La iniciativa del Gobierno, que endurece las sanciones por la explotación ilegal de recursos en Malvinas y reforma áreas de seguridad, fue debatida en un plenario de comisiones. Los libertarios intentarán cerrar el dictamen la próxima semana para llevar el texto al recinto.
Proyecto de Defensa de la Soberanía: el oficialismo avanza en Diputados y buscará votarlo el 21 de octubre Proyecto de Defensa de la Soberanía: el oficialismo avanza en Diputados y buscará votarlo el 21 de octubre
El partido gobernante dio un nuevo paso en la Cámara de Diputados con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Durante un plenario que reunió a las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación Penal y Defensa, se debatió la propuesta oficialista con la participación de especialistas e invitados de la oposición.
La meta de La Libertad Avanza es concluir el análisis en comisiones el próximo miércoles 14 y que la iniciativa llegue al recinto el 21 de octubre, inserta en un temario más amplio. Mientras tanto, la agenda parlamentaria continuará este miércoles desde las 11 de la mañana, cuando se espera la exposición de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.
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Claves y sanciones del proyecto sobre Malvinas
La normativa impulsada por el Poder Ejecutivo consta de 133 artículos. Su propósito central es derogar la Ley 26.659 y reemplazarla por un esquema sancionatorio más severo contra la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos. A diferencia del marco previo, el castigo no se limitará al sector hidrocarburífero, sino que abarcará cualquier recurso natural, sea renovable o no.
El documento estipula multas calculadas en barriles de petróleo, penas de prisión y diversas inhabilitaciones. Además, prevé consecuencias económicas: aquellas empresas o individuos penalizados podrían perder el acceso a beneficios previsionales y fiscales, quedar vetados para contratar con el Estado o verse impedidos de ejercer ciertas actividades en la Argentina.
Según detalló la Casa Rosada, los tres pilares del texto son: penar la extracción ilegítima, generar incentivos para frenar dichas prácticas y dotar al Estado de mayores herramientas frente a amenazas externas. En esta línea, la iniciativa ratifica que dichos territorios son parte de la Nación y sostiene como objetivo permanente recuperar el ejercicio de la soberanía plena.
En paralelo, el proyecto rediseña las áreas de seguridad, inteligencia y defensa mediante la creación de un Sistema de Seguridad Nacional. Este esquema estará dirigido por un Consejo que presidirá el jefe de Estado, con el fin de coordinar acciones estratégicas y proteger la infraestructura crítica.
Críticas opositoras y pedido de funcionarios
Desde los bloques opositores sugirieron desdoblar el tratamiento para avanzar rápidamente con el capítulo referido a las penalidades para las firmas que operan hidrocarburos en Malvinas y dejar para otra instancia el resto de las reformas.
Por su parte, los legisladores de Unión por la Patria, Agustina Propato y Germán Martínez, exigieron la presencia de la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro, y de los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).
La ronda de consultas incluyó fuertes objeciones de los especialistas convocados por la oposición. El listado de invitados estuvo conformado por Daniel Filmus, Mariana Altieri, Guillermo Carmona, Pablo Testori Schroeder, Fernando Morales, Víctor Sierra, Jerónimo Guerrero Iraóla (CECIM), Daniel Guzmán (Observatorio Malvinas), Paula Litvachky (CELS), Luciano Anzelini, Sergio Eissa, Raúl Gustavo Ferreyra y David Angueira.
Al exponer sus críticas, el exministro Daniel Filmus advirtió que la iniciativa establece "protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales". En la misma línea, alertó que esas disposiciones "ofrecen al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN".
Tensión por la visita a Ezeiza y proyectos de convivencia
El plenario de comisiones tuvo un pasaje de alta tensión cuando el diputado oficialista Beltrán Benedit reivindicó la visita que realizó junto a otros libertarios a represores condenados en el penal de Ezeiza. "Hemos callado durante mucho tiempo", expresó el legislador entrerriano, desatando los cuestionamientos de Germán Martínez y otros integrantes de Unión por la Patria. Ante la escalada, el diputado Carlos Zapata intervino para cortarle la palabra a Benedit y dio por levantada la reunión.
El hecho al que hizo referencia Benedit ocurrió el 11 de julio de 2024, cuando un grupo de diputados de La Libertad Avanza ingresó al Complejo Penitenciario Federal I para encontrarse con Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Raúl Guglialminetti y Carlos Suárez Mason, entre otros.
En la antesala de los cruces del plenario, legisladores de distintas bancadas habían promovido proyectos vinculados a los buenos tratos. La diputada Alejandra Torres (Provincias Unidas) presentó una resolución para exhortar a la Cámara baja a mantener un trato acorde a la investidura, con el acompañamiento de Juan Brügge, Pablo Farías, José Núñez, Carolina Basualdo, Gisela Scaglia y Carlos Gutiérrez.
Los firmantes argumentaron que "el Parlamento es un ámbito naturalmente atravesado por el pluralismo y el disenso, pero precisamente por eso requiere reglas de convivencia que permitan desarrollar las discusiones dentro de un marco de respeto institucional". Asimismo, remarcaron que defender ideas con firmeza no impide un intercambio respetuoso basado en argumentos.
Por el lado de La Libertad Avanza, la mendocina Mercedes Llano propuso sancionar con la suspensión de la dieta a aquellos legisladores que profieran insultos dentro del recinto. "La crítica política es parte esencial del debate democrático, pero lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal", fundamentó.
