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Argentina 2019/2020

- 10:49 Opinión

Por Castor López. Presidente de Fundación Pensar Santiago.

Ocho planes de estabilización macroeconómica, todos y cada uno de ellos propuestos recién después de las correspondientes graves crisis previas, sin lograr nunca los resultados esperados, salvo pocos y esperanzadores inicios, durante los últimos 40 años. Nos dirigimos ahora, cualquiera resulte el próximo gobierno nacional, hacia un noveno plan de búsqueda de normalización económica. Ello resume el simultáneo y muy mediocre derrotero económico de nuestro periodo democrático continuo más extenso de la historia de vida institucional de Argentina.

Nuestro crecimiento económico promedio desde el año 1983 fue muy magro: menos del +2% del PIB por año. No alcanza para la calificación de una economía que pretende, desde hace décadas, ser emergente, en términos relativos al mundo. Resulta incluso inferior a la mitad del promedio del crecimiento económico que registraron la mayoría de los países de nuestra propia región de Latinoamérica. Por habitante, nuestro crecimiento no llega al +1% anual. La tendencia reciente no es mejor que esta referencia de las últimas 4 décadas.


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No crecemos desde el año 2011 y, muy probablemente, no lo hagamos, al menos en los términos per cápita, durante los próximos 2 años. Nuestras cíclicas crisis, cada 5 años promedio, ocurren como consecuencia de cada vez menores déficit fiscal que las detonan. Además, después de las siempre parciales recuperaciones siguientes, acumulamos nuevos niveles de pobreza, cada vez más elevados. Asimismo, hemos continuado avanzado en la destrucción de nuestra moneda doméstica.

La moneda nacional pierde aceleradamente varias de sus esenciales condiciones: de significar una unidad de cuenta válida más allá del muy corto plazo y resultar una real reserva de valor económico, de preservación de su poder adquisitivo de bienes y servicios. La inflación promedio, desde el año 1983 a la fecha, es superior al +230% anual y el promedio de la cuantía permanente de la deuda pública es, desde entonces, del 54% del PIB.

Ambos datos marcan que se habría arribado a la saturación de los 2 mecanismos históricos, luego de agotar también a la presión fiscal sobre el sector privado, que siempre utilizamos para financiar los crónicos déficit fiscales (un promedio del -4% del PIB desde el año 1983): tanto la emisión monetaria excesiva, cuando ya se agotó la demanda de dinero doméstico, como el abuso del crédito, interno y externo, cuando lo disponemos.

Está muy sumaria descripción de las últimas 4 décadas atraviesa a 9 periodos de gobiernos presidenciales democráticos continuos y resulta una consecuencia de, al menos, 2 grandes y determinantes discapacidades de nuestra dirigencia política. En primer término, una histórica incapacidad de lograr algunos pocos acuerdos políticos acerca de nuestra economía pública de largo plazo: sólo (y nada menos) se trata de alcanzar un razonable equilibrio fiscal; de preservar una moneda local sana y de procurar un tipo de cambio que no resulte persistentemente atrasado ni tampoco excesivamente alto.


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En segundo lugar, ya resulta innegable que es necesario dejar de ser un país desorbitado e integrarnos al mundo, y hacerlo cuanto antes; con la obvia mesura e inteligencia del caso, pero hacerlo. Las cadenas de valor económico añadido, tanto las de las aún llamadas industriales como las del sector agropecuario y las de los modernos servicios del conocimiento son todas globales, por las irreversibles y continuas innovaciones tecnológicas de las comunicaciones y el transporte, incluso en la actual era, ya de una post globalización.

No es razonable esperar un inmediato "encendido" o una rápida recuperación de nuestra economía, como el "stop and go" que ocurrió después de las crisis de los años 1989/90 y 2001/02; tanto porque la actual cuantía del sector público, que creció del 25% al 40% del PIB y su necesidad de financiación ahogo al sector privado; como por su composición, un 75% del gasto público argentino son transferencias internas (jubilaciones, salarios y subsidios), lo que dejó al estado sin capacidad suficiente de actuar, anti cíclicamente, vía obras y servicios públicos.

Para generar empleo productivo, formal y sostenible, superior a la demanda de trabajo del crecimiento de la población (+1% anual) hay que crecer. Y para crecer hay que invertir. La inversión pública y privada actual de nuestro país es solo del 13% del PIB. Ello no alcanza para sostener en el mediano plazo a la actual capacidad productiva de bienes y servicios. Es necesario duplicar, y muy rápido, a ese nivel de inversión, especialmente en energía, transporte y comunicaciones, para aspirar racionalmente a que nuestro ingreso real crezca.


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Asimismo, nuestra economía es muy cerrada; exportamos sólo el 12% de nuestro PIB; bastante menos que Chile, Uruguay, Perú o Paraguay. Sin más exportaciones, la histórica y crítica restricción presupuestaria de escasez de divisas continuará siendo el eterno limitante a un crecimiento económico sostenible en el largo plazo. El consumo interno puede y debe crecer, pero siempre a una tasa menor que la del crecimiento de nuestro PIB, para dejar un margen suficiente al ahorro y la inversión nacional.

Por el contrario, es imprescindible que la inversión (pública y privada, externa e interna) y las exportaciones crezcan a una tasa siempre mayor al del crecimiento del PIB. Para ello, renegociar con prudencia e inteligencia la deuda pública, quitar los impuestos que distorsionan a la producción, al ahorro, a la inversión, al empleo y a la exportación, requiriendo simultáneamente más productividad al sector público, surgen como los inmediatos imperativos de una salida a la penosa trampa del estancamiento con inflación.


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