A 199 años de la Autonomía Provincial

E n la fecha recordamos

199 años de la Autonomía

Provincial, hecho

histórico fundamental

concretado el 27 de abril

de 1820 por la acción decidida del comandante

de Abipones, Dn. Juan Felipe

Ibarra, quien, ese día, con total

apoyo de sus milicias y la voluntad

de la mayoría de la población derrota

a las fuerzas tucumanas que pretendían

continuar con la subordinación

de nuestra provincia a los designios del

gobernador de Tucumán, Dn. Bernabé

Aráoz, tal como lo había establecido

el director supremo álvarez Thomas al

crear la jurisdicción de la Gobernación

del Tucumán (1814)

Pasado el primer momento de euforia

por la victoria de las armas, inmediatamente

un nuevo Cabildo compuesta

por partidarios de la autonomía,

proclamó gobernador al General Juan

Felipe Ibarra, quien asumió el cargo el

1° de mayo de 1820 y lo ejercería durante

31 años, hasta su muerte acaecida

el 15 de Julio de 1851.

El largo período de gobierno de

Ibarra ha sido tratado y descripto de

opuestas maneras según los prejuicios

dominantes en los autores. Para unos,

fue el férreo e insobornable defensor

de la autonomía provincial y del federalismo.

Otro grupo, lo califica como un

claro exponente del autoritarismo dictatorial.

En procura de evitar ese error, beneficio

otorgado por la perspectiva histórica,

diremos que el Ibarra- histórico,

se configura como el hombre que

las gravísimas circunstancias políticas

provinciales del momento precisaban.

Su misión histórica de proteger los derechos

autonómicos de su terruño, difundir

el sentimiento de unidad territorial

y pertenencia social más su firme

apoyo a la organización definitiva de la

nación bajo los principios del sistema

federal fue el basamento de su acción

política, con los aciertos y defectos propios

del contexto que lo tuvo como protagonista.

También surge con evidencia que

durante todo el siglo XIX (Ibarra – Taboada)

los derechos autonómicos descansaron

en los gobernantes más que

en el pueblo.

Fueron los miembros de estas dos

familias las que llevaron adelante el

proceso inicial de afirmación de la organicidad

política e institucional del

proto - estado santiagueño. Ibarra establece

la primera legislatura en 1826.

La nueva institución funcionó en el antiguo

Cabildo; hacia 1928 pasó a ocupar

los altos del Teatro 25 de Mayo, en calle

Avellaneda 380, hasta que, en 2014

pasó a su edificio propio en Avda. Roca

y Patagonia.

En busca de una apreciación objetiva

diremos que estos gobernadores hicieron

lo mejor posible con lo poco que

había. Frente a una economía desquiciada

por los gastos y contribuciones a

las guerras de la independencia primero

y las guerras civiles entre unitarios y

federales, después, tuvieron que recurrir

a medidas extremas que le aseguraran

una mínima renta estatal (acuñación

de moneda, creación de impuestos

aduaneros, contribuciones voluntarias,

y a veces no tan voluntarias, etc.)

Ya a fines de ese siglo, la situación

política nacional había tomado el rumbo

de la organización definitiva (sanción

y aprobación de la Constitución de

1853, sanción de los códigos civil, penal

y económico, organización de los tribunales

nacionales y, sobre todo, el fin de

la anarquía como consecuencia del respeto

a la investidura del Presidente de

la Nación.

Por ese mismo tiempo en nuestra

provincia, el gobernador Manuel Taboada

sancionaba en julio de 1856 la

primera constitución provincial.

Entre 1886 y 1889 gobernó la provincia

el Dr. Absalón Rojas quien realizó

una obra administrativa notable

con especial referencia a la educación

(la mitad del presupuesto provincial

fue dedicado a la creación de escuelas,

perfeccionamiento docente. Caso jamás

repetido), en el entendimiento que

con mejor instrucción pública, inclusiva,

era posible formar futuros ciudadanos

con mayores aptitudes para la convivencia

política, social y cultural

Es decir, el siglo XX, se anunciaba

como el de la modernidad institucional

y política.

La historia contemporánea santiagueña

demuestra que tales perspectivas

no pasaron el nivel de meras ilusiones,

fruto de las luchas facciosas por el

poder político, el pésimo manejo de las

finanzas provinciales y la corrupción

administrativa.

Excepción: el gobierno

del Dr. Juan Bautista Castro (1932

– 1936)

El corolario de este contexto provincial

fue el advenimiento de nuevos

grupos políticos que impusieron la hegemonía

absoluta del poder gubernamental,

al que le otorgaron atribuciones

paternalistas que ataban los proyectos

personales, individuales, al humor

del gobernante de turno.

El Estado pasó a ser el principal empleador

y de este modo casi el 80 % de

la población activa quedó sujeta y subordinada

a la maquinaria política del

poder gobernante. Un pueblo avasallado

en el ejercicio de su autonomía de

voluntad como derecho político. Posiblemente,

a este período de retroceso

bien le cabría el título de “medievalismo

santiagueño”.

Esta situación permitió al gobierno

nacional utilizar el “remedio” de la intervención

federal a la provincia, la mayoría

de las veces como instrumento

para alinear a la provincia con el proyecto

político gobernante que como

instrumento para normalizar la vida republicana,

con el consecuente avasallamiento

de su autonomía política. Entre

1900 y 2004 Santiago tuvo catorce

intervenciones (parciales o totales).

La primera el 13 de febrero de 1924,

en la presidencia de Marcelo Torcuato

de Alvear y, la última, el 01 de abril de

2004 mediante ley N° 25.881 del Congreso

Nacional, durante la presidencia

de Néstor Kirchner.

Esto significa ser la

provincia que más intervenciones federales

tuvo durante el siglo XX.

Tantas interrupciones de nuestra vida

institucional, provocaron que muchos

investigadores y analistas de la

historia local lleguen a afirmar que en

este siglo Santiago del Estero perdió su

norte histórico, pasando a revestir en la

categoría de provincia periférica, empobrecida,

inviable, sin participación

alguna en las discusiones y decisiones

del gobierno nacional

Es probable que la toma de conciencia

de este mal haya sido razón del estallido

de la rebelión popular conocida

como “el santiagueñazo” (16 de diciembre

de 1993). Pero el tiempo siguiente

atestigua que solo fue un estertor motivado

más por causas económicas que

por motivos políticos.

Por lo tanto, sin negar la importancia

fundamental del fasto que hoy se recuerda,

sostenemos como conveniente

y necesaria una reflexión sobre el resguardo

que tuvo aquel máximo legado

de aquellos santiagueños de 1820.

Tal vez así, concluyamos que por indolencia,

negligencia o desinterés republicano

hayamos permitido que aquel

fuerte espíritu autonómico inicial se diluyera

en una máscara que oculta el contexto

de una verdadera heteronomía.

Si somos capaces de asumir profundamente

y con íntima convicción nuestras

responsabilidades cívicas personales

y comprender que su realización

práctica en libertad conlleva a mayor

autonomía, más libertad, más democracia,

es posible que los festejos del

próximo bicentenario nos reconcilie

con el pendón autonómico levantado

por Juan F. Borges, aquél que guió los

primeros momentos de nuestra existencia

como jurisdicción provincial soberana

dentro de una entidad estatal

mayor, la República Argentina. l