Financiamiento Universitario: los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para exigirle al Gobierno que cumpla la ley

Las máximas autoridades de las casas de altos estudios nacionales llevarán a cabo su reunión mensual este miércoles en un escenario de fuerte valor simbólico: la Plaza de Mayo. Frente a la Casa Rosada, los rectores de 60 instituciones que integran el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se congregarán a partir de las 14.30 para demandar que la administración nacional ejecute la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de un documento público, las autoridades académicas explicaron que el propósito de sesionar en ese espacio es "reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento".

La determinación de trasladar el encuentro a las puertas de la sede del Poder Ejecutivo se gestó poco después de conocerse el dictamen del juez federal Martín Cormick. El magistrado invalidó el decreto emitido por el presidente Javier Milei que suspendía la instrumentación de la ley y exigió su aplicación directa.

El revés judicial para el Ejecutivo

En su fallo de primera instancia, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 declaró la inconstitucionalidad de la cláusula del decreto 759/2025, a través de la cual el Gobierno condicionaba la ejecución de la norma a la asignación previa de recursos presupuestarios. Puntualmente, la medida judicial alcanza y deja sin efecto la expresión "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629".

Sumado a esto, el juez le ordenó al Poder Ejecutivo que dicte a la brevedad las herramientas reglamentarias necesarias para asegurar el "cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario".

Previamente, la Casa Rosada había promulgado la ley —obligada por el rechazo del Congreso al veto presidencial— pero la mantenía congelada. El argumento oficial sostenía que eran los legisladores quienes debían fijar las fuentes de los fondos e incorporar las partidas específicas al presupuesto de la Nación.

El conflicto de fondo: salarios y becas estudiantiles

Este reciente revés para el oficialismo se enlaza con otras resoluciones firmadas por Cormick, orientadas a hacer cumplir una medida cautelar que resguarda el ingreso de los trabajadores docentes y no docentes, así como las ayudas económicas para los alumnos, amparados en los artículos 5 y 6 de la legislación.

El pasado 30 de septiembre, la Justicia ya le había otorgado al Gobierno un ultimátum de cinco días para regularizar esas obligaciones, bajo la amenaza de aplicarle multas económicas. Si bien en aquella oportunidad el juez admitió que el Ejecutivo aportó órdenes de pago y actas de paritarias, determinó que el acatamiento había sido incompleto.

Frente a esa situación, la administración nacional intentó frenar la intimación y las posibles sanciones. En su descargo argumentó que, desde diciembre de 2023, las mejoras salariales acumulaban un 226,8%, porcentaje que superaría la inflación tomada como referencia. Además, notificó sobre el inicio de nuevas rondas paritarias y la puesta sobre la mesa de una oferta adicional del 3%.

Sin embargo, Cormick desestimó esos cálculos, advirtiendo que la actualización salarial no se había realizado utilizando las variables que marca la propia ley. Del mismo modo, el juez descartó la interpretación del Gobierno que pretendía restringir la obligación del pago de becas únicamente a los inscriptos en el programa Manuel Belgrano.

Mientras se aguarda la resolución de la cuestión de fondo, la medida provisoria que protege los salarios y becas universitarias rige desde su dictado inicial en diciembre de 2025. Posteriormente, la cautelar fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y adquirió estatus firme en junio, momento en el que la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso extraordinario elevado por el Estado.