El Tribunal Oral Federal local no hizo lugar al pedido de probation de Rocchia Ferro

El empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro sufrió un revés en la Justicia Federal luego de que el Tribunal Oral Federal local rechazara su pedido de una probation, para evitar ir a juicio por contaminar un pueblo santiagueño con efluentes.

Ahora, el industrial deberá enfrentar en un juicio oral y público los cargos que se le endilgan por infringir normas ambientales y poner en riesgo la salud de la población de El Palomar (Dpto. Jiménez), que a fines de 2012 y principios de 2013, recibió millones de litros de vinaza pura. Estos desechos llegaron a través de un canal interprovincial y habían sido descargados por el ingenio y destilería La Florida, propiedad de Rocchia Ferro.

Tras la denegatoria del tribunal integrado por Abelardo Basbús (presidente), Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga, también será juzgado el gerente de la planta, José Ramón Coronel.

El tribunal tomó en cuenta los argumentos planteados por la fiscal federal general Indiana Garzón, quien consideró que debía aplicarse una pena al industrial, por la gravedad del delito ambiental, pero también porque consideraba que era una "limosna" lo que ofrecía de compensación para reparar los daños que había causado. Pero también fue determinante que Santiago del Estero representada por Fiscalía de Estado, rechazara el ofrecimiento que le hizo el industrial y que rondaba los $ 18 millones.

De igual modo y al no conseguir que el tribunal le concediera otro cuarto intermedio por 10 días para analizar la propuesta de resarcimiento para Tucumán, la Fiscalía de Estado tucumana también desistió del ofrecimiento del industrial.

Es que como se recordará, a la causa por el vuelco en Jiménez, también se anexó una anterior en el fuero federal de Tucumán, por otros vuelcos de la misma firma en la zona de Cruz Alta. Esto por un pedido de la defensa de Rocchia Ferro, que fue concedida por el primer tribunal conformado por Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla (luego reemplazado por el actual cuerpo que preside Basbús). Aunque las fiscalías de Santiago del Estero y de Tucumán se opusieron a la acumulación de las causas de dos jurisdicciones distintas, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al pedido de la defensa del empresario azucarero.

Ahora, cerrada la posibilidad de la "suspensión del juicio a prueba" para el industrial de Tucumán, deberán realizarse los trámites de rigor antes de que se fije la fecha de inicio de las audiencias públicas.

"Sin pena, no habrá compromiso de los industriales de no seguir contaminando. Además, siempre hay un riesgo potencial porque sigue aumentando la producción de bioetanol y por lo tanto de vinaza (por un litro de bioetanol se generan 13 litros de vinaza) y no se ha visto una solución definitiva para el tratamiento de este desecho", indicó Garzón.

La fiscal federal general rescató el hecho de que la Fiscalía de Estado de Santiago del Estero haya rechazado el ofrecimiento del industrial, al señalar que ello viene a reforzar una "postura comprometida en la lucha contra la contaminación que tuvieron la Fiscalía de Estado y sus abogados; como también la Defensoría del Pueblo durante la gestión de Martín Díaz Achával, y la actual a cargo de Lionel Suárez; sus técnicos, del biólogo Sergio Zaltz (hoy secretario del Agua) y su equipo, quienes realizan un trabajo de monitoreo continuo para evitar que se produzcan nuevos vuelcos", rescató.