El letrado, con una condena previa por narcotráfico en trámite ante la Corte Suprema, fue detenido cerca de Isla de Cañas tras el hallazgo de un cargamento de droga en una camioneta abandonada.
Prisión preventiva para un abogado acusado de transportar 32 kilos de cocaína Prisión preventiva para un abogado acusado de transportar 32 kilos de cocaína
La Justicia Federal dictó un mes de prisión preventiva contra un abogado de 56 años, domiciliado en la localidad de Haedo (partido de Morón, provincia de Buenos Aires), tras imputarlo por el delito de transporte de estupefacientes. La causa se originó a partir del secuestro de más de 32 kilogramos de cocaína hallados en un rodado abandonado en las proximidades de Isla de Cañas, en territorio salteño.
El procesamiento fue formalizado el pasado miércoles durante una audiencia encabezada por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, Marcos Romero, junto al auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia y la instructora Analía Cabral Castellanos, ante la jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández.
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Alerta al 911, persecución y secuestro del cargamento
Las actuaciones policiales se desencadenaron el sábado 3 de octubre, cerca de las 15.30, luego de que una trabajadora de la vía pública se comunicara con el sistema de emergencias 911 para denunciar un incidente armado en la esquina de Alvear y Alberdi, en la ciudad de Orán. La denunciante indicó que un grupo armado interceptó a un hombre a bordo de un rodado de alta gama, lo obligó a subir a otro vehículo y escapó hacia la ruta nacional 50.
Mediante las cámaras de seguridad urbanas, los operadores detectaron que los involucrados se desplazaban en dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado. Con esos datos, las patrullas montaron un rastrillaje sobre la ruta provincial 18 en dirección a Isla de Cañas.
Al inspeccionar una huella secundaria que desemboca en un río, los efectivos dieron con la Volkswagen Amarok: el rodado tenía las puertas abiertas, el motor en funcionamiento y dos paquetes de gran tamaño en el asiento trasero. Minutos más tarde, la Toyota Prado llegó al lugar conducida por el letrado bonaerense, identificado por sus iniciales D.G.G., quien resultó aprehendido de inmediato. En su vehículo los peritos incautaron dos teléfonos móviles y constataron un corte irregular en el piso, a la altura del tanque de combustible.
La requisa posterior de la Amarok confirmó la presencia de más de 32 kilos de cocaína distribuidos en panes con un grosor menor al convencional, aparentemente seccionados a la mitad.
Los antecedentes penales del imputado
Al fundamentar la acusación, la fiscalía remarcó que el sospechoso intentó desvincularse de la sustancia sin aportar explicaciones sobre el cargamento. Asimismo, los representantes del Ministerio Público Fiscal subrayaron que el acusado arrastra una condena de cuatro años y seis meses de prisión por transporte de drogas, impuesta en 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, fallo que se encuentra recurrido en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aquel antecedente remite al 4 de julio de 2022, oportunidad en la que fue interceptado al volante de un coche que ocultaba cuatro kilos de cocaína en el sector del motor. En ese expediente se comprobó que el letrado había estado en Orán cinco días antes —donde tramitó una licencia de conducir—, elemento que sustentó la ruta del estupefaciente desde el norte hacia la Patagonia.
La coartada del viaje comercial y la denuncia de secuestro
Durante la audiencia, el letrado solicitó declarar para ensayar su defensa. Manifestó que viajaba de forma habitual a Orán y Aguas Blancas para cruzar hacia Bolivia y adquirir dispositivos móviles para su reventa comercial. Respecto a su estadía del 3 de octubre, adujo que planeaba visitar a una persona alojada en el Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes, pero que decidió pasar primero a comprar mercadería.
Por otra parte, atribuyó lo acontecido a una represalia vinculada con una frustrada operación inmobiliaria. Según su versión, un contacto de Bermejo (Bolivia) pretendía adquirir una propiedad de tres plantas en el barrio porteño de Liniers y le encomendó una gestión jurídica para tomar posesión. El negocio, argumentó, se cayó debido a que la persona encargada de transportar 70.000 dólares fue asaltada, hecho por el cual su cliente lo culpó y lo amenazó de muerte en caso de volver al norte.
Bajo esa hipótesis, aseguró haber sido víctima del secuestro denunciado por los testigos: relató que cinco hombres con armas y pasamontañas lo golpearon, amagaron con quemar su rodado con él dentro y prometieron arrojarlo a las aguas, para luego retirarse cruzando el cauce sin causarle más daño. No obstante, los acusadores detectaron múltiples inconsistencias en su reconstrucción de los desplazamientos.
Rechazo a la prisión domiciliaria y confirmación del tribunal
Pese a los planteos de la defensa para revocar la medida de coerción, la jueza Hernández hizo lugar al requerimiento de la fiscalía y ordenó la detención preventiva por un plazo de 30 días, sustentada en la gravedad de la maniobra, el inicio de la instrucción y los antecedentes condenatorios.
La decisión fue recurrida ante la Sala II de Revisión, compuesta por los magistrados Mariana Catalano, Alejandro Castellanos y Ernesto Solá. En la audiencia de apelación celebrada el viernes posterior, los defensores insistieron en la hipótesis del secuestro y solicitaron el arresto domiciliario.
Sin embargo, el fiscal Romero se opuso firmemente tras argumentar que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento, máxime cuando restan peritar los teléfonos secuestrados. El tribunal de alzada respaldó la postura fiscal y confirmó la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario por el término de un mes.
