Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, reconoció que Washington sigue de cerca el proyecto que prevé sanciones para empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Durante una conferencia junto al canciller Pablo Quirno, evitó pedir cambios a la iniciativa y defendió el respeto a las decisiones del Congreso.
Estados Unidos sigue de cerca la ley sobre Malvinas y aclaró que respeta al Congreso argentino Estados Unidos sigue de cerca la ley sobre Malvinas y aclaró que respeta al Congreso argentino
Estados Unidos manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la futura Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. Sin embargo, la administración de Donald Trump aclaró que respeta la autonomía de la Argentina para debatir y definir su legislación.
La posición fue expresada este jueves por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, durante una conferencia de prensa que compartió con el canciller argentino, Pablo Quirno, en el Palacio San Martín. El funcionario reconoció el interés de Washington en las consecuencias que las nuevas disposiciones podrían generar para empresas de su país.
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"Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina", afirmó Landau. En la misma intervención, explicó que su Gobierno sigue de cerca los intereses de las compañías estadounidenses y consideró natural que un país preste atención a la situación de sus empresas en el exterior.
De todos modos, evitó plantear una exigencia para modificar o retirar el proyecto. "Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina", remarcó.
La iniciativa impulsada por el Gobierno busca reforzar los mecanismos legales para sancionar a compañías que participen en la exploración o explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. El texto propone reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las herramientas de control sobre las firmas que desarrollen, financien o faciliten esas actividades, en particular las relacionadas con los hidrocarburos.
Entre las medidas contempladas figuran multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales. El proyecto también apunta a que las empresas revisen sus inversiones en las islas cuando estén vinculadas con licencias que la Argentina considera ilegítimas.
El canciller Quirno defendió la reforma y sostuvo que la normativa actual necesita instrumentos adicionales para proteger los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Según explicó, la propuesta no está dirigida contra una compañía en particular, sino que busca establecer condiciones para las actividades económicas en un territorio cuya soberanía reclama el país.
En esa línea, planteó que las empresas deberán evaluar si continúan con operaciones cuestionadas en las islas o si optan por invertir en el territorio continental argentino, donde el Gobierno identifica oportunidades en el sector energético.
La discusión con Washington se produce en medio de los contactos bilaterales por las posibles consecuencias de las sanciones sobre compañías y fondos de inversión estadounidenses. No obstante, desde el Ejecutivo argentino sostienen que las observaciones de Estados Unidos no constituyen una exigencia formal para retirar el proyecto y mantienen la intención de avanzar con su tratamiento legislativo.
La iniciativa fue enviada al Congreso el 17 de septiembre, aunque su discusión quedó demorada mientras el oficialismo negocia con bloques aliados modificaciones en distintos capítulos vinculados con la seguridad nacional, la defensa y la inteligencia.
Durante el encuentro también se abordó la propuesta estadounidense de disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, un organismo en el que se trata periódicamente el reclamo argentino por las islas. Landau aclaró que la iniciativa forma parte de una agenda más amplia de reformas de organismos multilaterales y pidió no interpretarla como una definición específica sobre Malvinas.
"No es ningún secreto que parte de nuestra agenda en la administración Trump es la reforma de instituciones multilaterales como las Naciones Unidas", explicó el funcionario. Además, advirtió que la Argentina no debería confundir una propuesta de reorganización institucional con una postura particular sobre la disputa de soberanía.
Quirno, por su parte, reconoció la importancia del Comité de Descolonización como espacio para sostener la reivindicación argentina, aunque afirmó que la continuidad del reclamo no depende exclusivamente de ese organismo.
"En la eventualidad de que deje de existir, eso no tiene ningún tipo de mella sobre nuestro reclamo", sostuvo el canciller. También ratificó que el objetivo del país es lograr que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones sobre la soberanía de las islas.
Más allá de las diferencias en torno a Malvinas, ambos gobiernos repasaron una agenda de cooperación en seguridad, tecnología e inversiones. Quirno anunció que Estados Unidos aprobó 13 millones de dólares para programas contra el narcotráfico, de los cuales 7,5 millones estarán destinados a proyectos en la Argentina.
Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau un acuerdo para proteger a la infancia y combatir la trata de menores, que contempla asistencia de hasta 10 millones de dólares. También se informó sobre un aporte no reembolsable de 15 millones de dólares para crear un centro de operaciones de ciberseguridad y evaluar la protección de la red troncal de Internet de ARSAT.
La agenda bilateral incluyó conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, el acuerdo comercial entre ambos países y el eventual ingreso argentino al programa estadounidense de exención de visas. Los funcionarios también repasaron los avances del Corredor Andes-Atlántico, destinado a conectar regiones mineras y energéticas con puertos mediante infraestructura y financiamiento.
Por último, Quirno ratificó que continúan los preparativos para la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre. En ese contexto, la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en una relación bilateral que busca profundizar la cooperación económica y estratégica, mientras persisten diferencias sobre las consecuencias de la legislación argentina.
