Un proyecto impulsado por La Libertad Avanza en el Congreso prevé modificaciones en la Ley de Ejecución Penal, uso obligatorio de uniformes según peligrosidad y límites a los llamados telefónicos.
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El bloque de La Libertad Avanza elevó al Congreso un proyecto de ley que apunta a modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para restringir de manera tajante el ingreso y utilización de telefonía celular en los complejos penitenciarios. La normativa, impulsada por el legislador nacional mendocino Álvaro Martínez, busca neutralizar la comisión de delitos complejos organizados intramuros, tales como extorsiones telefónicas, secuestros virtuales, actividades de narcotráfico, lavado de activos y trata de personas.
Al argumentar la iniciativa, el parlamentario sostuvo: "Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda".
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Arancel carcelario y nuevo código de vestimenta
Uno de los puntos centrales del articulado introduce la creación del Arancel Único Carcelario (AUC). A través de esta figura, las personas alojadas en establecimientos carcelarios deberán asumir mensualmente el costo de su manutención y de los consumos básicos generados durante el cumplimiento de la condena.
"La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal", afirmó el legislador.
En esa misma línea conceptual, Martínez remarcó: "El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones".
La propuesta dispone además el uso obligatorio de uniformes de tonalidad beige o marrón claro, diferenciados según una escala de tres niveles de peligrosidad: leve, medio y alto. Sobre este punto, el autor aclaró que la medida "no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad".
De acuerdo con el esquema previsto, la vestimenta de los reclusos de bajo riesgo incorporará una línea vertical en la parte delantera y trasera; los clasificados con nivel medio llevarán dos franjas; y los de alta peligrosidad, tres. Aquellos internos con salidas transitorias o cercanos a recuperar la libertad definitiva utilizarán prendas lisas.
Restricciones telefónicas y control de comunicaciones
En cuanto al régimen de contacto exterior, el proyecto plantea reformas en los artículos 158 y 161 de la ley vigente. Si bien ratifica la posibilidad de mantener intercambios orales o por escrito con familiares, representantes del ámbito legal, organismos oficiales y entidades privadas, supedita este ejercicio a pautas de supervisión y resguardo de la privacidad.
Bajo la nueva redacción, los internos únicamente podrán tramitar llamadas a un listado cerrado de cinco números telefónicos previamente declarados, cuyos titulares deberán estar identificados y validados por el juzgado de ejecución correspondiente. A su vez, se habilita la utilización de líneas fijas y de videollamadas con sus defensores para agilizar trámites procesales y evitar traslados.
En los considerandos, el texto legislativo toma como base los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo que reiteró que los reclusos conservan todos aquellos derechos que no resulten restringidos formalmente por la condena judicial y que el proceso penitenciario permanece bajo tutela judicial constante.
Reestructuración laboral y datos del sistema federal
La iniciativa también propone reformar el esquema del Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE), sumando a empresas privadas mediante contratos regulados, diseñando un registro unificado de bienes producidos en talleres carcelarios e incentivando la compra de estos artículos por parte del Estado.
Registros del Ministerio de Seguridad Nacional señalan que al 31 de diciembre de 2024 las cárceles federales albergaban a 11.728 personas. De esa población carcelaria, 7.545 internos cobraban un peculio, aunque sólo 2.922 realizaban labores productivas enfocadas en la reinserción social. Los restantes 4.623 percibían haberes por tareas generales de mantenimiento, limpieza y cocina (fajina).
Estos números reflejan que únicamente el 38,72% de quienes recibían remuneración cumplía labores consideradas productivas. En 2024, el ENCOPE administró un presupuesto de $25.721.747.525, destinando cerca del 75% al abono de peculios, en gran medida absorbidos por tareas que no conllevaban un propósito formativo o laboral concreto. El proyecto sostiene que la solución reside en reorientar esas actividades hacia esquemas genuinamente formativos.
La medida complementa otra presentación efectuada por Martínez en abril pasado, en la cual propuso castigos de uno a tres años de prisión para cualquier recluso que posea teléfonos móviles no autorizados en su celda, elevando la sanción a un rango de tres a cinco años si el dispositivo se utiliza con fines delictivos.
