La política debe resolver la crisis económica

De la Redacción de EL LIBERAL

A medida que los argentinos transitamos en medio de las crisis económicas y sociales, insertos en una democracia, sin demócratas, que no resuelve los problemas de la gente, nos vamos dando cuenta de que es a través de la política, de las decisiones políticas de Estado, que es posible comenzar a resolver los problemas del funcionamiento de la sociedad.

Durante muchísimos años, esperamos “el salvador” o “el iluminado” que venía a aplicar una receta mágica para resolver los problemas económicos y sociales, no importaba nada más, la institucionalidad, la política, la justicia eran cosas muy aburridas que nada tenían que ver con el ansiado bienestar económico; de la educación, ni hablar por supuesto… mientras mi hijo estudie…

Una parte importante de la sociedad pareciera haber aprendido de tantos fracasos y estaría dispuesta a comenzar a resolver los problemas económicos otorgándole el poder político a quién considera mejor capacitado para encararlos, esto es nada menos que gobernar.

La sociedad que aguantó una de las peores crisis económicas que nos tocó vivir a los contemporáneos, sin producir situaciones políticas o sociales que derriben al gobierno, está dando un mensaje positivo hacia el respeto de la institucionalidad, algo elemental obviamente en cualquier democracia consolidada del mundo, pero para nada habitual en estas tierras. Por mucho menos, esta misma sociedad ha volteado a ministros, gabinetes enteros e incluso al propio presidente. Esta vez no ocurrió y seguramente es porque algo estamos aprendiendo de tanto golpearnos.

Quizás se explique en ese aprendizaje, la hiperpolarización electoral que están pronosticando todos los analistas sociales y políticos. Nadie estaría pensando en quedar fuera de la gran competencia que terminará indudablemente con un ganador lo suficientemente fuerte como para ejercer un gobierno que tome las difíciles decisiones políticas que inevitablemente se presentan.

Quién gane esta elección presidencial, no va a tener mayoría parlamentaria, pero sí va a tener el suficiente poder político institucional como para construir el acuerdo necesario para poder aprobar los proyectos de ley imprescindibles para que el país comience a crecer, luego de ocho años de estancamiento.

Es que en el mapa político argentino, los diputados y senadores en su gran mayoría responden a los gobernadores de provincia. Lo que se presenta como un retroceso institucional, termina convirtiéndose en una oportunidad, casi única, de acordar unas cuantas políticas de Estado que nos hagan comenzar a crecer económicamente.

El país, para volver a impulsarse, necesita del acuerdo político para aprobar tres reformas fundamentales, que con diferencias, cualquier profesional de la ciencia económica coincide en que son determinantes. Se trata de la reforma jubilatoria, la reforma laboral y fundamentalmente la reforma impositiva que es la que reorganiza todo el desenvolvimiento del Estado y del sector privado.

La esperanza de que el gobierno electo impulse el crecimiento radica fundamentalmente en una cuestión de supervivencia del mismo, puesto que la situación es lo suficientemente grave, como para que muchos economistas la califiquen de terminal.

No se hará por virtud de estadistas, algo que adolece la Argentina y gran parte del mundo, se hará por necesidad de retener el poder político. Obviamente que siempre está la posibilidad de no lograrlo y que se prolongue el estancamiento o peor aún que se precipite la crisis tan temida.

Pero no solamente estaremos eligiendo un presidente con respaldo político suficiente, también estaremos votando ¿optando? por dos modelos diferentes de cómo resolver los problemas, de cómo vivir mientras resolvemos los problemas. Algo que no es para nada menor.

La gran mayoría de los países del mundo han acotado la inflación a mínimos niveles, salieron del estancamiento, de la pobreza y van mejorando las condiciones de vida de sus pueblos, a través de la aplicación en menor o mayor grado de la economía de mercado. Son problemas básicamente resueltos en el mundo.

Sin embargo, no es indiferente la institucionalidad a la hora de medir la calidad de vida de los ciudadanos de cada uno de esos países que crecen con estabilidad económica, baja inflación y pobreza, así como también mercados abiertos al mundo.

Para ir a los extremos, a los efectos de traducir el pensamiento, no es lo mismo vivir en una economía sana en China o Rusia, donde no se respetan los derechos humanos, no hay elecciones libres, ni libertad de prensa, los sindicatos no existen, el libre acceso a las redes sociales está vedado, la Justicia independiente es una utopía y el pensamiento está condicionado, cuando no perseguido. Que hacerlo en Estados Unidos o Europa, donde hay una libertad consagrada y respeto por la institucionalidad en alto grado.

O para ir a países menos polémicos, no es lo mismo vivir en Filipinas, India, Singapur, Arabia Saudita, que hacerlo en Canadá, Australia o los países nórdicos.

Las libertades de los ciudadanos de un país, es decir la plena vigencia de los derechos humanos en su más amplio concepto, son muy importantes para la calidad de vida, aunque lamentablemente en la mayoría de los casos no todas las sociedades se dan cuenta de ello hasta que la pierden y peor aún, con la libertad conculcada prefieren convivir en la desdicha.

Este tema también va a estar flotando por las mentes de quienes deben decidir a quién votar en estos comicios, es decir a quién le vamos a dar el poder político para comenzar a resolver los problemas económicos y sociales, así como también hacia qué grado de vigencia de los derechos humanos nos encaminamos. Hasta ahí nuestra responsabilidad ciudadana. Luego será la responsabilidad de los gobernantes la que estará en la vidriera de la rendición de cuentas.

Quedará para otro momento de la sociedad el afianzamiento de las instituciones de la República, para que funcionen adecuadamente los tres poderes del Estado, como marca la Constitución Nacional sabiamente promulgada, pero casi nunca respetada.

Algún día, como hoy comprendemos que es la política la que tiene que resolver los problemas económicos, comprenderemos que es el normal funcionamiento de las instituciones, lo que garantiza el progreso sostenido de los países en todos los aspectos de la vida de sus habitantes.