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Milei: la pobreza detrás del relato económico

Por Marianella Lezama Hid

18/11/2026 13:14 Opinión
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Milei: la pobreza detrás del relato económico Milei: la pobreza detrás del relato económico

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El gobierno de Javier Milei convirtió la reducción de la pobreza en una de sus principales banderas políticas. La presenta como la demostración de que su modelo económico funciona. Sin embargo, un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina pone en discusión la magnitud de esa mejora y deja al descubierto una contradicción que el Gobierno no puede seguir eludiendo: la pobreza bajó desde el peor momento de 2024, pero eso no significa que los argentinos estén sustancialmente mejor que antes de que Milei llegara al poder.

Y hay algo todavía más grave: el pico de pobreza que hoy el Gobierno utiliza para exhibir su recuperación se produjo después de las primeras medidas económicas de su propia gestión.

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La Argentina que recibió Milei atravesaba una crisis profunda. La inflación, el deterioro de los ingresos y la pobreza eran problemas que exigían respuestas urgentes. Pero el Gobierno eligió comenzar con una fuerte devaluación del peso, un ajuste fiscal de gran magnitud y una acelerada recomposición de precios.

El resultado fue un verdadero fogonazo inflacionario. En diciembre de 2023 los precios aumentaron un 25,5% y en enero de 2024 otro 20,6%. En apenas dos meses, la inflación acumulada superó el 51%.

Ese salto de precios golpeó directamente el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones e ingresos populares, en un contexto de contracción económica.

La pobreza alcanzó el 52,9% durante el primer semestre de 2024, según el INDEC.

Por eso, cuando Milei celebra la posterior reducción de la pobreza, es necesario recordar que una parte importante del deterioro inicial ocurrió bajo su propio programa económico.

No se puede presentar como una victoria social la recuperación posterior a una crisis sin asumir también la responsabilidad política por las decisiones que contribuyeron a profundizarla.

La UCA cuestiona el relato oficial

El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, elaborado por Alejo Giannecchini y Agustín Salvia, aporta evidencia fundamental para comprender qué ocurrió realmente con la pobreza entre 2018 y 2026.

Según la metodología oficial reconstruida por los investigadores, la pobreza pasó del 41,3% en el segundo trimestre de 2023 al 34,4% en el mismo período de 2026. Una reducción de 6,9 puntos porcentuales.

Pero cuando la UCA introduce ajustes para mejorar la comparación de los ingresos familiares y actualizar las canastas de consumo, los resultados cambian sustancialmente.

Con una primera estimación alternativa, la pobreza prácticamente permanece igual: pasa del 37,7% al 37,5%. Con una segunda, aumenta del 40,8% al 42,4%.

La explicación es importante. Los investigadores identifican cambios en la capacidad de las encuestas para registrar los ingresos de las familias y cuestionan la utilización de una canasta oficial basada en patrones de consumo de 2004 y 2005, aunque sus precios se actualicen.

En otras palabras, parte de la reducción que muestran las estadísticas oficiales puede estar relacionada con diferencias metodológicas y no exclusivamente con una mejora efectiva de las condiciones de vida.

El informe no demuestra manipulación estadística ni desconoce los efectos positivos de la desinflación. Lo que advierte es que la mejora respecto de 2023 prácticamente desaparece o incluso se revierte cuando se aplican otros criterios de medición.

Y hay un aspecto que merece destacarse: la Universidad Católica Argentina no comenzó a medir la pobreza con Milei. Su Observatorio de la Deuda Social desarrolla investigaciones desde 2004 y publicó informes críticos durante los gobiernos kirchneristas, cuando las estadísticas oficiales también estaban cuestionadas.

Es una trayectoria de investigación que atravesó diferentes gobiernos y que hoy vuelve a aportar elementos incómodos para el poder.

El ajuste también se mide en empleos, empresas y alimentos

La investigación de la UCA adquiere todavía mayor relevancia cuando observamos otros indicadores económicos y sociales.

Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la cantidad de empleadores con trabajadores declarados en unidades productivas disminuyó de 511.337 a 479.928. Son 31.409 empleadores registrados menos, una caída superior al 6%.

Esta reducción neta no equivale necesariamente a la misma cantidad de empresas cerradas, pero constituye una señal preocupante sobre la evolución del entramado productivo.

En ese mismo período, el empleo asalariado privado registrado pasó de aproximadamente 6,39 millones a 6,07 millones de trabajadores. Es decir, alrededor de 320.000 puestos de trabajo formales menos.

La debilidad del mercado interno también se refleja en el consumo. Según el INDEC, las ventas de supermercados a precios constantes cayeron un 3,7% interanual en agosto de 2026 y acumularon una baja del 2,8% en los primeros ocho meses del año.

Pero hay dos indicadores que muestran con particular claridad cómo las crisis económicas afectan el acceso a bienes esenciales: la carne y la leche.

Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, el consumo aparente de carne vacuna se ubicó en septiembre de 2026 en apenas 45,4 kilos anuales por habitante, uno de los niveles más bajos de la serie histórica, con una caída del 10,5% respecto de un año antes.

En el caso de la leche y sus derivados, los datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina muestran que el consumo por habitante llegó a un piso de 155,8 litros equivalentes anualizados en mayo de 2024, en pleno impacto del ajuste inicial. Posteriormente se recuperó, aunque los informes sectoriales advierten cambios hacia productos más básicos y opciones de menor precio.

Estos registros corresponden a momentos diferentes y no representan una caída ininterrumpida de todos los alimentos. Pero permiten dimensionar el fuerte deterioro que atravesó el consumo y las dificultades que persisten para acceder a determinados productos.

Cuando una economía pierde empleo registrado, reduce su cantidad de empleadores y atraviesa caídas tan pronunciadas en consumos esenciales, no alcanza con mostrar una inflación más baja para declarar que la recuperación social está consolidada.

Porque detrás de cada puesto de trabajo perdido hay ingresos que dejan de sostener a una familia. Detrás de la reducción de empleadores hay actividades productivas que desaparecen, se reorganizan o dejan de contratar. Y detrás de la caída del consumo hay hogares que deben modificar sus decisiones de compra.

El problema es el modelo

La discusión de fondo no es si la Argentina necesitaba estabilidad económica. La necesitaba. Tampoco se trata de negar que la reducción de la inflación sea importante. El problema es presentar el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria como pruebas suficientes de éxito, sin una evaluación igualmente rigurosa de lo que sucede con la producción, el empleo y la distribución del ingreso.

El gobierno de Milei eligió una estrategia de estabilización basada en un ajuste fiscal de gran magnitud, cambios en los precios relativos y una profunda redefinición del papel del Estado.

Esas decisiones tienen consecuencias distributivas. No afectan de la misma manera a quienes viven de un salario, a quienes dependen de una jubilación, a quienes tienen una pequeña empresa o a quienes cuentan con mayores recursos para enfrentar una crisis.

El ajuste no es neutral. Tiene costos, tiene destinatarios y expresa prioridades políticas.

Desde mi perspectiva, el principal cuestionamiento al modelo económico de Milei es que pretende convertir determinados resultados macroeconómicos en una demostración general de bienestar, mientras otros indicadores muestran dificultades persistentes para generar empleo formal, sostener la actividad productiva y recuperar el consumo.

Una economía puede reducir la inflación y, al mismo tiempo, mantener problemas estructurales de pobreza y desigualdad. Puede mostrar crecimiento en algunos sectores sin que ese crecimiento se traduzca en suficientes puestos de trabajo. Puede equilibrar las cuentas públicas sin resolver las necesidades de millones de familias.

Por eso es indispensable discutir qué tipo de desarrollo necesita la Argentina.

Necesitamos estabilidad, pero también producción nacional, pequeñas y medianas empresas con posibilidades de crecer, trabajo registrado, salarios suficientes y políticas públicas que garanticen derechos.

La pobreza no se resuelve únicamente administrando sus indicadores. Se combate construyendo una economía capaz de generar oportunidades y distribuir sus beneficios.

El informe de la UCA deja una advertencia que debería ocupar el centro del debate nacional: la reducción de la pobreza desde el peor momento de 2024 no demuestra que el país haya superado las condiciones de empobrecimiento que arrastraba antes de Milei.

El Gobierno puede celebrar la desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal. Pero también debe responder por las consecuencias de sus decisiones: el fogonazo inflacionario inicial, la pérdida de empleo formal, el retroceso del entramado productivo y las dificultades de millones de familias para sostener sus consumos más esenciales.

Porque detrás de cada indicador hay personas. Y ninguna política económica puede considerarse exitosa si pierde de vista esa realidad.

En ese contexto, las palabras del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina adquieren una relevancia particular. El 8 de noviembre, en un discurso pronunciado ante el presidente Javier Milei y las autoridades nacionales, afirmó: «La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía». 

No fue una frase aislada. El pontífice también habló de la importancia del trabajo, de las familias que viven con incertidumbre y de quienes, aun teniendo empleo, no logran cubrir las necesidades de sus hogares.

Sus palabras nos recuerdan algo esencial: detrás de cada indicador económico hay personas. Y ninguna política puede considerarse exitosa si pierde de vista esa realidad.

La discusión de fondo no es solamente cómo ordenar las cuentas públicas, sino para quiénes funciona la economía y qué lugar ocupan el trabajo, la producción y la dignidad humana en las prioridades de un gobierno.

Porque un país no sale adelante cuando sus números cierran a costa de su gente. Sale adelante cuando la economía genera trabajo, distribuye oportunidades y permite que su pueblo viva con dignidad.

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