La Cámara de Diputados retomará el debate sobre la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone endurecer las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas y reformar áreas de seguridad, defensa e inteligencia. Las diferencias políticas dificultan la firma de dictámenes.
Malvinas: se reanuda el debate por el proyecto del Gobierno y crecen los cuestionamientos Malvinas: se reanuda el debate por el proyecto del Gobierno y crecen los cuestionamientos
El debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional se retomará este miércoles en la Cámara de Diputados, en medio de los cuestionamientos de la oposición, organismos de derechos humanos y sectores aliados al oficialismo. La reunión conjunta de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto está prevista para las 15, aunque la falta de acuerdos hace poco probable que se firmen dictámenes durante la jornada.
La iniciativa del Gobierno contempla sanciones económicas y penales más severas para quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Sin embargo, las críticas se extienden a otros puntos del proyecto, que también plantea modificaciones en las estructuras de defensa, inteligencia y seguridad. Ante las diferencias, el oficialismo decidió excluir el texto de la sesión prevista para el 21 de octubre, con el objetivo de disponer de más tiempo para negociar cambios.
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Uno de los artículos más cuestionados es el 111, que establece penas de prisión para quienes, con intervención o financiamiento extranjero, realicen acciones destinadas a alterar procesos electorales, difundir campañas coordinadas de desinformación o promover actos de violencia y sabotaje. Desde la oposición advierten que la redacción podría afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Por su parte, Unión por la Patria propone limitar el proyecto a las disposiciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también manifestó reparos sobre la iniciativa. Desde el organismo sostienen que el texto concentra atribuciones en el Poder Ejecutivo y utiliza definiciones amplias sobre conceptos como terrorismo y amenaza externa, lo que podría habilitar interpretaciones arbitrarias y restricciones a las libertades civiles. Entre los puntos objetados figuran la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y las facultades previstas para actuar ante situaciones consideradas amenazas graves.
En cuanto a las medidas específicas, el proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, además de inhabilitaciones y un registro público de infractores. También contempla restricciones a operaciones financieras y comerciales ante determinadas amenazas, protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, y nuevas figuras penales vinculadas con actividades de inteligencia extranjera. Mientras continúan las negociaciones, el futuro de la iniciativa dependerá de la capacidad del oficialismo para alcanzar consensos sobre los puntos más controvertidos.
