El Dr. Darío Alarcón rechazó la fianza ofrecida por la defensa de Caro, Moyano y Llado por carecer de valor formal y postergó, por ahora, la liberación de los supuestos integrantes de una asociación ilícita.
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El juez de Control y Garantías de la Capital, Dr. Darío Alarcón, no hizo lugar por el momento a la fianza ofrecida por los defensores de Matías Llado, Gerardo Caro y Graciela Moyano y de esta forma, se postergó la concreción de la excarcelación que les había concedido el juez Gastón Merino la semana pasada.
La resolución se conoció durante la mañana de ayer y en su escrito judicial, el magistrado fundamentó la decisión señalando que las garantías presentadas carecen de la validez formal necesaria para acreditar su verdadero valor.
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"La documental incorporada no resulta, en su totalidad, suficiente para tener por acreditada en esta instancia la suficiencia de las garantías propuestas", sostuvo el juez Alarcón, en el extenso escrito que hizo conocer a las partes de la causa.
La resolución remarcó que parte de los documentos ingresados por los abogados defensores del ex gerente, el ex jefe de venta y la ex cajera consistían en meras fotocopias sin validez registral ni respaldo oficial. Al respecto, el magistrado advirtió que "determinados presupuestos o constancias de valor acompañados no cuentan con firma y sello oficial del organismo o entidad" que avale el monto pretendido.
Entre los bienes presentados para cubrir las elevadas fianzas impuestas figuraban un inmueble en Rubia Moreno valorado por la defensa en $270 millones para Llado, así como dos automóviles para Caro y otro vehículo junto a una motocicleta para Moyano. Sin embargo, la Justicia remarcó la necesidad de comprobar fehacientemente el estado real y las valuaciones de dichos bienes.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 205 del Código Procesal Penal, el juez ordenó librar oficios de forma urgente a los registros de la Propiedad Inmueble y del Automotor. El objetivo es obtener "elementos objetivos, oficiales y actuales que permitan establecer su suficiencia" de manera individual para cada uno de los acusados.
Hasta tanto los organismos oficiales de Santiago del Estero, La Banda y Tucumán informen la situación dominial, embargos y valuaciones fiscales vigentes, la excarcelación de los implicados no se materializará. Una vez remitidos dichos informes, el expediente volverá al despacho del magistrado para resolver si se concede o no la libertad definitiva.
En paralelo a estas medidas administrativas sobre los embargos, la causa por millonarias estafas entra en un punto de inflexión decisivo en los tribunales. La atención estará centrada en los estrados judiciales, donde la resolución superior definirá el futuro procesal de los tres principales acusados.
Hoy, la Cámara de Apelaciones definirá si confirma la excarcelación dictada por el juez Merino o si atiende el planteo formulado por la fiscal Victoria Ledesma.
La representante del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la causa, solicitó formalmente revocar dicho beneficio y dictar la prisión preventiva para los sospechosos.
Cabe recordar que los tres involucrados están acusados de integrar una supuesta asociación ilícita que cometió una megaestafa en perjuicio de la firma Fürth Automotores. La maniobra defraudatoria habría alcanzado una suma multimillonaria en pesos, por lo que la fiscalía insiste en mantener la detención para evitar riesgos procesales.
