El tribunal mantuvo su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque disminuyó la sanción original tras evaluar su estado de salud.
Casación confirmó la condena contra José Alperovich por abuso sexual, pero le redujo la pena a 14 años Casación confirmó la condena contra José Alperovich por abuso sexual, pero le redujo la pena a 14 años
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ratificó hoy, en una votación dividida, la responsabilidad penal del exgobernador de Tucumán José Alperovich (71) por tres episodios de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado en perjuicio de su sobrina segunda. No obstante, los magistrados resolvieron bajar de 16 a 14 años la condena que había dictado en junio de 2024 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, tras ponderar el cuadro de salud del exsenador.
Con este pronunciamiento, quedó firme además la inhabilitación especial perpetua que le impide ocupar puestos en la función pública a nivel nacional, provincial o municipal, una medida que había sido solicitada por el fiscal general Sandro Abraldes. Asimismo, permanece vigente la disposición de extraerle su perfil genético para incorporarlo al Banco de Datos Genéticos, en cumplimiento de la Ley N°26.879 vinculada a delitos contra la integridad sexual.
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La resolución de 636 páginas contó con los votos afirmativos de los jueces Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse. "No caben dudas de que el imputado se aprovechó del poder que tenía sobre la víctima para llevar a cabo los hechos abusivos", afirmó Días en su fundamentación. En disidencia parcial votó el camarista Daniel Morín, quien propuso hacer lugar al planteo de la defensa, apartar al juez interviniente en el debate original y convocar a un nuevo juicio.
Actualmente, el exfuncionario cumple arresto domiciliario en una propiedad del barrio porteño de Puerto Madero. Alperovich permanece privado de su libertad desde junio de 2024 a instancias de la fiscalía; tras pasar doce meses alojado en el Complejo Penitenciario Federal N°1, el juez Juan María Ramos Padilla le concedió el beneficio domiciliario en junio del año pasado.
El rechazo a los argumentos de la defensa y la perspectiva de género
Durante la revisión del fallo, el camarista Días desestimó los pedidos de nulidad impulsados por los abogados del exgobernador y avaló la valoración probatoria efectuada en el juicio oral. El magistrado cuestionó con dureza la estrategia defensiva al señalar que sus planteos reproducían prejuicios sobre el comportamiento esperado de las víctimas.
"Las afirmaciones de la defensa, muchas de las cuales se repitieron en el recurso de casación y en las presentaciones ante esta cámara, traducen una visión estereotipada acerca de cómo debe comportarse una mujer para evitar caer en hechos de violencia sexual y de cómo actúa la 'verdadera' víctima del delito; pero, sobre todo, se apartan de la sustancia del relato de la denunciante y desconocen que de sus propios dichos surge un fenómeno sumamente complejo, consistente en una relación desigual, marcadamente asimétrica y caracterizada por una dependencia en muchísimos sentidos", expresó el juez.
En la misma línea, descartó que el carácter o el perfil profesional de la joven invalidaran su denuncia: "Se arribaría a la conclusión de que las mujeres exitosas o con personalidad fuerte no pueden ser abusadas: un razonamiento basado en estereotipos de género que de ningún modo se puede compartir". Estas consideraciones coincidieron con la postura del fiscal Abraldes, quien había advertido que las apelaciones se apoyaban "en estereotipos de género muy marcados y bien alejados de la correcta perspectiva con la que deben ser examinados estos casos".
Las pruebas y la asimetría de poder
Al respaldar la solidez del veredicto original, Casación destacó el conjunto de evidencias que corroboraron la versión de la damnificada, identificada como M.F.L. Entre los elementos clave se enumeraron los testimonios de testigos, peritajes médicos y psicológicos, fotografías y registros de antenas telefónicas que ubicaron tanto al acusado como a la joven "en el día, hora y lugar" de los ataques.
Días remarcó que la denunciante declaró por más de cinco horas sin incurrir en fisuras: "El testimonio de la denunciante fue contundente acerca de su falta de consentimiento respeto de los actos sexuales a los que la sometió el encausado y, como vengo explicando, la prueba colectada en el juicio, analizada de manera armónica e integral, confluyó en ese sentido". Y añadió: "Al contrario, relató de forma coherente los hechos, aportó detalles, interacciones con el imputado, se refirió a aspectos periféricos de las agresiones, y a la repercusión inmediata y mediata, tanto en el ámbito físico como psíquico".
Respecto a la demora en radicar la denuncia, el camarista explicó que los cuestionamientos de la defensa "desatienden la complejidad que implica la denuncia de violencia sexual, al partir de una mirada simplista del proceso de develamiento y denuncia, sin advertir que la exteriorización del abuso suele ser gradual y condicionada por los sentimientos de temor, culpa y vergüenza, que fueron expresamente referidos en el testimonio de la damnificada".
El fallo hizo especial hincapié en el vínculo jerárquico y familiar que unía a ambos, ya que la víctima se desempeñaba como secretaria y colaboradora en la campaña electoral de su tío. Según el texto judicial, Alperovich actuó "valiéndose directamente del poder" que ejercía sobre ella "en función de su posición de autoridad y la relación de dependencia laboral, que utilizó para doblegar su voluntad", en un contexto donde testigos lo describieron como alguien "imposible de contrariar".
"Se debe tener en cuenta que M.F.L denunció a su tío y a su jefe político. Dicho de forma más clara: a la persona por la que toda su familia guardaba aprecio y quien le había dado un papel más que relevante en la campaña electoral, a tal punto que casi todos los testigos coincidieron en que era 'la número dos'. Denunció, en otras palabras, al sujeto que la hizo crecer profesionalmente, y quien le seguía prometiendo un desarrollo a la altura de sus expectativas", detalló el magistrado, quien subrayó la pérdida "sideral" en lo económico y laboral que afrontó la mujer tras hacer público el caso, descartando cualquier intencionalidad política.
Los fundamentos de la condena original y la reducción de la pena
Los ataques sexuales tuvieron lugar entre finales de 2017 y diciembre de 2018 en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires y de Tucumán, incluyendo el inmueble de Puerto Madero, una vivienda utilizada para encuentros políticos, una residencia en las afueras y el automóvil oficial en el que se movilizaba el exmandatario.
En junio de 2024, el juez unipersonal Juan María Ramos Padilla había concluido que el exsenador sometió a su sobrina segunda "valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella" y "mediando intimidación y con abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad". En aquella sentencia, el magistrado ponderó los informes de las profesionales médicas que asistieron a la víctima y del Cuerpo Médico Forense, asegurando que la defensa no logró demostrar "una sola falsedad o mendacidad deliberada" en una declaración respaldada por pruebas de "indiscutible eficacia probatoria".
Ramos Padilla también había refutado la teoría de una supuesta extorsión económica: "Por lo demás, veremos que el que pretendió negociar fue Alperovich, primero con el fin de evitar la denuncia y, al final del debate oral, declamando que era víctima de una operación política y un intento de extorsión para sacarle cinco millones de dólares, sin aportar ningún elemento de prueba que avale esa falsedad". Asimismo, sentenció: "Medió violencia, abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad y de poder, aprovechándose de que la víctima no haya podido consentir los actos. Alperovich abusó de su sobrina segunda valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la Provincia".
Si bien la Cámara de Casación ratificó la totalidad de esta reconstrucción fáctica y jurídica, los jueces Días y Sarrabayrouse determinaron en el tramo final de su voto que el monto de la pena debía recortarse en dos años. Para ello, además de valorar la condición de salud del condenado, señalaron que el tribunal de juicio no debió utilizar como agravante el descargo realizado por Alperovich durante el proceso, "por más ofensivo que éste sea".








