Filmaron a un agente del Instituto de Vivienda de Tucumán intentando vender una casa

Tres ciudadanos tucumanos que dicen haber sido víctimas de las maniobras irregulares ocurridas con inmuebles sociales, llevaron adelante su investigación particular para reunir pruebas que los avalaran. L os mismos simularon que deseaban adquirir una casa construida por el Estado tucumano y terminaron comprometiendo a un agente de esa institución, llamado Daniel Manzaraz. Los ciudadanos tucumanos: Antonia Lobo, Juan Acosta y Manuel Liquitay, quienes admitieron en una entrevista con el diario La Gaceta que entregaron dinero (entre $ 20.000 y $ 50.000) a la red de Elizabeth Alzogaray, la cooperativista y presunta gestora detenida en febrero junto a otros supuestos colaboradores. "Nosotros no somos estafadores: no hay otra forma de acceder a una casa. El Instituto funciona como una inmobiliaria. Así lo definió el propio Manzaraz", indicaron. La operatoria Lobo, Liquitay y Acosta decidieron probar que en el Instituto de la Vivienda era posible adquirir una casa por fuera de la ley. Asi, realizaron una investigación, y con esta finalidad, se contactaron con quienes ofrecían casas de barrios del Instituto en las redes sociales (Olx, Facebook, Alamaula, etc.). Un tal "Sebastián" los derivó a Daniel Manzaraz, que se desempeñaba como empleado del área de Investigaciones Sociales del Instituto. Los simuladores documentaron toda la negociación. Manzaraz fue aprehendido el pasado de marzo, cuando iba a recibir una seña. Los "simuladores" hicieron capturas de pantalla; grabaron llamados telefónicos, y diálogos sostenidos en la casa en venta y en un bar; tomaron fotografías a distancia y hasta filmaron la escena final con Manzaraz. De los audios surge que el vendedor presionaba para cerrar la operación inmobiliaria. Los hallazgos de Lobo, Liquitay y Acosta ponen de manifiesto que el vendedor inspeccionaba obras, y que solía irse a las 9 de su trabajo. Manzaraz, cuyo trabajo en el Ipvdu consistía, en los papeles, en detectar las necesidades habitacionales en zonas vulnerables, lleva 23 días detenido en la Comisaría N°1, pero saldrá en libertad cuando presente una caución real. Su abogado defensor, Guillermo Orso, deslizó que había habido irregularidades graves. "Cualquier persona común que vaya al Ipvdu con $ 300.000 o $ 400.000 no sale con una promesa de una vivienda: sale con una llave en la mano", aseguraron Liquitay y Acosta.