Casi el 60% de las empresas industriales considera que el comercio ilegal tiene un impacto alto o muy alto en su actividad. La entidad empresaria se reunió con autoridades de Aduana y propuso reforzar la fiscalización en las fronteras, el comercio electrónico y el sistema de envíos internacionales.
Contrabando: los industriales presionan al Gobierno para frenar el comercio ilegal Contrabando: los industriales presionan al Gobierno para frenar el comercio ilegal
La preocupación por el avance del contrabando y sus consecuencias sobre la producción nacional sumó un nuevo capítulo. La Unión Industrial Argentina (UIA) intensificó sus gestiones ante el Gobierno nacional para reclamar controles más estrictos sobre el ingreso de mercadería ilegal, una problemática que golpea a distintos sectores fabriles y genera inquietud entre empresarios y trabajadores aduaneros.
El planteo se sustenta en los resultados de la III Encuesta UIA, correspondiente a septiembre de 2026. De las 628 empresas consultadas, el 59,7% afirmó que el comercio ilegal tiene un impacto alto o muy alto en sus operaciones, un indicador que refleja la magnitud del problema para la industria.
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El relevamiento identificó consecuencias especialmente graves en determinadas actividades productivas. La industria de metales comunes encabeza la lista, con un 88,2% de las empresas que reportaron un impacto elevado. Le siguen el sector textil, con el 84,6%; cuero y calzado, con el 76,2%; y papel, cartón y madera, con el 70%.
Frente a este escenario, representantes de la UIA mantuvieron este jueves una reunión de trabajo con el director general de Aduanas, Andrés Velis, para presentar un diagnóstico sobre el comercio ilegal y establecer una agenda de cooperación entre el sector público y el privado.
Del encuentro también participaron la directora adjunta de Aduanas, María Eugenia Rodríguez Campos, y la subdirectora de Control Aduanero, Samanta Franco. Durante la reunión, las partes analizaron las gestiones en marcha y coincidieron en la importancia de impulsar medidas que faciliten las operaciones comerciales dentro de la legalidad.
Entre las principales demandas empresariales se encuentra el fortalecimiento de las inspecciones aduaneras. Según los datos de la encuesta, el 33% de los ejecutivos consultados señaló la necesidad de implementar controles más eficaces como una de las medidas prioritarias.
La UIA también solicitó ampliar los horarios de atención en los pasos fronterizos, incorporar más escáneres y herramientas tecnológicas, avanzar con declaraciones electrónicas anticipadas y mejorar los mecanismos de selección de cargas según perfiles de riesgo. A esto se suman las auditorías posteriores a las operaciones y una fiscalización más rigurosa de las ventas por internet.
El comercio electrónico representa otro de los focos de preocupación. Cuatro de cada diez compañías indicaron que la informalidad vinculada con esta modalidad las afecta a través de redes sociales y plataformas de venta online. En ese contexto, el 19,1% de los empresarios reclamó una mayor fiscalización de la facturación y de la informalidad comercial, mientras que el 15,1% pidió regular el comercio electrónico.
La entidad industrial también propuso revisar las normas vinculadas con las recientes desregulaciones del sistema de courier, utilizado para el envío de productos desde el exterior.
La preocupación por el contrabando no se limita a la industria manufacturera. Desde 2025, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), encabezado por Daniel Mallotti, viene advirtiendo sobre las consecuencias de este fenómeno.
El dirigente sindical cuestionó las políticas de ajuste y desregulación impulsadas por el Gobierno nacional y señaló su posible incidencia en el crecimiento del contrabando, con efectos sobre la producción nacional y el comercio formal. En sus críticas, apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por los cambios implementados en el organismo encargado de controlar el ingreso y la salida de mercaderías.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reclamó reforzar los controles fronterizos y advirtió sobre el perjuicio que el comercio ilegal ocasiona a las empresas que operan dentro de la normativa, además de las pérdidas de recaudación fiscal.
A las dificultades que genera la competencia con productos importados, los industriales suman el impacto de las operaciones ilegales, que eluden obligaciones tributarias y otros costos que afrontan los comerciantes y fabricantes formales.
Por el momento, el Gobierno nacional no difundió una respuesta oficial a los planteos presentados por la UIA. Mientras tanto, la entidad empresaria busca avanzar en una agenda técnica con Aduanas para fortalecer la fiscalización y reducir el impacto del contrabando sobre la industria argentina.
