Al restituir provisoriamente los límites a la compra de campos por parte de extranjeros eliminados por el DNU 70/2023, el máximo tribunal evitó una inminente derrota parlamentaria para la Casa Rosada y le permite enfocar sus negociaciones en la supresión de las PASO.
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Un respiro judicial de alto impacto político llegó a los despachos de Balcarce 50. Mediante una medida cautelar interina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió restablecer con carácter transitorio los topes a la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas y firmas extranjeras, neutralizando en lo inmediato la vigencia del artículo 154 del mega DNU 70/2023.
El pronunciamiento no resuelve la discusión de fondo respecto de la validez constitucional de la derogación, pero desactivó un escenario de extrema debilidad parlamentaria para la administración central. Diversas bancadas que habitualmente funcionan como aliadas, entre ellas el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques provinciales dialoguistas, mantenían marcadas discrepancias con la desregulación total del mercado inmobiliario rural e iban a sumarse al quórum de una sesión convocada por el arco opositor para la semana venidera.
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Para esquivar un nuevo revés en el recinto de la Cámara Baja, el oficialismo, encabezado operativamente por su titular Martín Menem, preparaba concesiones a través de un proyecto de ley que recuperara parte de los límites legales. La resolución del máximo tribunal alteró ese tablero de urgencias: al reinstalar la protección de forma preventiva, extinguió el reclamo inmediato de los socios y postergó la discusión en el recinto.
Despejar el camino hacia el fin de las PASO
La desactivación de este conflicto representa un alivio estratégico para el Poder Ejecutivo, cuya meta principal pasa por concentrar su capital de negociación en reformas políticas neurálgicas, en particular el proyecto para suprimir las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En la hoja de ruta gubernamental se prioriza clausurar discusiones secundarias que desgasten la relación con los bloques afines. Del mismo modo en que analiza alternativas de consenso en el área de discapacidad, la contención del conflicto territorial permite encauzar el diálogo con los dialoguistas sin someter al bloque oficialista a una votación forzada.
La división de votos y el trasfondo institucional
El veredicto se definió por una mayoría de cuatro votos a uno. La postura prevaleciente reunió las firmas de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, acompañados por los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, al tiempo que Carlos Rosenkrantz emitió su sufragio en disidencia. Tras la cautelar interina, el litigio fue girado al juzgado federal de Bariloche para continuar su sustanciación ordinaria.
Según consignó TN, el voto en minoría de Rosenkrantz estableció una distinción entre la entidad ambiental demandante y la presentación previa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), aunque advirtió que la Corte carecía de facultades para dictar un remedio precautorio transitorio. Su criterio propiciaba remitir las actuaciones a la sede judicial de Bariloche sin medida cautelar vigente, vía que en los hechos habría mantenido desregulada la venta de campos.
Por otra parte, la conformación incidental del tribunal incorporó lecturas en torno a las dinámicas del fuero penal. El conjuez Pérez Curci se formó bajo la órbita de Carlos Mahiques, magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal. En los pasillos de tribunales y del Congreso, esa correlación fue interpretada como una muestra de gravitación del camarista en la articulación de un fallo que, al fijar límites a la iniciativa libertaria, terminó facilitándole una vía de escape al Gobierno para reordenar sus prioridades parlamentarias.
