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A 199 años de la Autonomía Provincial

Por Clemente Di Lullo - Prof. Especialista

- 23:55 Opinión

E n la fecha recordamos 199 años de la Autonomía Provincial, hecho histórico fundamental concretado el 27 de abril de 1820 por la acción decidida del comandante de Abipones, Dn. Juan Felipe Ibarra, quien, ese día, con total apoyo de sus milicias y la voluntad de la mayoría de la población derrota a las fuerzas tucumanas que pretendían continuar con la subordinación de nuestra provincia a los designios del gobernador de Tucumán, Dn. Bernabé Aráoz, tal como lo había establecido el director supremo Álvarez Thomas al crear la jurisdicción de la Gobernación del Tucumán (1814)

Pasado el primer momento de euforia por la victoria de las armas, inmediatamente un nuevo Cabildo compuesta por partidarios de la autonomía, proclamó gobernador al General Juan Felipe Ibarra, quien asumió el cargo el 1º de mayo de 1820 y lo ejercería durante 31 años, hasta su muerte acaecida el 15 de Julio de 1851.

El largo período de gobierno de Ibarra ha sido tratado y descripto de opuestas maneras según los prejuicios dominantes en los autores. Para unos, fue el férreo e insobornable defensor de la autonomía provincial y del federalismo. Otro grupo, lo califica como un claro exponente del autoritarismo dictatorial. En procura de evitar ese error, beneficio otorgado por la perspectiva histórica, diremos que el Ibarra- histórico, se configura como el hombre que las gravísimas circunstancias políticas provinciales del momento precisaban. Su misión histórica de proteger los derechos autonómicos de su terruño, difundir el sentimiento de unidad territorial y pertenencia social más su firme apoyo a la organización definitiva de la nación bajo los principios del sistema federal fue el basamento de su acción política, con los aciertos y defectos propios del contexto que lo tuvo como protagonista.

También surge con evidencia que durante todo el siglo XIX (Ibarra – Taboada) los derechos autonómicos descansaron en los gobernantes más que en el pueblo. Fueron los miembros de estas dos familias las que llevaron adelante el proceso inicial de afirmación de la organicidad política e institucional del proto - estado santiagueño. Ibarra establece la primera legislatura en 1826. La nueva institución funcionó en el antiguo Cabildo; hacia 1928 pasó a ocupar los altos del Teatro 25 de Mayo, en calle Avellaneda 380, hasta que, en 2014 pasó a su edificio propio en Avda. Roca y Patagonia.

En busca de una apreciación objetiva diremos que estos gobernadores hicieron lo mejor posible con lo poco que había. Frente a una economía desquiciada por los gastos y contribuciones a las guerras de la independencia primero y las guerras civiles entre unitarios y federales, después, tuvieron que recurrir a medidas extremas que le aseguraran una mínima renta estatal (acuñación de moneda, creación de impuestos aduaneros, contribuciones voluntarias, y a veces no tan voluntarias, etc.) Ya a fines de ese siglo, la situación política nacional había tomado el rumbo de la organización definitiva (sanción y aprobación de la Constitución de 1853, sanción de los códigos civil, penal y económico, organización de los tribunales nacionales y, sobre todo, el fin de la anarquía como consecuencia del respeto a la investidura del Presidente de la Nación. Por ese mismo tiempo en nuestra provincia, el gobernador Manuel Taboada sancionaba en julio de 1856 la primera constitución provincial. Entre 1886 y 1889 gobernó la provincia el Dr. Absalón Rojas quien realizó una obra administrativa notable con especial referencia a la educación (la mitad del presupuesto provincial fue dedicado a la creación de escuelas, perfeccionamiento docente. Caso jamás repetido), en el entendimiento que con mejor instrucción pública, inclusiva, era posible formar futuros ciudadanos con mayores aptitudes para la convivencia política, social y cultural Es decir, el siglo XX, se anunciaba como el de la modernidad institucional y política. La historia contemporánea santiagueña demuestra que tales perspectivas no pasaron el nivel de meras ilusiones, fruto de las luchas facciosas por el poder político, el pésimo manejo de las finanzas provinciales y la corrupción administrativa.

Excepción: el gobierno del Dr. Juan Bautista Castro (1932 – 1936) El corolario de este contexto provincial fue el advenimiento de nuevos grupos políticos que impusieron la hegemonía absoluta del poder gubernamental, al que le otorgaron atribuciones paternalistas que ataban los proyectos personales, individuales, al humor del gobernante de turno. El Estado pasó a ser el principal empleador y de este modo casi el 80 % de la población activa quedó sujeta y subordinada a la maquinaria política del poder gobernante. Un pueblo avasallado en el ejercicio de su autonomía de voluntad como derecho político. Posiblemente, a este período de retroceso bien le cabría el título de “medievalismo santiagueño”. Esta situación permitió al gobierno nacional utilizar el “remedio” de la intervención federal a la provincia, la mayoría de las veces como instrumento para alinear a la provincia con el proyecto político gobernante que como instrumento para normalizar la vida republicana, con el consecuente avasallamiento de su autonomía política. Entre 1900 y 2004 Santiago tuvo catorce intervenciones (parciales o totales). La primera el 13 de febrero de 1924, en la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear y, la última, el 01 de abril de 2004 mediante ley Nº 25.881 del Congreso Nacional, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Esto significa ser la provincia que más intervenciones federales tuvo durante el siglo XX. Tantas interrupciones de nuestra vida institucional, provocaron que muchos investigadores y analistas de la historia local lleguen a afirmar que en este siglo Santiago del Estero perdió su norte histórico, pasando a revestir en la categoría de provincia periférica, empobrecida, inviable, sin participación alguna en las discusiones y decisiones del gobierno nacional Es probable que la toma de conciencia de este mal haya sido razón del estallido de la rebelión popular conocida como “el santiagueñazo” (16 de diciembre de 1993). Pero el tiempo siguiente atestigua que solo fue un estertor motivado más por causas económicas que por motivos políticos. Por lo tanto, sin negar la importancia fundamental del fasto que hoy se recuerda, sostenemos como conveniente y necesaria una reflexión sobre el resguardo que tuvo aquel máximo legado de aquellos santiagueños de 1820. Tal vez así, concluyamos que por indolencia, negligencia o desinterés republicano hayamos permitido que aquel fuerte espíritu autonómico inicial se diluyera en una máscara que oculta el contexto de una verdadera heteronomía. Si somos capaces de asumir profundamente y con íntima convicción nuestras responsabilidades cívicas personales y comprender que su realización práctica en libertad conlleva a mayor autonomía, más libertad, más democracia, es posible que los festejos del próximo bicentenario nos reconcilie con el pendón autonómico levantado por Juan F. Borges, aquél que guió los primeros momentos de nuestra existencia como jurisdicción provincial soberana dentro de una entidad estatal mayor, la República Argentina. l

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