Impulsan crear un fondo para asistir a víctimas de la trata Impulsan crear un fondo para asistir a víctimas de la trata
La subsecretaria de Acceso
a la Justicia del Ministerio
de Justicia de la Nación,
María Fernanda Rodríguez,
señaló que la creación
de un Fondo Fiduciario
de Asistencia a la Víctima
de Trata de Personas
“es un reclamo de las víctimas
y de la sociedad civil
de la Argentina, y permitirá
saldar una deuda pendiente”
que apunta a combatir
la explotación de las personas,
un flagelo que se ha
denominado “la esclavitud
del siglo XXI”.
La funcionaria explicó
que este fondo, previsto
en el artículo 27 de la ley
26.364, de Prevención y
Sanción de la Trata de Personas
y Asistencia a sus
Víctimas, “nunca se instrumentó”,
y destacó la necesidad
de hacerlo “para poder
disponer de los recursos
que son producto de los
decomisos, y destinarlos a
reparar los daños causados
a las personas recuperadas
de la explotación”.
Rodríguez, también
coordinadora general del
Consejo Federal de Trata
de Personas, señaló que
“en tres años hemos rescatado
más o menos a 13.800
víctimas, y que han sido judicializados
aproximadamente
1.200 casos”, algunos
de los cuales ya tienen
sentencia y otros están en
proceso en los tribunales.
Precisó que el fondo “se
integra con los recursos incautados
durante los allanamientos,
y lo producido
en el delito de la explotación
de las personas, es
decir con todo este esquema
de bienes secuestrados
y decomisados”, los cuales
actualmente son administrados
“de manera deficiente,
al punto de que suelen
perder su valor adquisitivo
en lugar de preservarlos”.
Señaló que las experiencias
en materia internacional
“recomiendan la creación
de este tipo de fondos
fiduciarios, que tienen la
característica de ser recursos
de administración muy
transparentes y muy efectivos”,
y en el caso de la Argentina
con el control de
la Sindicatura General de
la Nación y de la Auditoría
General de la Nación.
El proyecto de creación
del Fondo Fiduciario con
este destino, impulsado por
el Ministerio de Justicia de
la Nación, y que prevé disponer
con rapidez de los recursos
logrados por bienes
decomisados por ese delito,
fue elevado recientemente
al Congreso.
