El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado para iniciar acciones judiciales luego de que la Corte Suprema revocara una sentencia contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La disputa por la Ley de Tierras llega nuevamente a la justicia La disputa por la Ley de Tierras llega nuevamente a la justicia
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al Fiscal de Estado de la provincia para que inicie las acciones judiciales correspondientes contra la aplicación de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La decisión fue formalizada mediante el Decreto N° 1.935, con el objetivo de resguardar los derechos de la provincia.
Passalacqua sostuvo que el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deja a Misiones en una situación de vulnerabilidad institucional. En ese marco, cuestionó los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El mandatario provincial también remarcó las características territoriales de Misiones, entre ellas su extensa frontera internacional, su biodiversidad y el peso de los pequeños productores dentro de la economía local. Desde el Gobierno provincial señalaron que el planteo judicial buscará defender las facultades y derechos de la provincia sobre su territorio.
El conflicto se profundizó luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23. El máximo tribunal fundamentó su decisión en que la entidad que había promovido la demanda no contaba con legitimación suficiente para configurar un caso judicial. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la sentencia.
La Corte aclaró posteriormente que su resolución no implica un pronunciamiento sobre otras medidas cautelares que tramitan ante distintos tribunales y que quienes consideren inconstitucional el régimen vigente pueden recurrir a la Justicia. En paralelo, distintos sectores políticos impulsaron iniciativas para restablecer las restricciones de la Ley de Tierras o cuestionar el artículo 154 del DNU 70/23.
