Le vaciaron la cuenta bancaria tras una estafa por redes sociales y recibirá $5 millones de indemnización

Una consulta por un problema de facturación terminó en una pesadilla financiera para una mujer de 40 años de La Plata, que fue víctima de una estafa virtual luego de intentar comunicarse con una empresa a través de las redes sociales. Los delincuentes lograron acceder a sus cuentas bancarias, sustrajeron sus ahorros en dólares y realizaron movimientos de dinero sin que se activaran mecanismos de prevención eficaces.

Tras más de tres años de reclamos, la Justicia confirmó la condena contra el Banco Provincia y ordenó que la entidad le pague una indemnización de $5 millones, además de restituirle los US$1.661 robados, con un interés anual del 6%.

La decisión fue adoptada por la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, que rechazó la apelación presentada por el banco. Los jueces consideraron que los sistemas de seguridad y monitoreo de operaciones sospechosas no fueron suficientes para detectar el fraude y evitar que continuaran las transferencias.

De acuerdo con el fallo, la reparación incluye $3 millones por daño moral y otros $2 millones en concepto de daño punitivo. El primero de esos montos contempla la pérdida de los ahorros y el tiempo que la víctima debió dedicar a reclamar, mientras que el segundo responde al incumplimiento de las obligaciones de seguridad y a la actuación posterior de la entidad bancaria.

El caso se remonta al 9 de noviembre de 2022, cuando la mujer intentó solucionar un inconveniente de facturación con una compañía telefónica. En medio de las gestiones, fue derivada desde WhatsApp a una supuesta cuenta de atención al cliente en Twitter.

A través de ese canal, personas que se hicieron pasar por representantes de la empresa le indicaron que debía habilitar el débito automático mediante el token de seguridad de su cuenta bancaria. Convencida de que estaba realizando un procedimiento legítimo, la mujer proporcionó sus datos de acceso al home banking y los códigos de seguridad en dos oportunidades.

Con esa información, los estafadores ingresaron a sus cuentas, vendieron los dólares que tenía ahorrados y transfirieron el dinero a cuentas de terceros. También se detectaron movimientos por $278.500.

Las operaciones comenzaron a las 10.07. Apenas ocho minutos después, a las 10.15, la víctima se comunicó con el banco para advertir lo que estaba sucediendo, mientras todavía se registraban movimientos. Sin embargo, no logró recuperar el dinero mediante el reclamo y debió acudir a la Justicia.

Durante la investigación se determinó que las transacciones se concretaron en menos de 15 minutos desde una dirección IP ubicada en Córdoba. Los fondos fueron enviados a cuentas pertenecientes a personas de esa provincia que no tenían antecedentes de operaciones con la clienta.

La pericia informática también detectó una sucesión de movimientos sin alertas preventivas eficaces ni bloqueos que permitieran interrumpir las transferencias.

Al analizar el caso, los camaristas señalaron que haber entregado claves y códigos bajo engaño no liberaba automáticamente al banco de su responsabilidad. Según la resolución, la entidad debía contar con herramientas capaces de identificar operaciones inusuales y activar medidas de prevención ante movimientos que se apartaran del comportamiento habitual de la clienta.

Los jueces también tuvieron en cuenta que la mujer denunció rápidamente lo ocurrido y que la respuesta del banco a su reclamo no ofreció explicaciones suficientes sobre las operaciones cuestionadas.

La sentencia de primera instancia había sido dictada el 30 de abril de 2026 y fue ratificada en la apelación. Además, las costas de esa instancia quedaron a cargo del Banco Provincia.