Está acusado de acoso sexual y laboral por una funcionaria judicial. Ahora avanzará el proceso que podría terminar con su destitución.
Suspendieron a un juez acusado de acoso sexual y le embargaron el 40% del sueldo Suspendieron a un juez acusado de acoso sexual y le embargaron el 40% del sueldo
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender al juez Ernesto García Maañón, denunciado por presunto acoso sexual y laboral por una funcionaria que trabajaba bajo sus órdenes. Además, dispuso embargarle el 40% de su sueldo mientras avanza el proceso judicial que podría derivar en su destitución.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una audiencia realizada el 3 de noviembre. Según la resolución, el tribunal consideró que existen elementos suficientes para admitir formalmente las acusaciones contra el magistrado.
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En ese sentido, el jurado resolvió "declarar la verosimilitud de los cargos imputados y, en consecuencia, admitir la acusación". También dispuso suspenderlo a partir de la notificación de la medida y aplicar el embargo salarial.
El tribunal, presidido por Sergio Gabriel Torres, otorgó un plazo de diez días a las partes para presentar las pruebas que pretenden utilizar durante el debate. El siguiente paso será avanzar hacia un juicio oral y público, donde se determinará si corresponde la destitución del juez.
La medida también tiene implicancias sobre la renuncia que García Maañón había presentado en julio de 2025, luego de que trascendieran las denuncias en su contra. La dimisión no fue aceptada por el gobernador Axel Kicillof y el avance del proceso impide que el magistrado evite el enjuiciamiento mediante su salida voluntaria del cargo.
Las graves acusaciones contra el juez de San Isidro
El expediente se inició a partir de la denuncia de una secretaria letrada de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, identificada como G. B. S., quien acusó al magistrado de presuntas insinuaciones sexuales, situaciones intimidatorias y malos tratos laborales.
La presentación llegó al Jurado de Enjuiciamiento a través del procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand. Posteriormente, se sumaron las acusaciones del Colegio de Abogados de San Isidro y de la propia denunciante.
Según el expediente, los episodios habrían comenzado en febrero de 2025, cuando García Maañón estaba por asumir la presidencia de la Cámara. La funcionaria relató que una relación laboral inicialmente cordial derivó en comentarios sobre su apariencia física, mensajes de contenido sexual e invitaciones fuera del horario de trabajo.
Entre los elementos incorporados a la causa figuran más de 150 audios y conversaciones de WhatsApp. En uno de los intercambios, el magistrado le habría sugerido que utilizara un vestido escotado y una minifalda. En otro mensaje, enviado durante la madrugada, escribió: "La noche es deseo, la pasión, la aventura".
La denunciante también aseguró que el juez intentó besarla y la tocó sin su consentimiento dentro de su despacho. Según su testimonio, la tomó de la cintura y acercó su cuerpo al de ella, hasta que logró apartarse.
Otro de los episodios denunciados habría ocurrido en junio de 2025, cuando el magistrado presuntamente manipuló una pistola en su oficina y acercó el cañón al rostro de la funcionaria.
En el marco de la investigación penal, se realizó un procedimiento en la vivienda del juez, ubicada en Belén de Escobar, donde fueron secuestradas varias armas de fuego, entre ellas pistolas Glock.
Las imputaciones también incluyen presunta violencia laboral, utilización indebida de recursos públicos, intimidación de testigos y delegación irregular de la firma digital del magistrado.
La defensa negó las acusaciones
Por su parte, García Maañón negó haber cometido conductas de acoso y sostuvo que los testimonios fueron interpretados fuera de contexto. Su defensa cuestionó la validez de algunas pruebas y solicitó el archivo de las actuaciones.
Sin embargo, el jurado consideró que esos argumentos no alcanzaban para desvirtuar los cargos en esta instancia del procedimiento.
La resolución aclara que la admisión de la acusación no representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad del magistrado. Esa determinación deberá surgir del juicio, una vez producidas y analizadas las pruebas.
En paralelo, continúa la investigación penal a cargo del fiscal José Amallo, que analiza los hechos denunciados por la funcionaria.
