Domiciliaria para gendarme por "coimas" en los tours a Bolivia

La subalférez, Agustina Magalí Rodríguez, fue beneficiada ayer con arresto domiciliario por la Justicia Federal, casi un mes después de ser detenida por una presunta "asociación ilícita" entre gendarmes y civiles, por la cual la "banda" se habría alzado con más de $ 100.000.000 en "coimas" a tours que ingresaban o prevenían de Bolivia.

La gendarme recibió luz verde de la fiscal, Indiana Garzón, y el juez, Guillermo Molinari, "ya que no había un lugar de alojamiento acorde a su condición de mujer", confirmó a EL LIBERAL su abogado, Benjamín Chazarreta.

"incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo" son los cargos atribuidos por la Justicia, por los cuales hasta ayer permanecía alojada en la base del Escuadrón N° 59 de Gendarmería Nacional.

"La imputada comparte su lugar de detención con otros detenidos, que son todos los género masculino, lo cual atenta contra el pudor y la intimidad que debe tener toda mujer y en especial cuando se encuentra privada de la libertad", emana del dictamen favorable emitido por la Fiscalía.

La investigación

Al igual que su esposo, José Shilder, la subalférez está sospechada de conformar una "asociación ilícita" que habría "engordado" sus arcas personales actuando como jefes de patrullar, resueltos en "coimear" a todos los tours que circulaban por la ruta 34.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el gendarme Cristian Torres (misionero) ejercía la jefatura de la supuesta organización y triangulaba el modus operandi entre Quimilí, Moreno, y Pinto, departamento Aguirre.

Por otra parte, de las escuchas telefónicas, se desprendería que el civil, Emanuel Oscar Mazarelli, habría coordinado a la perfección la maquinaria de coimas: cada pasajero de un tour debía destinar hasta $ 5.000 para que los jefes de los tours pagasen a los gendarmes, ya que solo así podrían proseguir el viaje y, a la vez, no correr el riesgo de que la mercadería les fuera secuestrada.

Desde lo cuantitativo, cada colectivo tributaba casi $ 200.00 a las alforjas de los gendarmes. En marzo pasado, un civil formalizó una denuncia que en noviembre provocó un cimbronazo en Gendamería: hay diez efectivos preso y sospechas de que las maniobras llegaban a las filas superiores, muchas de las cuales han sido enviadas a otras provincias sin fundamento aparente.

Temen de procesamientos que termine el 2023

A un mes de las redadas, el juez Federal habría desestimado planteos excarcelatorios, colectivos. Los delitos dominantes son "cohecho activo" y "pasivo" más la temida "asociación ilícita", de difícil libertad.

Los abogados que asisten a civiles pegados en el pelotón del "cohecho activo", apuran la marcha y buscarán esta semana sus excarcelaciones. Temen que los federales globalicen las imputaciones y se apresten a agravarles sus "pecados" y todos terminen acusados de "asociación ilícita".

Sea cual fuera el futuro inmediato, trascendió que la causa no vislumbra grieta alguna y que los protagonistas hacen fuerza para que el 2023 se vaya sin procesamientos, menos prisiones preventivas, trascendió al cierre de esta edición.

Enfrente, los investigadores trabajan en silencio y sin filtrar sus cartas. Realizan un entrecruzamiento de información, en especial los diálogos entre los gendarmes y civiles: las charlas más sustanciosas emergen del imputado, Emanuel Soria Mazarelli, el jefe de los tours (del B° Mariano Moreno) que arrastró a su debacle a su madre y a su hermano, Daniel Soria, también este último privado de la libertad.