El asesor presidencial cuestionó las irregularidades en el sistema de prestaciones por discapacidad y criticó los intentos de ampliar la cantidad de beneficiarios. Sus declaraciones se conocieron luego del envío al Congreso de un proyecto de ley para combatir el fraude.
Santiago Caputo afirmó que el 60% de las pensiones por invalidez serían fraudulentas Santiago Caputo afirmó que el 60% de las pensiones por invalidez serían fraudulentas
El asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó el sistema de pensiones por invalidez y aseguró que cerca del 60% de las prestaciones serían irregulares. A través de una publicación en la red social X, sostuvo que algunos certificados se habrían otorgado por vínculos políticos y cuestionó los mecanismos utilizados para acceder a estos beneficios.
Según expresó, parte de las pensiones se habrían concedido a familiares, conocidos o allegados de dirigentes políticos. En ese sentido, afirmó que el Gobierno busca dar de baja las prestaciones que considera fraudulentas y criticó al Congreso por impulsar medidas que, según su interpretación, dificultarían ese proceso y permitirían duplicar la cantidad de beneficiarios.
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Caputo también comparó la cantidad de pensiones por invalidez otorgadas en Argentina con las de países que atravesaron conflictos bélicos. Además, sostuvo que la existencia de prestaciones irregulares afecta los recursos disponibles para quienes realmente necesitan asistencia por una discapacidad. Sin embargo, la cifra del 60% mencionada por el funcionario corresponde a su afirmación y no constituye, por sí sola, una estadística verificada.
Las declaraciones se produjeron después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez. La iniciativa propone incorporar mecanismos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades, además de revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
El tema también cobró relevancia tras conocerse una denuncia vinculada con Romina Uhrig, exdiputada nacional y exparticipante del programa Gran Hermano. Según la información difundida, la exlegisladora cuenta con un certificado de discapacidad emitido en 2018, durante la gestión de su entonces pareja, Walter Festa, como intendente de Moreno. El documento tendría vigencia hasta 2028, aunque esos datos, por sí solos, no acreditan la existencia de una irregularidad.
