Diputados se prepara para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en medio de tensiones por artículos penales

La Cámara de Diputados se alista para una extensa jornada legislativa el próximo miércoles, con una agenda encabezada por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Según el cronograma delineado por el oficialismo, el recinto también abordará el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Acuerdo de Montevideo y el traspaso de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

De acuerdo con lo consignado por la Agencia Noticias Argentinas, el bloque gobernante tiene asegurados los votos para aprobar en general la iniciativa que abarca la cuestión Malvinas y reestructura las áreas de defensa e inteligencia bajo la doctrina de seguridad nacional. No obstante, persisten fuertes diferencias respecto del capítulo 7 del dictamen, un apartado que establece nuevos delitos vinculados a la "injerencia extranjera" y que, por su naturaleza penal, exige una mayoría especial de 129 votos para ser sancionado.

Negociaciones a puerta cerrada y reclamos de los aliados

Para destrabar los cuestionamientos antes de llegar al recinto, se llevó a cabo un encuentro reservado en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja. Por el oficialismo participaron Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado —quien se conectó de manera virtual—, frente a representantes del PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otras bancadas menores.

En representación del Poder Ejecutivo asistió la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, funcionaria que responde a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibárzabal Murphy. Durante la reunión, los diputados Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas) solicitaron de manera explícita suprimir o introducir cambios profundos en el capítulo 7. Por su parte, el PRO ratificó su acompañamiento pleno al texto oficial, independientemente de si se aplican modificaciones.

El apartado bajo discusión contempla severas sanciones económicas para ciudadanos extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas del exterior que aporten fondos a campañas electorales. Asimismo, fija penas de prisión para quienes colaboren con operaciones clandestinas de inteligencia, pongan secretos a disposición de Estados o servicios extranjeros, o busquen "facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación".

El articulado prohíbe además promover, financiar o ejecutar "campañas de injerencia extranjera" y "actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes". Sin embargo, el propio texto incorpora una salvedad específica: "No constituyen campaña de injerencia extranjera la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable".

El nuevo Consejo de Seguridad Nacional y las concesiones en el dictamen

El eje central del proyecto apunta a ampliar las atribuciones del Poder Ejecutivo frente a lo que denomina una "amenaza externa". Frente a las críticas de distintos sectores, el oficialismo aceptó incorporar cambios impulsados por bancadas dialoguistas y por el diputado Eduardo Falcone (MID):

Ampliación del Consejo de Seguridad Nacional: El organismo estará encabezado por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. A pedido de los aliados, se sumarán como miembros no permanentes los gobernadores, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente provisional del Senado.

Control parlamentario: Se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para auditar las resoluciones del Consejo. El Ejecutivo tendrá un límite de 48 horas para reportar cualquier medida adoptada en ese ámbito.

Sanciones por explotación en Malvinas: Se sostienen penas de hasta 20 años de cárcel para directivos, socios, proveedores y accionistas que operen sin aval argentino en la cuenca de Malvinas, aunque se excluyó a los fondos de inversión con participación indirecta y a los accionistas con menos del 2% del capital. Además, el rango de las multas se redujo de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo a un piso de 2 mil y un techo de 40 mil barriles.

Entre sus facultades, el Consejo velará por las infraestructuras críticas y, ante una amenaza externa grave, quedará habilitado para restringir operaciones financieras y cambiarias, congelar fondos y activos de forma temporal, suspender contrataciones, limitar el comercio exterior y subir transitoriamente los derechos aduaneros.

Los puntos que generan mayor resistencia en la oposición

Más allá de los cambios negociados, persisten aspectos que despiertan un fuerte rechazo en la oposición más dura. Desde el peronismo y la izquierda califican la propuesta como un "caballo de Troya" diseñado para concentrar facultades extraordinarias en el Ejecutivo y normalizar medidas de excepción.

Uno de los principales focos de cuestionamiento radica en la habilitación para que las Fuerzas Armadas participen en "operaciones no convencionales", sumado a un protocolo para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques. Según los sectores críticos, estas disposiciones diluyen el límite legal entre la defensa nacional y la seguridad interior.

Finalmente, también genera controversia la jerarquización legal del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET), que permitirá incluir organizaciones en dicha nómina cuando existan "motivos razonables para sospechar". Para los bloques opositores, la falta de precisión técnica al definir conceptos como "terrorismo" y "amenaza externa" otorga un margen discrecional al Gobierno que podría utilizarse para restringir libertades civiles y perseguir a la disidencia política.