Con respaldo y fondos del Departamento de Estado norteamericano por casi 14 millones de dólares, la administración nacional sustituirá componentes de firmas como Huawei en redes públicas y pondrá en marcha un centro de monitoreo informático.
Argentina y Estados Unidos sellan un plan para retirar tecnología china del Estado y crear un polo de ciberseguridad Argentina y Estados Unidos sellan un plan para retirar tecnología china del Estado y crear un polo de ciberseguridad
La administración nacional ultima los detalles de una alianza estratégica con Estados Unidos orientada a blindar las comunicaciones del sector público y desplazar gradualmente los dispositivos de origen chino que operan en las redes gubernamentales. La iniciativa contempla, como pilar central, la creación de una base unificada de vigilancia y respuesta frente a incidentes informáticos.
El proyecto se enmarca en una partida asignada por el Departamento de Estado norteamericano por un monto de hasta 13.912.185 dólares para la Argentina. El cronograma de ejecución contempla un período de hasta 36 meses para proyectar, estructurar y dejar operativo un centro civil con capacidad para resguardar infraestructuras críticas y plataformas estatales.
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Fuentes del Ejecutivo precisaron que la meta operativa apunta a remover aparatos provistos por Huawei situados en el núcleo neurálgico de las conexiones oficiales. A su vez, se buscará dotar al país de un esquema de monitoreo continuo del que hoy carece a esa escala. La nueva dependencia no quedará bajo la estructura de ARSAT, sino que se integrará al Centro Nacional de Ciberseguridad.
La geopolítica detrás del acuerdo
Los informes técnicos elaborados en Washington que forman parte de la mesa de negociación transparentan los fundamentos geopolíticos de la medida. De acuerdo con estos documentos, las autoridades argentinas gestionaron la colaboración bilateral para robustecer sus defensas digitales a través de una migración progresiva hacia proveedores tecnológicos catalogados como confiables por Estados Unidos, con la premisa de disminuir la dependencia de fabricantes externos a la región.
El diagnóstico estadounidense plantea como premisa directa apartar los insumos de procedencia china. Para ello, se propone una auditoría exhaustiva sobre los tendidos públicos para individualizar el equipamiento sensible en funcionamiento y definir qué circuitos requerirán la supervisión constante de la nueva unidad.
Auditoría inicial y reemplazo paulatino
El cronograma prevé una fase inicial centrada en el diagnóstico de las redes, plataformas y centros de almacenamiento de datos que utiliza el Estado nacional. Este relevamiento servirá para diseñar inventarios rigurosos, marcar los artefactos no avalados y establecer un esquema escalonado para desconectarlos, retirarlos o contenerlos, procurando no alterar el normal desenvolvimiento de las prestaciones públicas esenciales.
El siguiente paso consistirá en consolidar un esquema de monitoreo en tiempo real. Esta etapa sumará herramientas para compilar registros de seguridad de forma centralizada, desplegar sensores en las redes, detectar patrones sospechosos, cotejar datos de ciberataques y articular acciones conjuntas entre las distintas dependencias públicas ante cualquier vulnerabilidad.
Marco normativo, capacitación y financiamiento
La asistencia de Estados Unidos abarcará sugerencias para actualizar las normas locales en materia informática. En ese sentido, se elevarán propuestas sobre las facultades operativas del futuro centro, los protocolos de cruce de datos interministeriales, los criterios de resguardo documental y las obligaciones de cada dependencia frente a una intrusión digital.
En el plano presupuestario, el programa destina cerca de 5 millones de dólares a definir la arquitectura tecnológica general, junto a partidas dirigidas a diagnóstico institucional, auditorías de red y formación técnica. La meta de Washington es instruir a analistas e ingenieros locales para asegurar la autonomía operativa de la plataforma una vez que concluya el plazo de cooperación técnica.
No obstante, la asistencia externa no abarcará la totalidad del gasto que demandará la renovación de los sistemas. Los pliegos establecen que la Argentina tendrá que afrontar los costos operativos del centro, además de la adquisición de licencias y hardware de reemplazo, limitando la intervención económica directa de Estados Unidos a suministros específicos e imprescindibles para la ejecución de la obra, detalla Todo Noticias.
