Mediante el Decreto 1205/2026, el Poder Ejecutivo restringió la difusión sobre proveedores, montos y características del material bélico. La disposición coincide con el conflicto diplomático con el Reino Unido por Malvinas.
El Gobierno declaró secreto militar para la compra de equipamiento de las Fuerzas Armadas El Gobierno declaró secreto militar para la compra de equipamiento de las Fuerzas Armadas
En el marco del diferendo con el Reino Unido vinculado a la soberanía de las Islas Malvinas, la administración nacional resolvió clasificar bajo reserva estricta las adquisiciones de pertrechos e insumos destinados a las Fuerzas Armadas.
La decisión quedó oficializada tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1205/2026, documento que lleva las rúbricas del presidente Javier Milei y del titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti. A partir de esta norma, quedan bajo confidencialidad datos clave como las empresas proveedoras, los presupuestos asignados y las especificaciones técnicas del material incorporado.
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El texto oficial precisa que se califica bajo esta condición a "toda noticia, informe material, proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra".
Los fundamentos de la medida oficial
Entre los considerandos de la medida, el Ejecutivo se amparó en el marco normativo vigente y remarcó que "mediante el artículo 2° de la Ley N° 23.554 se determina que la Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo".
Asimismo, se subrayó que dicho apartado legislativo "prevé que la Defensa Nacional tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes".
En esa misma línea, el decreto recurrió a los preceptos de la Ley 24.948 para puntualizar "que es responsabilidad del Ministerio de Defensa evaluar y decidir sobre los requerimientos para el equipamiento de las fuerzas que mejor contribuyan a las capacidades operativas necesarias para el logro conjunto de los objetivos de la Defensa Nacional".
Desde el área castrense señalaron además que la cartera "identifica un proceso de adquisición de material y equipamiento cuya naturaleza, características y finalidad exigen que su contenido sea conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra, toda vez que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación.
Bajo estos argumentos, la resolución concluyó que "resulta pertinente declarar secreto militar, en los términos del Decreto N° 9390/63, a las operaciones contractuales vinculadas con las referidas adquisiciones" y que "los organismos contratantes deberán seguir los trámites necesarios para la adquisición de dicho material, estando exceptuados del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso".
Acciones diplomáticas y reclamo por el proyecto Sea Lion
Esta determinación en el plano de la defensa coincide con una serie de gestiones internacionales impulsadas por la Casa Rosada frente a las actividades británicas en el Atlántico Sur. Días atrás, las autoridades argentinas formalizaron ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, "una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte".
El planteo judicial "busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".
Por último, se especificó que "la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos".
