El Gobierno británico confirmó ante el Parlamento que las nuevas licencias de hidrocarburos en las islas necesitarán el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La definición se conoce en medio de la disputa con Argentina por el proyecto petrolero Sea Lion.
Malvinas: el Reino Unido exigirá autorización para nuevas licencias de petróleo y gas Malvinas: el Reino Unido exigirá autorización para nuevas licencias de petróleo y gas
El Gobierno del Reino Unido confirmó que las futuras licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberán contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
La definición fue comunicada el 1 de octubre ante la Cámara de los Lores, en respuesta a una consulta presentada por el conservador Colin Moynihan. El funcionario Lord Wood of Anfield señaló que, si bien el Gobierno de las Islas Malvinas mantiene la responsabilidad sobre el desarrollo de los hidrocarburos y su marco regulatorio, las nuevas licencias requieren además la autorización del secretario de Estado británico.
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Según la respuesta oficial, esa intervención debe realizarse de acuerdo con la legislación aplicable en las islas. Al mismo tiempo, Londres aclaró que la política británica de licencias de petróleo y gas no se aplica directamente en las Malvinas.
El Gobierno británico también sostuvo su posición respecto del desarrollo de los recursos naturales del archipiélago y lo vinculó con el principio de autodeterminación que defiende para los habitantes de las islas. Esta postura forma parte de la disputa de soberanía que mantiene el Reino Unido con la Argentina.
La respuesta parlamentaria adquiere especial relevancia por el avance del proyecto Sea Lion, uno de los principales desarrollos petroleros previstos en aguas próximas a las Malvinas. El propio Parlamento británico señaló que la administración isleña llevó adelante sus procedimientos internos para ese proyecto, incluido el análisis de impacto ambiental. Sin embargo, Londres no informó si el secretario de Estado intervino específicamente en las autorizaciones ya otorgadas para Sea Lion ni comentó sobre licencias individuales.
En paralelo, el Gobierno de Javier Milei profundizó durante septiembre sus acciones contra las empresas vinculadas con la actividad hidrocarburífera en la zona. El Ejecutivo argentino anunció inicialmente procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas y posteriormente sumó otros 15 sujetos a esas actuaciones.
Además, el 28 de septiembre la Casa Rosada informó que instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de cuestionar la explotación de hidrocarburos vinculada con Sea Lion y el eventual otorgamiento de nuevos permisos.
La controversia también derivó en acciones judiciales y administrativas contra compañías relacionadas con el proyecto. El Gobierno argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área requieren autorización argentina y encuadra sus medidas en la Ley 26.659.
Sea Lion permanece así en el centro de la disputa por los recursos naturales de la zona. La nueva definición británica establece específicamente un requisito adicional para futuras licencias de hidrocarburos, pero no permite determinar por sí sola qué intervención tuvo el secretario de Estado británico en las autorizaciones correspondientes al proyecto que ya se encuentra en desarrollo.
