Macri ya piensa en el lunes 23 de octubre

Por Walter Schmidt. Especial para EL LIBERAL.

09/10/2017 -

E l gobierno de Mauricio Macri comenzó a "gastar a cuenta" de lo que, considera, será un importante triunfo en las elecciones legislativas del 22 de octubre y comenzó a dar pasos en función de la etapa post electoral.

El peronismo -incluyendo a Cristina Fernández- que siempre se caracterizó por estar un paso adelante en la lectura del escenario político, también tomó nota. Por eso esta semana se comenzó a bosquejar el nuevo espacio opositor, sin el kirchnerismo y con el protagonismo de los gobernadores del PJ, que podría comenzar a construirse inmediatamente después de los comicios.

La intensificación de la obra pública en todo el país, en un marco proselitista, sumada a la política de endeudamiento parece dar forma a la "Primavera macrista", donde los términos "crisis", "despidos", "cierres", "pobreza", más allá de los índices que el propio gobierno reconoce como preocupantes, dejaron de alimentar el "malhumor social".

Así, el aumento de la recaudación de la mano del incremento en el consumo -en particular la compra automóviles e inmuebles-, en la actividad industrial y, en menor medida, del empleo, trajo alivio al gobierno de Cambiemos.

El discurso proselitista de Macri mutó radicalmente desde las Paso a la previa de las elecciones del 22 de octubre: el Presidente pasó de pedir "el voto de todos los argentinos" a calificar su gestión como "un cambio fundacional" y presentarse con los suyos como "la generación que vino a cambiar la historia".

Hasta hace un mes, la clase política estaba inmersa en una situación de crisis por la escalada de acusaciones y denuncias cruzadas por la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado.

A 15 días de las elecciones, el hecho no sólo perdió trascendencia en los medios y las redes sociales sino que, además, el reemplazo del juez Guido Otranto por Gustavo Llerald, que se reunió tanto con la familia Maldonado como con representantes de la comunidad mapuche, despertó elogios de ambos lados y desplegó un manto de calma en un enfrentamiento que parecía no tener fin.

A la detención del gremialista "Pata" Medina se le sucedieron otras, menos rimbombantes: el secretario adjunto de la Uocra de Comodoro Rivadavia, Rubén Crespo, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia ilegal de armas de fuego.

Por las dudas, y como prueba de los tiempos que corren y dónde está el poder, el titular de la Uocra nacional, Gerardo Martínez, reclamó a "la Justicia que saque las cosas feas extra-gremiales", al despegarse de los ilícitos que se le imputan al "Pata" Medina.

El panorama alentó al gobierno a avanzar, sin esperar al 22 de octubre, en una reforma laboral que no será presentada como tal, pero que en los papeles lo es.

A diferencia del primer año de Cambiemos en el Ejecutivo, en el que el tema era evitado por los funcionarios, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no ocultó que esa iniciativa será producto de consensos entre empresarios y sindicalistas.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su informe ante la Cámara de Diputados, confirmó la estrategia del gobierno: "Tenemos que discutir como hemos discutido, los acuerdos sectoriales que permiten sentar en una mesa a trabajadores, empresarios y al Estado, para ver cómo podemos mejorar la generación de empleo".

No habrá un paquete llamado "Reforma Laboral" sino que la discusión será sectorial, como ya ocurrió con los trabajadores rurales y los petroleros.

La coyuntura no pasó desapercibida para la vapuleada CGT Azopardo. Lejos de las amenazas de marchas o paros generales de julio y agosto pasados, el Comité Central Confederal de la CGT aprobó días atrás "seguir con la ronda de negociación" con el Gobierno, pero sin "aceptar temas inclaudicables" relacionados con la ley de contrato de trabajo, la seguridad social y el modelo sindical, entre otros. Ergo, no habrá paro.

Cristina Fernández, que pocas veces desde el 2003 dedicó algunos párrafos al Partido Justicialista, ya en retroceso, consideró que el PJ no desaparecerá "mientras haya peronistas que se sigan identificando con la idea de Nación, con la defensa de los trabajadores y de la educación y la salud como derechos". Es "una fantasía", dijo, la desaparición del PJ.

De lo que empieza a hablarse, con mayor intensidad, es de la metamorfosis del Peronismo, después de las elecciones.

Miguel Ángel Pichetto, convertido en el portavoz de los gobernadores peronistas, adquirió en el último tiempo un marcado protagonismo: no sólo para recibir -como lo hizo el jueves- al triunvirato de la CGT y coordinar qué posición tendrá esa central obrera respecto de la reforma laboral por sector promovida por el Ejecutivo, sino también para marcarle la cancha a Cristina Fernández, en el sentido que deberá armar su propio bloque cuando llegue al Senado Nacional.

El armado del Peronismo post kirchnerista comprendería una suerte de interbloque integrado por el Bloque Justicialista que responde al salteño Juan Manuel Urtubey, los peronistas cordobeses de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti, y los massistas. Además, todos los diputados que ingresen en estas elecciones, no kirchneristas. Lo mismo ocurriría en el Senado.

En ese esquema, al igual que la Casa Rodada, los gobernadores empezaron a moverse para entrar en acción de aquí a 20 días: ya programan una reunión cumbre con funcionarios nacionales para abordar cuestiones ríspidas como la coparticipación, el Fondo del Conurbano bonaerense, la ley de cheque y la reforma impositiva. Asimismo, se mostrarán junto a la CGT, para cerrar líneas.

Pero no sólo podría abrirse un panorama rupturista en el Congreso Nacional, entre pejotistas y kirchneristas, sino también en el arco sindical.

En su reciente reasunción como secretario general de los bancarios, Sergio Palazzo amenazó con un "paro nacional" después de los comicios y denunció un "ataque del gobierno contra el movimiento obrero". A rabiar, aplaudieron entre los presentes, Hugo y Pablo Moyano de Camioneros, y Hugo Yasky de la CTA de los Argentinos.

¿Volverá a dividirse la CGT?

Desafíos políticos, sindicales y económicos a los que Macri deberá enfrentar a partir del lunes posterior a las elecciones.

 
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