Sorpresivo giro en la investigación por la muerte de Carrizo: piden tres detenciones

Para la Justicia, durante cinco años la muerte de Eduardo Enrique Carrizo se creyó accidental en aguas del canal San Martín.

Sin embargo, en virtud de diversos planteos de la querella, en las últimas horas la Fiscalía habría requerido la detención de al menos una mujer y sus dos hijos.

‘Homicidio en ocasión de robo y encubrimiento’ serían las imputaciones dominantes, en un dictamen refrendado por el fiscal álvaro Cantos que ya habría sido remitido a la jueza Rosa Falco.

La tragedia estalló el 17 de mayo del 2015. A las 19, en un quiosco de La Rioja al 2000 varios ‘amigos’ bebieron cervezas. A las 23, Carrizo fue acompañado por un par de individuos a extender la ‘farra’ detrás de la cancha del club Santa Rita, en el B° Industria.

Para el querellante, Marcelo Castillo Gioya, la hipótesis dominante es una sola: ‘Se apropiaron de sus bienes, lo golpearon y lo arrojaron aún vivo al canal’.

Dentro de esa hipótesis, se sospecha que Carrizo habría sugerido a los muchachos tener sexo. Uno se fue de la vivienda y la víctima quedó con el otro compañero.

Siguiendo esa línea, el individuo habría golpeado a trompadas y patadas a Carrizo, quien ni siquiera lograba sostenerse en pie por el alcohol.

Recibió un golpe en la zona lateral derecha de la cabeza, manchó con sangre una gorra y una remera.

Sangre y ambición

La macabra obra habría concluido cuando Carrizo fue arrojado a las aguas del canal San Martín.

Con familiares buscándolo por las aguas y en el barrio, el 22 de mayo, a las 17,30, el padre denunció en la Seccional 10ª que en La Rioja y avenida Libertador había hallado a su hijo.

Ese 22 de mayo, el cuerpo de Carrizo apareció cerca de la compuerta del canal, cerca de El Simbol.

Los investigadores comenzaron a interrogar a los ‘amigos’ de la víctima y escucharon más de 12 versiones diferentes.

Tantas verdades a medias, que uno fue apresado, luego liberado, y el resto imputado por ‘falso testimonio’.

Como de la nada, esos ‘amigos’ se convirtieron en sospechosos y los policías les incautaron, ropa, cigarrillos, cajas de vino, botellas de plásticos; luego una bicicleta playera, zapatillas y una campera desde la casa de la madre de dos hermanos, en Alsina y Santa Rosa, del B° Libertad.

Cinco años de investigación en la querella decantaron en un giro de 180 grados al proceso y el fiscal habría ordenado detenciones de tres personas. 

“Larga cadena de favores delictiva”

El fiscal álvaro Cantos habría realizado un pormenorizado análisis de los testimonios e informes científicos, dentro de un contexto valioso.

El documento del funcionario habría concluido en que Carrizo fue víctima de un “homicidio en ocasión de robo”, reprimido con penas de 10 a 25 años de cárcel.

Es decir, el primer objetivo fue el robo y la muerte de Carrizo, una resultante, necesaria para la consumación de la apropiación de sus bienes.

Esos cargos le serían enrostrados a un individuo y en orden decreciente afloraría la imputación del encubrimiento.

No es menos trascendente. Según los investigadores, familiares del principal sospechoso desplegaron una larga de “cadena de favores delictiva” para ocultar los bienes de la víctima.

No por carecer de importante valor económico, atenuaron la animosidad que despertó robarle la bicicleta y otros objetos personales.

En el puntilloso estudio del antes, durante y después del horror de Carrizo, Cantos plasmó su requerimiento.

“El cuerpo de la víctima siempre habló”

Para Marcelo Castillo Gioya, en el cuerpo de Carrizo los forenses advirtieron que la víctima presentaba lesiones en la zona frontal derecha del tórax, las cuales serían compatibles o provocadas con un elemento punzocortante.

Añadió ‘severos golpes en su cabeza’, como ya se había mencionado antes en la causa.

Violencia

En la lectura del abogado, las lesiones en la víctima dejan entrever que fue sometida a un acto de violencia física, previo a desprenderse de él lanzándolo al canal.

Las pruebas de la querella y de la Fiscalía ahora habrían dado “frutos”.

éstos se plasmaron en un dictamen que le quita el sueño al menos a tres personas, vecinas de la propia víctima.