Diputados impulsan la interpelación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y pedidos de informes para esclarecer el traslado de Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú. La posible participación de Santiago Caputo y el rol de las fuerzas federales están entre los principales interrogantes.
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El Gobierno nacional enfrenta un nuevo frente político y diplomático tras la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de la Argentina. La oposición prepara una serie de pedidos de explicaciones en el Congreso para determinar qué organismos intervinieron en el traslado, quiénes conocían los movimientos del senador brasileño y si hubo instrucciones de funcionarios cercanos al presidente Javier Milei.
La controversia creció luego de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que Bolsonaro ingresó al país el martes 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones. Según el organismo, llegó acompañado por su esposa y sus dos hijas, y los cuatro presentaron documentación de viaje válida. Horas después, la familia abordó un vuelo privado operado por Baires Fly, que partió desde Puerto Iguazú durante la madrugada del miércoles y tenía como destino declarado Guayaquil, Ecuador. La aeronave realizó una escala técnica antes de continuar hacia Estados Unidos, donde el senador llegó a Miami.
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Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posible intervención de Santiago Caputo, asesor presidencial. El diputado Agustín Rossi presentó un proyecto para citar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la Cámara de Diputados, con el acompañamiento de otros legisladores opositores. La iniciativa incluye preguntas sobre los controles migratorios, la autorización del vuelo, las comunicaciones oficiales y una eventual participación de integrantes del entorno presidencial. También busca establecer si Caputo estuvo en el aeropuerto de Puerto Iguazú y, en ese caso, cómo llegó a Misiones y con qué funcionarios mantuvo contactos. Por su parte, el diputado Esteban Paulón impulsó un pedido de informes sobre los registros migratorios, la identidad de los pasajeros, los controles realizados y el plan de vuelo de la aeronave.
Otro punto bajo análisis es la presencia de un móvil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria junto al vehículo que trasladó a la familia hasta el aeropuerto. Las imágenes difundidas muestran el acompañamiento, pero fuentes oficiales indicaron que no disponían de un parte operativo ni de documentación interna que confirmara formalmente una escolta especial. El Gobierno sostiene que no participó en la planificación del traslado y rechaza las versiones sobre un operativo organizado desde el Ejecutivo. Sin embargo, otras fuentes oficiales reconocieron que existió una coordinación estratégica, aunque no aportaron documentación que permita precisar quiénes participaron o cuál fue su alcance.
El caso también podría abrir un nuevo capítulo de tensión con el gobierno de Lula da Silva. Consultada sobre eventuales medidas diplomáticas, la Cancillería brasileña no confirmó si solicitará explicaciones o presentará una protesta formal, y remitió a la decisión judicial que regulaba la situación del senador. Según la información difundida, Bolsonaro tenía una prohibición judicial que le impedía salir de Brasil, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Mientras la Casa Rosada sostiene que el dirigente presentó documentación válida y que no había impedimentos migratorios registrados en la Argentina, la oposición busca esclarecer qué comunicaciones recibió el Estado argentino y qué autoridades conocían el traslado.
