La tierra no se vende por decreto

Un fallo de la Corte Suprema devuelve la vigencia a un decreto del actual gobierno que elimina los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Lo que Milei no pudo hacer en el Congreso, en la práctica se logra por la vía judicial.

La Corte Suprema acaba de tomar una decisión que nos afecta a todos: revivió un decreto del actual gobierno que habilita a cualquier extranjero, empresa, o incluso a un gobierno de otro país, a comprar tierra rural en Argentina sin ningún límite, también en zonas de frontera.

Conviene aclarar de qué hablamos. Las tierras rurales son todos los campos fuera de los ejidos urbanos, sean para agricultura, ganadería, forestación o turismo: los montes y las tierras productivas que se extienden más allá de las ciudades. Es decir, más del 90% del territorio nacional.

Hasta ahora, la ley sancionada en 2011 fijaba un tope: los extranjeros no podían poseer más del 15% de las tierras rurales de cada provincia, ni adquirir tierras con ríos, lagos o lagunas permanentes. Su objetivo era proteger un recurso estratégico. Con este fallo, esos resguardos desaparecen.

Y el hecho es más grave que lo que se intentó en el Congreso. Hace pocas semanas, el oficialismo buscó elevar el límite del 15% al 25%. Ese proyecto se cayó por la presión social: artistas, deportistas, organizaciones y ciudadanos que dijeron «la patria no se vende» lo obligaron a retroceder. Ahora, en la práctica, por vía judicial se consigue lo mismo que no se pudo lograr por la vía legislativa: sin debate, sin votos, sin que el Congreso discuta nada.

¿Qué implica para el ciudadano común?

Primero, la tierra se encarece. Cuando los grandes capitales extranjeros compran, los precios suben, y los pequeños productores, los jóvenes que quieren trabajar el campo y las familias que quieren vivir de la tierra quedan afuera. Y si se encarece la tierra, se encarecen sus productos.

Segundo, los alimentos y el agua quedan en riesgo. La ley impedía que extranjeros compraran tierras que contienen o bordean ríos, lagos, lagunas, glaciares y hielos continentales, es decir, fuentes de agua de envergadura y permanentes. Sin esa protección, esas reservas estratégicas pueden quedar en manos privadas extranjeras, sin que el Estado tenga voz para decidir.

Tercero, las fronteras quedan expuestas. Sin límite de hectáreas cerca de los confines con otros países, se abre la puerta a enclaves donde el control estatal es muy difícil, y donde la seguridad y el cuidado del ambiente dependen de intereses que no responden a los argentinos.

El senador Gerardo Zamora lo dijo en su momento: "la tierra no es un bien cualquiera", y el Episcopado dijo que "la tierra no es una mercancía". Lo que la tierra sí es: producción de alimentos, acceso al agua, arraigo e identidad de nuestras comunidades. Es soberanía.

Lo que está en juego no es una discusión jurídica. Es quién decide el destino de nuestros recursos y qué país queremos dejarles a nuestros hijos.

Por eso es necesario informarse, debatir y estar atentos, porque esto recién empieza.