Presupuesto 2027: universidades, transporte y discapacidad traban el acuerdo entre La Libertad Avanza y los dialoguistas

El debate del Presupuesto 2027 atraviesa horas decisivas en el Congreso de la Nación. Actualmente, el proyecto se encuentra frenado por las diferencias entre La Libertad Avanza y las bancadas de la oposición dialoguista, quienes condicionan su apoyo a la resolución de tres reclamos centrales: la actualización de las partidas para las universidades nacionales, los recursos para las prestaciones por discapacidad y la continuidad de los subsidios al transporte en el interior del país.

Los tiempos legislativos apremian al oficialismo. El 20 de noviembre es la fecha límite para la firma de dictámenes si el Gobierno pretende que el texto sea tratado durante el período de sesiones ordinarias. Ante este escenario de urgencia, el oficialismo desistió de su idea inicial de debatir el proyecto el 18 de noviembre y ahora concentra todos sus esfuerzos en conseguir el dictamen el domingo 17. Si los plazos no se cumplen, el Ejecutivo estará forzado a convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.

Se reactivan las negociaciones

El diálogo parlamentario había quedado en suspenso en los últimos días, producto de la visita del papa León XIV y del viaje de un grupo de legisladores que partió a observar las elecciones en Estados Unidos. Tras este impasse, la mesa de negociación oficialista volverá a reunirse con los aliados.

Esa tarea recaerá nuevamente en el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el titular de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch. Este grupo ya había encabezado el último encuentro con los bloques dialoguistas, el cual culminó sin acercar posiciones y derivó en la postergación del dictamen.

Las tensiones actuales no escapan al calendario político. Con el horizonte puesto en las elecciones de 2027, los espacios que habitualmente garantizan los votos para el Gobierno han endurecido su postura a la hora de acompañar el plan de gastos, que tiene como pilares el déficit cero y la reducción de la inflación. Además, un grupo de mandatarios provinciales ejerce presión en paralelo para lograr la aprobación de leyes consideradas estratégicas para sus economías regionales.

La lupa sobre los 14 billones y los pedidos del PRO

Frente a la negativa del Gobierno a modificar las proyecciones financieras, los bloques aliados encontraron una posible vía de solución presupuestaria: la Jurisdicción 91. Se trata de un apartado destinado a contingencias financieras que concentra alrededor de $14 billones sin una asignación específica, fondos que los legisladores piden redireccionar para cubrir sus demandas.

En paralelo a las partidas sociales y educativas, el abanico de fuerzas dialoguistas comparte un reclamo unificado vinculado a los tributos. Exigen una reducción en el Impuesto a los Combustibles, argumentando que lo recaudado no se está utilizando para sus fines originales, tales como el mantenimiento de las rutas nacionales o el giro del 2,55% que debe ir al Fondo Compensador del Transporte del Interior.

Por su parte, el bloque del PRO puso sobre la mesa exigencias adicionales. En materia impositiva, reclaman que la alícuota del IVA aplicada a los huevos y sus derivados baje del 21% al 10,5%. También solicitan la implementación de una herramienta institucional que garantice el cumplimiento de las tarifas y los plazos en las obras de rutas nacionales.

Finalmente, el partido fundado por Mauricio Macri exige garantías sobre el pago de los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este punto particular, el oficialismo parlamentario considera que no debe incluirse en la discusión legislativa, ya que confían en que será resuelto a través de las negociaciones directas que llevan adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.