sin sesiones programadas tras la sanción con cambios de la reforma del Banco Central y de la ley de Zonas Frías, la Cámara baja pondrá en marcha discusiones centrales tanto para la estrategia del Poder Ejecutivo como para la agenda impulsada por la oposición.
Debate por Malvinas y endurecimiento de sanciones
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El eje prioritario de la bancada oficialista es el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento formal comenzará este miércoles a las 12 en un plenario integrado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, encabezadas respectivamente por los legisladores Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán.
La hoja de ruta parlamentaria prevé firmar dictamen el martes 6 de octubre con la meta de llevar el texto al recinto al día siguiente, el 7 de octubre. La propuesta deroga la Ley 26.659 vigente e introduce un esquema punitivo más riguroso para castigar la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus áreas marítimas e insulares adyacentes:
Penas y restricciones: Se fijan condenas de hasta 20 años de prisión no solo para la explotación directa sino también para la cooperación en dichas tareas, además de la inhabilitación comercial en el territorio argentino.
Ampliación del alcance: La prohibición deja de limitarse a los hidrocarburos y abarca la totalidad de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
Herramientas procesales y registrales: Se crea un registro público de personas y firmas infractoras —con las cuales quedará prohibido contratar a nivel estatal y privado— y se habilita la figura del juicio en ausencia.
Creación del Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto también diseña una nueva estructura institucional mediante la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional, conducido por el Presidente de la Nación y compuesto de forma fija por la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y las carteras de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía.
Este organismo tendrá injerencia en la protección de infraestructuras críticas y coordinará respuestas en materia diplomática, militar, cibernética, jurídica, económica y de inteligencia. Frente a situaciones de amenaza inminente y de gravedad, estará facultado para congelar activos, suspender contratos o licencias, restringir transacciones financieras y de divisas, limitar el comercio exterior y aumentar gravámenes aduaneros transitorios. Además, contempla un protocolo reglado que autoriza, como última instancia, el derribo de aviones o el hundimiento de embarcaciones consideradas hostiles.
En el plano institucional y penal, la iniciativa:
Prohíbe el financiamiento partidario y electoral proveniente de personas jurídicas o individuos extranjeros que no tengan residencia permanente en el país.
Tipifica delitos por filtración de información reservada a potencias o servicios foráneos, colaboración en tareas encubiertas de inteligencia y maniobras de manipulación pública o alteración de comicios mediante desinformación orquestada.
Faculta la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior ante contingencias de origen externo, sean estatales o no.
Incorpora con rango de ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), permitiendo el bloqueo patrimonial inmediato.
Dictamen en puerta para regular el endeudamiento y tarjetas
De forma simultánea, el oficialismo deberá afrontar en comisiones temas impulsados por la oposición que generan incomodidad en el Gobierno nacional, principalmente la problemática de la discapacidad y los proyectos referidos al endeudamiento familiar.
Para el próximo martes está prevista la firma de dictamen en el plenario conjunto de Finanzas y Defensa del Consumidor, en cumplimiento del emplazamiento votado en el recinto el pasado 26 de agosto con 133 respaldos. Aquella votación reunió a Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal, sumando además a sectores habitualmente cercanos a la Casa Rosada como Argentina Federal (bloque integrado por diputados de Salta y Misiones), Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y la neuquina Karina Maureira. Espacios como la izquierda y los legisladores catamarqueños y tucumanos no cuentan con firmas en dichas comisiones, aunque sus bancas resultarán determinantes ante una eventual votación en el recinto.
La iniciativa acordada hacia adentro de Unión por la Patria contempla declarar la emergencia por un lapso de 180 días prorrogables, estipular topes a la tasa nominal que aplican tarjetas de crédito y billeteras virtuales, fijar límites a cargos y comisiones, y diseñar planes de refinanciación de deudas en hasta 36 cuotas según los montos involucrados.
El calendario político y la parálisis del Senado
El plan de trabajo del oficialismo apunta a consolidar la sanción de la norma sobre Malvinas en la sesión del 7 de octubre antes de ingresar de lleno en la discusión del Presupuesto 2027. La presentación y debate de la denominada "ley de leyes" comenzará el 13 de octubre, un proceso que exigirá complejas negociaciones en un año marcado por la contienda electoral.
En la otra ala del Congreso, el Senado permanece paralizado debido al conflicto originado por la reforma electoral. La intención de suspender o suprimir las PASO encuentra un freno determinante en las bancadas aliadas —la Unión Cívica Radical, el PRO y distintas fuerzas provinciales—, que se niegan a acompañar la eliminación de las elecciones primarias de cara al turno presidencial de 2027.
