Tierra de nadie

Por Agustín Alcorta - Abogado.

Un nuevo suceso conmueve

la opinión pública

argentina, tomas

de tierras por grupos

que en mayor o menor

medida se encuentran organizados,

intentan competir por un lugar en la

agenda mediática copada por el covid-

19.

Si bien es cierto las usurpaciones

no son una novedad para el argentino

promedio, los dichos de la Ministra

de Seguridad de la Nación, quien

manifestó que las tomas no son delitos,

constituyen un hecho político inédito

al pulverizar uno de los pilares

sobre los que se asienta el estado de

derecho y la civilización occidental:

el derecho a la propiedad privada y la

garantía que el estado asegura su efectivo

cumplimiento.

Tamaña afirmación produjo un cimbronazo

político fuera y dentro del partido

que gobierna la provincia de Buenos

Aires, por lo que su Gobernador, jurisdicción

donde se produjeron la mayor

cantidad de ocupaciones, ordenó a

su propio Ministro de Seguridad que saliera

a rebatir nuevamente a su par nacional.

Simultáneamente Juan Grabois, el

abogado que lidera la CETEP aprovechaba

los dichos de la cartera nacional

y publicaba en su cuenta de Facebook

una encendida defensa en favor de

los usurpadores. Afirmaba que odiaba

las tomas, que las mismas se producen

por necesidad y que nunca se debe

responsabilizar a los excluidos por

sus propios padecimientos.

También

decía que ocupar no es igual a usurpar

y que no existe delito por no ajustarse

al tipo penal, minimizando el hecho

por tratarse de “un problema de derecho

civil.”

Rara interpretación legal por parte

de un letrado, que un hecho no sea alcanzado

por la legislación penal sino civil

no lo convierte en lícito.

La propiedad

privada es una garantía constitucional

y su violación obliga al Poder Judicial

a restituir el bien y sancionar a sus

autores.

Por otra parte el contenido político

de su defensa también sería cuestionable,

en primer lugar porque un dirigente

social jamás debería apoyar actos

que atenten el orden público, menos

aun cuando la crisis por la pandemia parece

estar en su punto máximo.

Agitar

las aguas en un mar que ya se encuentra

embravecido no solo es un peligro sanitario

e institucional sino que poco ayuda

a un gobierno que -a través del IFE- puso

el eje de sus políticas públicas en contener

al sector que él representa. Y en segundo,

porque las tomas de terrenos y

de casas de fin de semana tienen mayormente

por victimas a la clase media, sector

al que la crisis pegó de lleno y que no

logra recuperarse al no haber obtenido

la misma consideración estatal.

El gobierno no puede mantenerse

inerme frente a estos hechos y debe

garantizar el cumplimiento de las

garantías constitucionales. Y Grabois

debe rever su posición, ganarse la antipatía

de la clase media es una pésima

estrategia política en una sociedad

polarizada como la argentina.

Cada

elección es definida por los sectores

medios, quienes mueven el péndulo

del poder a uno u otro lado de la

grieta y los estados de anarquía son

proclives al surgimiento de liderazgos

de extrema derecha, los que se hallan

justo al frente de su posición ideológica

y del partido gobernante.