La Justicia Federal de Villa Mercedes avanza con las declaraciones a integrantes de la fuerza militar por el siniestro ocurrido en julio de 2024. El Ministerio Público Fiscal apunta a errores graves de mantenimiento y a la posterior falsificación de registros técnicos del avión.
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Un total de 11 integrantes de la Fuerza Aérea Argentina comenzaron a comparecer en sede judicial ante el Juzgado Federal de Villa Mercedes, en el marco de la causa que esclarece las causales de la tragedia aérea ocurrida el 15 de julio de 2024 en suelo puntano. El siniestro le costó la vida al capitán Mauro Javier Testa La Rosa.
El cronograma de audiencias indagatorias se puso en marcha este jueves 15 de octubre y continuará en desarrollo formal hasta el viernes 23 de este mes.
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La solicitud de comparecencia fue impulsada por la fiscal general María Gloria André y el auxiliar fiscal Leandro Kunusch Ribichini. Para la parte acusatoria, el desenlace fatal obedeció a un conjunto de desatenciones y vicios procedimentales ocurridos durante las maniobras mecánicas de desmonte y reinstalación del conducto de escape, ejecutadas pocos días antes del hecho, sumado a una severa falta de controles sobre la operatividad del avión.
La secuencia del desastre en Villa Reynolds
El episodio tuvo lugar el 15 de julio de 2024, momento en que Testa La Rosa partió desde la cabecera 06 de la V Brigada Aérea con base en Villa Reynolds para cumplir con un vuelo de instrucción en el caza A-4AR Fightinghawk, matrícula C-926. Aunque las verificaciones previas a la aceleración en pista no evidenciaron alertas, la situación cambió de forma drástica apenas la unidad tomó sustentación.
En pleno ascenso, se soltó de manera imprevista el paracaídas de frenado sobre la pista sin accionamiento del piloto, seguido por el desprendimiento de sectores de la cubierta protectora, el tubo de escape completo y la abrazadera o brida de anclaje a la turbina.
La pérdida estructural desencadenó explosiones, ruidos anómalos, emanación de humo e inicio de fuego a bordo. Ante la gravedad del cuadro, el militar accionó su asiento eyectable a una altura calculada entre 150 y 200 pies. Sin embargo, las llamas del aparato alcanzaron y consumieron el velamen del paracaídas principal, provocando la caída libre del oficial desde unos 50 metros de altura, sufriendo heridas que le causaron la muerte inmediata.
Irregularidades en el taller: repuestos gastados e instrumental vencido
El eje de la investigación fiscal apunta a las labores mecánicas efectuadas entre el 10 y el 12 de julio de 2024 dentro del Grupo Técnico 5 de la mencionada brigada, cuyo objetivo era subsanar daños en las aletas deflectoras.
De acuerdo con el expediente, el ensamble del escape requería pernos, un alambre de seguridad y una tuerca autoblocante. Los peritajes revelaron que la tuerca utilizada era una pieza reutilizada cuyo desgaste en la rosca le impidió soportar la oscilación del motor, cuando por protocolo correspondía colocar un repuesto sin uso. A su vez, el alambre fijador presentaba un calibre inferior al normado y fue insertado en una posición equivocada, anulando su función de traba.
El cuadro de anomalías técnicas sumó además el uso de una llave de torsión (torquímetro) con calibración vencida, la inexistencia de una orden de trabajo oficial que detalle las tareas y operadores intervinientes, la ausencia de inspecciones de calidad válidas y la firma de habilitación de vuelo asentada por un agente que no era el Responsable Técnico competente.
Destrucción de libros y acusaciones penales
Más allá de los errores de mantenimiento, la fiscalía detectó maniobras de encubrimiento en las horas inmediatas al siniestro. Dentro de la oficina de Registro de Aeronaves de la base "se habrían destruido las hojas originales del formulario de mantenimiento del avión y confeccionado otras en su reemplazo, con modificaciones en los asientos correspondientes a los trabajos previos al accidente", destaca el portal Fiscales.
Por estas razones, el Ministerio Público Fiscal imputó a nueve de los involucrados bajo la figura de presunto homicidio culposo. En paralelo, tanto uno de ellos como la totalidad del personal citado se encuentran acusados formalmente por la adulteración y eliminación de registros técnicos y documentación aeronáutica oficial.
