Excarcelan al ingeniero sospechado por el robo de armas y hay un nuevo detenido en la causa

Tras pasar 48 horas detenido, el ingeniero en Sistemas que se desempeña como prosecretario de Informática del Poder Judicial, recuperó la libertad. Había sido apresado, sospechado de estar involucrado en el robo de armas del Poder Judicial y comercialización a través de las redes sociales.

Tal como lo había anticipado EL LIBERAL en su edición de ayer, cerca del mediodía el ingeniero prestó declaración de imputado ante la fiscal del caso, Dra. Natalia Saavedra, coordinadora de la Unidad Fiscal de La Banda.

Asistido por su abogada defensora, Dra. Sandra Zemán, el informático brindó precisiones respecto de dos viajes realizados al Centro Judicial de Monte Quemado el 31 de mayo y 18 de julio del 2019.

Explicó que en ambos casos él se había trasladado en una camioneta con un chofer (el detenido Rodríguez) que le fue asignado en ese momento, realizó trabajos de su área durante dos días y al momento de regresar, los jueces que estaban en ese momento le manifestaron que como tenía el vehículo del Poder Judicial en esa jurisdicción, debían aprovechar para trasladar secuestros de armas en desuso.

Siempre en función de lo que el ingeniero habría declarado, sostuvo que desconocía qué sucedió con las armas, ya que en los viajes, de regreso, lo dejaban a él en primer lugar en su domicilio, posteriormente a otro técnico, y era el chofer Rodríguez, el que debía dejar los secuestros en Tribunales.

Su declaración coincidiría con el de uno de los técnicos que habría estado presente en esos viajes.

La Dra. Zemán solicitó que se realice una audiencia con el juez de Control y Garantías, Dr. Carlos Ordóñez Ducca, y allí requirió el cambio de calificativa para su representado y la inmediata excarcelación.

La Fiscalía le había imputado de manera provisoria, el supuesto delito de “peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y ser miembro de una asociación ilícita”.

La letrada aseguró que no existía bajo ningún punto de vista la comisión del delito de “peculado”, porque el ingeniero nunca tuvo en su poder bienes del Estado ni mucho menos se enriqueció de ellos.

Así también, cuestionó que no era su función supervisar que el chofer entregara los secuestros en Tribunales y que no había evidencia alguna para suponer que tenía algún tipo de contacto con el resto de los imputados para conformar una asociación ilícita.

Además, la Dra. Zemán aseguró que no existía ningún riesgo procesal que justificara su detención.

La Fiscalía se opuso a lo planteado por la defensa, insistió en que el informático podía entorpecer la investigación.

Sin embargo, el Dr. Ordóñez Ducca, en una extensa resolución, decidió modificar la calificativa del imputado, rechazando la acusación como “miembro de una asociación ilícita”, conservando las restantes.

Habría sostenido que la investigación se encuentra en una etapa primigenia, pero que no había hasta el momento elementos que hicieran pensar en la existencia de algún peligro procesal que justificara la detención del ingeniero.

En consecuencia, el magistrado resolvió otorgarle la excarcelación; no obstante, continuará ligado al proceso judicial.

El caso

Cabe recordar que el pasado lunes, la Policía encabezó un allanamiento en donde requisaron una vivienda del barrio Salta Prolongación de La Banda.

Allí se secuestraron alrededor de 170 armas largas y otras tantas cortas, que no habían sido contabilizadas.

La investigación previa determinó que debían haber llegado al depósito de Tribunales, pero nunca lo hicieron y estaban en la casa de Rodríguez, chofer del Poder Judicial. Además, eran “ofertadas” a través de la red social Facebook.

En ese momento fueron apresados el chofer y dos de sus hijos, ambos empleados judiciales, uno en La Banda y el restante en Capital.

Procedimiento

Pese al hermetismo en torno a la investigación, las fuentes deslizaron que habría un cuarto detenido.

La causa es manejada con extremo recelo por parte de las autoridades judiciales. El cuarto detenido habría sido apresado en las últimas 48 horas.

Se trataría de un hombre sospechado de haber sido un intermediario entre los que se apoderaron de los armas y los “compradores” a través de las redes sociales.