El Ministerio de Capital Humano interpuso un recurso legal contra la resolución del juez Martín Cormick. Desde la administración nacional advierten sobre un fuerte impacto fiscal y argumentan que la normativa carece de una fuente de financiamiento específica.
El Gobierno apeló el fallo por el Financiamiento Universitario y demora la aplicación de la Ley El Gobierno apeló el fallo por el Financiamiento Universitario y demora la aplicación de la Ley
La disputa legal en torno a los fondos para las casas de altos estudios sumó un nuevo capítulo este viernes. El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que había declarado inconstitucional el decreto encargado de frenar la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que a su vez exigía la inmediata puesta en vigencia de la normativa.
De acuerdo a la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la presentación formal estuvo a cargo del Ministerio de Capital Humano. Mediante esta acción, la administración central busca revocar la decisión dictada por el juez Martín Cormick, quien previamente había dejado sin efecto el Decreto 759/2025 al considerar que este generaba un "gravamen irreparable".
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Argumentos del Ejecutivo y advertencia por el presupuesto
En los fundamentos del recurso presentado ante la Justicia, el Estado Nacional sostuvo que la sentencia adversa genera "agravios concretos y de significativa gravedad institucional". Según la postura oficial, el fallo judicial ordena la ejecución de la ley "sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional".
Asimismo, la cartera conducida por Capital Humano advirtió que dar cumplimiento a la normativa en las condiciones actuales "proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas". En esa misma línea, el Ejecutivo cuestionó que el texto legislativo sancionado no identifica de manera fehaciente una "fuente de financiamiento específica y suficiente", motivo por el cual insiste en frenar su aplicación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en los tribunales.
