La Defensoría de Santiago del Estero inspeccionó industrias sucroalcoholeras en Tucumán

Ayer y hoy, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, encabezada por su titular, Dr. Daniel Escobar Correa, realizó la tercera inspección a industrias sucroalcoholeras de la vecina provincia de Tucumán, acompañado por técnicos y funcionarios de Ambiente de la Nación, como así también por personal de la Secretaría de Medio Ambiente de la vecina provincia y Defensoría del Pueblo de Tucumán, en el marco del cumplimiento de obligaciones establecidas en el acuerdo interprovincial que se celebró entre el ex gobernador, Dr. Gerardo Zamora y el ex gobernador, José Alperovich, el 30 de diciembre de 2011. Por este acuerdo, único y sin precedentes en el país, un Estado provincial ingresa a otro para inspeccionar sus industrias y controlar los vuelcos de residuos industriales, en particular la vinaza como producto final desecho de la producción de bioetanol. Cada litro producido de bioetanol de caña de azúcar, genera 13 litros de vinaza que ya no se vuelcan a la cuenca. 

Toda la información recogida es elevada a la Corte Suprema de Justicia para su monitoreo y contralor, como garante de las acciones determinantes para lograr el salvataje de la cuenca Salí-Dulce, que provee de agua a acuíferos, canales y plantas potabilizadoras, tanto para uso en el riego, el consumo animal y humano, aún cuando restan otras variables ser controladas, que hoy no contempla el acuerdo. 

Esto es resultado de diversas acciones técnicas y políticas, iniciadas en el inicio de la gestión del Dr. Gerardo Zamora, que sostuvo una fuerte política de Estado en defensa del Medio Ambiente para terminar con el flagelo de la contaminación de la cuenca, por desechos industriales, desde su primer mandato, que derivó en este acuerdo interprovincial que, como resultado de sus efectos, produjo el cese progresivo de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce hasta estos días.

Haciendo historia. El monitoreo de la cuenca Sali-Dulce, de 32 puntos establecidos de control de efluentes, control de aguas del embalse de Río Hondo y afluentes industriales, lo ejecuta desde mayo de 2012 la Defensoría del Pueblo los 365 días del año. A ello, se agregan las inspecciones en terreno a las industrias sucroalcoholeras como la que se informa e ingreso al embalse. 

Esto es el resultado de una acuerdo entre empresarios, el gobierno de Tucumán con el gobierno de Santiago del Estero, en el marco de un amparo constitucionalizado ambiental planteado por el gobierno local, a través de Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo contra la vecina provincia por la contaminación del principal recurso natural que comparte con la provincia de Córdoba, al haberse verificado innúmeros episodios de contaminación de las aguas con resultados funestos en la fauna ictiocola, producto de una política ambiental inexistente y fuera de control en la vecina provincia, por aquel entonces. 

Las inspecciones a las industrias tucumanas se realizan previo a la apertura de la zafra, durante el desarrollo, hasta en dos ocasiones y al cierre de la zafra, aún cuando las empresas que tienen capacidad de producción o de guarda de materia prima siguen produciendo bioetanol durante todo el año.

En esta oportunidad, las inspecciones que se centran en el control de tres variables determinantes, y comprendidas en el acuerdo, son ceniza cero, vinaza cero y agua de lavado de caña reciclada. 

Se inspeccionaron diez establecimientos industriales; Bella Vista (ingenio); Bella Vista (destilería); Santa Rosa; Corona; Marapa; Santa Bárbara; Famaillá; San Juan; Concepción; Florida y Leales.

Acompañaron al Dr. Escobar Correa; representante de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, Ing Guillermo Silva; de la SEMA, Ing. Marcelo Lizárraga y de Ambiente de la Nación, el Ing. Javier Finkelstein.