La Justicia Federal de San Nicolás formalizó una causa contra Terminales y Servicios S.A. y su presidente por presuntos incumplimientos en los controles de carbonato de sodio. El juez dispuso un embargo preventivo de $100 millones y estableció un año para avanzar con la investigación.
Investigan a una empresa portuaria por irregularidades con más de 30.000 toneladas de químicos Investigan a una empresa portuaria por irregularidades con más de 30.000 toneladas de químicos
La Justicia Federal de San Nicolás avanzó con una investigación penal contra Terminales y Servicios S.A. y su presidente, por presuntas irregularidades en el transporte, almacenamiento y documentación de más de 30.000 toneladas de carbonato de sodio, una sustancia química sometida a controles estatales por su posible utilización en la elaboración de drogas ilícitas.
En el marco de la causa, se dispuso un embargo preventivo de $100 millones sobre el patrimonio de la empresa y se estableció un plazo de un año para desarrollar las medidas de investigación. La pesquisa busca determinar si se incumplieron las obligaciones legales de registro, documentación y trazabilidad exigidas para operar con este tipo de productos.
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La audiencia de formalización se realizó el jueves pasado ante el juez federal de garantías Carlos Villafuerte Ruzo, con la intervención del fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás.
La imputación se encuadra, de manera preliminar, en el artículo 44 bis de la Ley 23.737, que contempla sanciones para quienes falseen u omitan información ante la autoridad encargada de controlar los precursores químicos. La eventual responsabilidad de la persona jurídica también se analiza conforme al artículo 27 de esa norma.
El origen de la investigación
Las actuaciones comenzaron a partir de un procedimiento de Gendarmería Nacional realizado el 12 de junio. Según los elementos presentados por la fiscalía, la operación involucró 30.038 toneladas de carbonato de sodio importadas por una empresa minera, que fueron trasladadas desde el puerto mediante una flota de 31 camiones.
Entre las presuntas irregularidades detectadas figura la falta de inscripción de algunos vehículos y del depósito utilizado para guardar parte de la carga en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). También se habría recurrido a camiones y conductores pertenecientes a una empresa tercerizada que no estaban registrados ante el organismo de control.
A esto se suman traslados que, según la investigación, se habrían efectuado sin los remitos comerciales correspondientes ni el Código de Autorización de Impresión (CAI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Otro de los puntos bajo análisis es el almacenamiento de 2.120 toneladas de carbonato de sodio en un depósito que no contaba con la habilitación exigida. La mercadería involucrada en la operatoria fue valuada en aproximadamente 4,76 millones de dólares.
Los investigadores también identificaron diferencias en los registros de existencias: 20 toneladas al comparar la información con los datos aduaneros y otras 85 toneladas al cruzar los registros con los depósitos de la firma. Además, surgieron inconsistencias entre las fechas declaradas de llegada del buque, los pesajes realizados en el puerto y la documentación aduanera.
La trazabilidad de los camiones también quedó bajo la lupa. De acuerdo con la información aportada por la empresa encargada del servicio de geolocalización, 18 de los 31 vehículos no tenían activo el sistema GPS. En los restantes se detectaron desvíos de ruta que no habrían sido informados.
La fiscalía incorporó, además, presuntas inconsistencias en los documentos presentados para operar con la carga, que habría sido declarada como fertilizante. También señaló que no se habría entregado toda la información requerida sobre el contrato comercial y la capacidad de almacenamiento del depósito.
Multa administrativa y decisión judicial
Durante la investigación, la empresa regularizó la inscripción del depósito y de los vehículos secuestrados ante el RENPRE. Sin embargo, el organismo le aplicó una multa administrativa de $504.688 por los incumplimientos detectados.
La autoridad de control aclaró que iniciar un trámite de inscripción no habilita por sí solo el almacenamiento anticipado de sustancias sujetas a fiscalización.
Durante la audiencia judicial, la defensa solicitó el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos debían tratarse como irregularidades administrativas. No obstante, el juez compartió los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de elementos suficientes para formalizar la investigación y entendió, en esta etapa preliminar, que la conducta denunciada podía encuadrarse en el artículo 44 bis de la Ley 23.737.
En consecuencia, hizo lugar al embargo preventivo de $100 millones solicitado por el Ministerio Público Fiscal y fijó un año para el desarrollo de la pesquisa.
Por qué se controla el carbonato de sodio
El carbonato de sodio es un compuesto químico de uso extendido en actividades industriales legales, como la fabricación de vidrio y jabones, el tratamiento de aguas y determinados procesos de la industria minera, incluida la vinculada con la explotación de litio.
Aunque no es un estupefaciente, está incluido entre las sustancias sometidas a control en el marco de la normativa nacional sobre precursores químicos. Su transporte y almacenamiento deben cumplir requisitos específicos de registro y documentación.
La fiscalía explicó que el compuesto también puede utilizarse en procesos químicos vinculados con la elaboración de clorhidrato de cocaína. Por ese motivo, el control de su recorrido resulta fundamental para verificar que las operaciones tengan un destino legítimo y que cada etapa de la cadena logística pueda ser identificada.
La causa busca establecer si las presuntas omisiones documentales y las diferencias detectadas en la operatoria impidieron garantizar esa trazabilidad. La investigación continúa y las responsabilidades penales deberán determinarse a partir de las pruebas que se incorporen al expediente.
