La Argentina expondrá sus argumentos el 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo. El reclamo apunta a detener el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion y se complementa con medidas administrativas, cambios legislativos y el fortalecimiento de la presencia nacional en el Atlántico Sur.
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El Gobierno nacional se prepara para una instancia clave en el reclamo por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas. Los días 10 y 11 de noviembre, representantes argentinos presentarán sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, con el objetivo de conseguir medidas provisionales que frenen las actividades hidrocarburíferas impulsadas por empresas vinculadas al Reino Unido en el archipiélago.
En la Casa Rosada expresan confianza en los fundamentos jurídicos de la presentación y consideran que existe una oportunidad para impedir que avance el proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte. Las compañías proyectan iniciar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. Sin embargo, el Gobierno reconoce que la resolución no será inmediata y estima que podría conocerse entre dos y cuatro semanas después de las audiencias.
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La Argentina inició el 28 de septiembre un arbitraje internacional contra el Reino Unido, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Posteriormente, el 13 de octubre, solicitó medidas provisionales para evitar que las actividades petroleras avancen mientras se constituye el tribunal arbitral. El planteo busca preservar los derechos que reclama el país sobre los recursos marítimos y evitar que se consolide una situación difícil de revertir. El procedimiento no apunta a resolver la soberanía territorial de las islas, sino a determinar si corresponde adoptar medidas urgentes mientras continúa la controversia.
La estrategia oficial contempla distintos escenarios. El tribunal podría aceptar todos los pedidos argentinos, conceder solamente algunas medidas o rechazar la solicitud. En cualquier caso, el Ejecutivo sostiene que continuará con las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles. Como antecedente, recuerdan el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012, cuando el Tribunal del Mar ordenó su liberación quince días después de las audiencias. No obstante, ese precedente no establece plazos obligatorios para el proceso actual.
En paralelo, el Gobierno prepara nuevas sanciones contra empresas y proveedores que participen de actividades vinculadas con la explotación de recursos en las islas. Hasta el momento, se enviaron más de 180 notas de desaliento y se iniciaron procedimientos sancionatorios contra 60 personas y entidades. Sin embargo, las penalidades definitivas todavía no fueron aplicadas. La administración nacional considera que las herramientas vigentes resultan insuficientes y busca avanzar con una ley que amplíe las sanciones y establezca mayores controles sobre estas operaciones.
La iniciativa forma parte del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que obtuvo dictamen en Diputados, aunque todavía enfrenta diferencias políticas sobre su alcance y los mecanismos de control parlamentario. La propuesta también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. A estas medidas se suma el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur, con la continuidad de las inversiones destinadas a la Base Naval Integrada de Ushuaia, considerada estratégica para las capacidades logísticas y operativas en la región austral y la Antártida.
