La fiscal federal Paula Ochoa pidió nuevas diligencias para establecer si el Estado costeó la salida hacia Estados Unidos del excandidato presidencial brasileño. La causa, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, surgió tras una denuncia contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su entorno.
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La Justicia federal avanza en el expediente que busca esclarecer las circunstancias del paso por territorio argentino de Flávio Bolsonaro, previo a su arribo a los Estados Unidos. La fiscal Paula Ochoa solicitó formalmente una serie de medidas probatorias con el objetivo de verificar si existió una erogación de fondos públicos destinada a facilitar el trayecto y la salida del dirigente político de Brasil.
El requerimiento fue elevado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Federal N° 5, con el propósito de profundizar la investigación sobre el vuelo que trasladó al referente brasileño desde el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino final a Miami, conforme a datos consignados por la Agencia Noticias Argentinas.
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Medidas preliminares y registros de frontera
Con anterioridad a esta solicitud, el juzgado a cargo de Capuchetti ya había dispuesto diligencias de carácter urgente. Entre esas actuaciones, se ordenó el resguardo de las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron los movimientos de Bolsonaro: desde su ingreso territorial por la frontera, su posterior control en la Dirección Nacional de Migraciones y su permanencia en la terminal aérea de la localidad de Misiones.
En ese marco, la sede judicial requirió informes tanto a la Cancillería argentina como al Ministerio de Seguridad de la Nación para constatar si existía sobre el ciudadano extranjero alguna notificación o impedimento formal de circulación, dado que su salida se produjo tras una orden judicial brasileña que le prohibía egresar de su país. Desde la administración nacional, por su parte, desmintieron que las autoridades de Brasil hayan solicitado explicaciones diplomáticas referidas a este episodio.
El origen de la denuncia y los funcionarios bajo la lupa
La causa penal tuvo su inicio a partir de una presentación efectuada por el referente del Partido Obrero, Gabriel Solano, dirigida inicialmente contra el presidente de la Nación, Javier Milei. Con posterioridad, el propio dirigente confirmó a la mencionada agencia que expandió los términos de la acusación.
Dicha ampliación alcanzó a:
Santiago Caputo, asesor de la Presidencia de la Nación, señalado como coordinador del itinerario.
Jorge Omar Waisman, director de Seguridad e Información del Ente Binacional Yacyretá.
Orlando Ignacio Palacios, asesor dependiente de la Secretaría General del citado organismo binacional.
En forma paralela a esta tramitación en los tribunales de Comodoro Py, en la jurisdicción judicial de Misiones se desestimó una acción penal que había sido radicada por la diputada Marcela Pagano.
La situación judicial del dirigente brasileño
El excandidato decidió abandonar su país de origen en compañía de su esposa y sus dos hijas luego de ser derrotado por Lula da Silva en la contienda por la presidencia, en un contexto signado por múltiples expedientes abiertos en los tribunales brasileños. Frente a este panorama, el dirigente denunció la existencia de una persecución en su contra y afirmó: "No me arrepiento de absolutamente nada".
Entre las causas que enfrenta en Brasil se destaca un proceso por presunto lavado de dinero, hechos de corrupción y evasión impositiva vinculados al financiamiento del documental "Dark Horse", centrado en la figura de su padre. Asimismo, la justicia del vecino país examina sus vínculos con el letrado Willer Tomaz, a quien se investiga por presuntas maniobras de blanqueo de capitales a través de plataformas de apuestas por internet.
