Al concluir la lectura del requerimiento de elevación a juicio en el proceso Hotesur-Los Sauces, la Unidad de Información Financiera (UIF) responsabilizó a la exmandataria y a Máximo Kirchner por montar un esquema de reciclaje de dinero mediante alquileres simulados con empresarios de la obra pública.
Hotesur-Los Sauces: la UIF acusó a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita y maniobras de lavado Hotesur-Los Sauces: la UIF acusó a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita y maniobras de lavado
Este viernes concluyó en los tribunales la lectura de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el expediente Hotesur-Los Sauces, dentro del debate oral que tiene como principales imputados a la expresidenta Cristina Kirchner y al diputado Máximo Kirchner. Durante esta segunda etapa de la exposición, la querella detalló el presunto funcionamiento de la inmobiliaria familiar para blanquear activos provenientes de firmas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo.
En su presentación, el organismo antilavado ubicó a Cristina Kirchner en el rol de jefa de una "asociación ilícita" y señaló a su hijo Máximo, extitular de la sociedad, como organizador de dicha estructura. Según la acusación, madre e hijo habrían "diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la firma Los Sauces".
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De acuerdo con la reconstrucción de la querella, los ingresos percibidos por la inmobiliaria tendrían su origen en la "defraudación al Estado nacional mediante el otorgamiento de contratos de obra pública". Asimismo, a la exjefa de Estado se le atribuyó haber aceptado dádivas por parte de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La maniobra con los alquileres y el rol de las empresas
La jornada judicial se inició con el repaso del apartado dedicado a la participación de Álcalis de la Patagonia y M&S, dos compañías asociadas a López y De Sousa. Para la UIF, entre estas firmas y Los Sauces se implementaron "dos mecanismos simulados" a través de contratos de locación de propiedades que la querella calificó como "injustificados" y en los que detectó sobreprecios ubicados entre el 100% y el 150%.
"La locación no fue más que una simulación a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados hacia la sociedad de la familia Kirchner", sostuvo la parte acusadora durante la lectura.
En esa línea, el organismo afirmó que el grupo familiar estructuró una "ingeniería societaria y económica para legitimar los beneficios económicos de los ilícitos procedentes". Según el planteo, los fondos atravesaron "una cadena de movimientos bancarizados con distintos ejecutantes enlazados entre sí" con el objetivo de "blanquearlo" para el usufructo de Néstor y Cristina Kirchner, al igual que de sus hijos Máximo y Florencia.
Crecimiento patrimonial y situación de los empresarios
La hipótesis de la querella indica que entre 2009 y 2016 la firma Los Sauces operó para "canalizar" recursos aportados por las sociedades de Báez y del Grupo Indalo. Durante ese lapso, la compañía registró un "crecimiento exponencial" en su patrimonio, impulsado por los acuerdos celebrados con los denominados "empresarios amigos". Según la UIF, estos actores eran "favorecidos con suculentos contratos con el Estado" y garantizaron a la inmobiliaria un "flujo de dinero constante y permanente" que alcanzó casi los $26 millones.
Finalmente, el requerimiento precisó las imputaciones contra los hombres de negocios involucrados en la causa:
Lázaro Báez: fue señalado por la querella como organizador de asociación ilícita y coautor del delito de lavado de activos.
Cristóbal López y Fabián De Sousa: recibieron las mismas calificaciones penales que Báez, sumándose en ambos casos la acusación como autores de ofrecimiento de dádivas.
