El eje del urgente acuerdo político debe ser el crecimiento económico

El comentario exige una sumaria descripción del marco en el que se lo efectúa. El anterior gobierno nacional finalizó su mandato buscando, sin el éxito económico, el llamado “camino virtuoso” transitando el cual el déficit fiscal se corregiría automáticamente, no mediante la reducción del gasto público que no implique la provisión de más y/o mejores bienes y servicios públicos, sino a través del incremento de los ingresos fiscales derivados de la hipótesis del crecimiento de la economía argentina en su conjunto. Estaba implícita la necesidad de que la tasa de crecimiento del gasto público resulte siempre inferior a la tasa del crecimiento económico. Y que ello ocurra, hasta alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas, en un plazo inferior al de la tolerancia de quienes financian el referido camino virtuoso.

El actual gobierno nacional, desde la declamación de estar en las antípodas ideológicas y pese al resultado anterior, repite casi exactamente el mensaje político, probablemente bajo algún otro nombre como, por ejemplo, el “sendero justo”, pero con menores grados de libertad en ambas variables. La brecha entre el gasto público y los ingresos fiscales es ahora mucho más amplia que antes, mayormente por el grave impacto de la epidemia/cuarentena, y las menores posibilidades de encontrar quienes, desde el exterior, financien la transición resultan también mucho más complejas. Internamente, cualquier intento de una aún mayor emisión monetaria se encontrará con la elevada posibilidad de una muy alta inflación, con riesgos inadmisibles para la convivencia democrática.

Queda una coincidencia económica muy valiosa: la imperiosa necesidad de recuperar la capacidad de crecimiento, que merece ser el foco de la atención del conjunto de la clase política. Nuestro país, al culminar este muy crítico año 2020, tendrá un PIB por habitante similar al que ya disponía más de 4 décadas atrás. Nuestra tasa anual promedio de crecimiento económico de largo plazo, resulta apenas superior al +1% y continúa disminuyendo, no puede superar a la tasa media anual de la evolución poblacional de ese periodo. En un análisis más cercano, hace más de 1 década que nuestra economía no crece y la tendencia, vía el descenso de la inversión desde el 20% al actual 10% del PIB, es la ya referida y continua disminución de nuestra capacidad potencial de crecer.

Más cerca aún, desde mediados del año 2018, estamos transitando, una muy severa crisis de la confianza de los inversores, tanto de los externos como de los internos, acerca de nuestra capacidad de reconstruir una organización política y económica suficiente para iniciar un sendero de crecimiento sostenible, llámese este “camino virtuoso” o “sendero justo”, pero con un Estado fundamentalmente financiable y en el corto plazo. Con esas muy complejas, acumuladas y crónicas “enfermedades de base” de nuestro país, ocurrió la referida pandemia con la inmediata reacción de una muy estricta y prolongada cuarentena, sin los suficientes tests, “montándose” así está “ola exógena”, de muy alto stress sobre nuestra débil economía, sobre el ya muy crítico contexto interno descripto brevemente.

Generando así un escenario particularmente inédito, que hasta podría terminar con otra hipótesis, vigente desde hace unos 45 años, acerca de la supuesta excepcionalidad de la Argentina, en cuanto a su capacidad de sostener una especie de “teoría del subdesarrollo sostenible”. Teoría esta que, a su vez, resultaría ser la “victimaria” en nuestro país de todas las demás teorías, las de la búsqueda del desarrollo sostenible, pese a haber sido adoptadas en muchos países de nuestra misma región, donde los déficits fiscales y las elevadas inflaciones pertenecen al pasado, colocándonos como una rareza en Latinoamérica, salvo obviamente el muy extremo caso de Venezuela.

Así, se va delineando que la convergencia hacia el equilibrio de las cuentas públicas debe ser mediante la quita de los privilegios del gasto público que no redunda en más o mejores bienes y servicios públicos, sustentados en nuestras “ilusiones monetaria y fiscal”: no se acepta la disminución nominal de los ingresos, pero si la real, y el gasto público “todo lo puede” voluntariamente. Sin la disponibilidad de crédito ni la de un fondo público de contingencia, solo quedaba disponible la herramienta de menos calidad: la de la emisión monetaria. En los primeros 9 meses de este año 2020, el déficit fiscal acumulado fue de $1,7 millones de millones, que resulta exactamente igual a la emisión de dinero efectuado en ese periodo.

En este complejo contexto, está fuertemente instalado en la mayoría de la actual dirigencia política de nuestro país que el llamado bimonetarismo, entendiendo por ello a la simultánea validez de derecho y de hecho de 2 monedas: el peso nacional y el dólar estadounidense, respectivamente, es una de las causas de los problemas estructurales de Argentina. Sin reparar que, en realidad, sólo se trata de un efecto derivado de varias causas. Entre otras, la de una elevada y crónica inflación interna, o sea de una continua devaluación del peso, debido a una también crónica emisión monetaria, por encima de la demanda genuina de dinero, para intentar financiar así, sin éxito, a un continuo déficit de las cuentas públicas.

Se debería registrar que, a principios de este año, en los tiempos de pre-pandemia y con un déficit fiscal de menos de -1% del PIB, eran sólo menos de 0,5 millones las personas que mensualmente compraban dólares y las transacciones totalizaban unos 70 millones de dólares; mientras que, en un contexto de déficit fiscal alto, del orden del -6% a -8% del PIB y creciente, son casi 4 millones las personas que compran divisas por un monto de más de 700 millones de dólares por mes. O sea que, sin déficit fiscal no había una dolarización relevante. Seríamos entonces bastante más “normales” que lo que nos creemos.

Pero, la dolarización también ocurre por una predominante vigencia de tasas de interés reales negativas, inferiores a las tasas de inflación, que desalientan al ahorro y a la inversión en pesos. Asimismo, los gobiernos colaboraron con el fortalecimiento del bi-monetarismo con sus continuos esfuerzos por sostener al tipo de cambio “atrasado”, esto es relativamente bajo al precio de los dólares en términos de pesos. Es el políticamente muy atractivo “dólar barato” que opera a modo de un “ancla monetaria”, si bien siempre transitoria, pero que provoca un desfase de los tiempos electorales de la inexorable consecuencia del incremento de los precios internos, costos estos de las des prolijidades monetarias, que siempre son empujados hacia lo que se cree como un infinito “por-venir”.

Además de ser claramente un efecto, y no una causa, el bimonetarismo también podría ser visualizado como una espontánea reacción de la sociedad productiva, ante la realidad de una moneda local ya crónicamente “enferma” y, por lo tanto, invalidada, al menos en el corto y el mediano plazo, para el ahorro, la inversión y la creación de los empleos productivos privados. Con él bimonetarismo la comunidad productiva se provee a sí mismo de la posibilidad, mediante otra moneda relativamente más sana, de resolver a sus contratos, a sus intercambios y a las transacciones imprescindibles para el funcionamiento de la muy valiosa economía productiva.

Si bien Sir Thomas Gresham (1519-1579) hace más de 450 años, postuló su ley, válida en los sistemas bimonetarios, acerca que la “moneda mala” se ocupara siempre exclusivamente de atender a la demanda de liquidez, la del dinero destinado meramente a las transacciones cotidianas; mientras que la “moneda buena” atenderá la demanda de la reserva de valor económico, o sea al atesoramiento para solvencia y solo circulara complementariamente, siempre con una cotización diferenciada, si la seguridad jurídica la protege de las eventuales confiscaciones del estado.

Ante ello, la moneda local “enferma” no desaparece, pero es sólo usada como un medio de cambio, para los mercados internos y de las menores cuantías económicas y de corto plazo, evitando al menos la degradación a una muy primitiva e ineficiente economía de trueque. Quedando para la “moneda sana” las funciones abandonadas por la moneda local, tales como la de la reserva del valor económico y la del rol de la unidad de las cuentas a registrar en los mercados económicamente más relevantes, de mediano y largo plazo.

Generándose así un sistema bimonetario, que generalmente es reprimido por los gobiernos, agravándose el precio de la moneda “enferma” en términos de la moneda relativamente sana, ambas coexistentes. Aún cuando claramente se trata de una situación monetaria anormal y que, sin duda, hay que migrar desde ella hacía un único signo monetario nacional, no debe olvidarse que también se trata de una situación derivada de una grave y prolongada anomia de política monetaria del estado nacional. Recordemos que en los últimos 50 años consumimos a 5 signos monetarios y debimos quitar 13 ceros para no referirnos ahora a miles de millones de millones de pesos, y que también, al menos, el bimonetarismo impide una aún mayor paralización de la economía real.

Eso sí, siempre resultará necesario actuar antes de la “desaparición” de la moneda enferma, lo cual generalmente no ocurre ya solo con las sucesivas mayores emisiones monetarias, sino que puede suceder cuando también comienza a actuar complementariamente el muy dinámico e imprevisible mecanismo de la salida masiva de los depósitos en pesos de los sistemas financieros locales y la consecuente aceleración de la velocidad de la circulación del dinero local, por una creciente disminución de su demanda. En esas condiciones, aún sin una mayor emisión monetaria, también se disparan nominalmente todos los precios de los bienes y servicios de una economía.

Generalmente, desde los gobiernos solo se visualizan las eventuales “salidas” de shock, muy traumáticas, del bimonetarismo; “retando” a la sociedad, tanto por su abandono de la moneda local, pero enferma, como por la utilización de la moneda extranjera, pero sana. Ello ocurre aún cuando la moneda nacional haya sido “enfermada” por sus propios emisores. Paradójicamente, en la antigüedad siempre fueron los emisores de las monedas quienes penalizaban, hasta con penas de muerte, a todos aquellos que se atrevían a falsificar a su moneda, considerada desde siempre una institución fundacional de la confianza en la autoridad del poder político.

El bimonetarismo podría considerarse así como una reacción socio económica de los productores y de los consumidores, ante un muy explícito y continuo intento de un abusivo y confiscatorio “señoriaje feudal” de los gobiernos, mediante el monopolio de su moneda de curso legal. En esos casos, los de las emisiones de dinero persistentemente superiores a sus demandas, que configuran al no legislado impuesto inflacionario, el bimonetarismo cumple con el rol de eludir a ese gravamen ilegal y de no paralizar a una economía, precisamente cuando esta ingresa en las penosas situaciones de las fases de muy alta inflación relativa.

Roberto Cortés Conde en su “Historia económica mundial” nos señala que el mismo imperio romano utilizó durante siglos 2 monedas simultáneas: el solidium de oro y el denario de plata, que fluctuaban en sus conversiones mediante los mecanismos de sus respectivos mercados. Asimismo, la corona inglesa usó por muchas décadas simultáneamente a las libras esterlinas de oro y a las de plata; por otra parte, se encontraron monedas inglesas que circularon por centurias en Alemania y monedas alemanas que lo hacían en Francia; ducados venecianos en la actual Bélgica y florines en el sur de Italia, etc.

Se podrá decir que eran todos aquellos históricos tiempos anteriores a la masiva emisión de billetes y que la reserva del valor económico de las monedas eran su propio valor metálico intrínseco, ya sea en cobre, plata, oro y en algunas aleaciones. Pero, también debemos convenir que actualmente resulta mucho más relevante para la confianza acerca de la solvencia de una moneda (sea esta dólares, euros, yenes, etc.) la histórica conducta observada de la política monetaria de sus emisores que al estricto nivel de las reservas de sus bancos centrales.

Es muy oportuno recordar que nuestra patria nació bimonetaria por el pragmatismo de aquellos decisores políticos y militares de nuestra independencia, hace más de 200 años. Al romper nuestros vínculos con el reino de España en 1810, las aún solo Provincias Unidas del Río de la Plata quedaron sin moneda hasta la Asamblea de 1813 y, responsablemente conscientes de la inmediata necesidad de una moneda propia, decretó a la 1a moneda nacional en los siguientes y muy prácticos términos: Expídase la orden al Poder Ejecutivo para que le comunique al superintendente de la Casa de la Moneda de Potosí que, inmediatamente y bajo la misma ley y el peso que han tenido las monedas de oro y plata en los últimos reinados de Carlos IV y su hijo Fernando VII, se abran y esculpan los nuevos cuños en el modo siguiente: en el anverso de la moneda de plata “las provincias del Río de la Plata” y en el reverso el sol y “en unión y libertad” similarmente en las monedas de oro, con la sola diferencia de la inclusión de 2 banderas, 2 cañones y un tambor.

Con la derrota militar de Ayohuma, a fines del mismo año 1813, la recuperación de Potosí por el General Rondeau en 1815 y la posterior derrota de Sipe-Sipe, se perdió la 1a Casa de la Moneda de la después Argentina, iniciando así la larga y errática historia de esa institución para nuestro país. El bimonetarismo, explícito y transparente, como un marco monetario de transición hacia el saneamiento del peso, podría dar la posibilidad de una oportunidad de recuperación de las cualidades de reserva de valor económico y de unidad de cuenta y registro de operaciones financieras de largo plazo al peso.

Dado que la política monetaria nacional no se resignaría, como ocurre con los sistemas de dolarización de Panamá o Ecuador, en este caso el peso estaría cotidianamente “cotejado” ante otra “base monetaria” como la que se estima se dispone en dólares actualmente en Argentina y que solo estaría esperando la “serendipia” de un contexto de un poder ejecutivo no confiscatorio de los derechos de propiedad, de una razonable gestión parlamentaria, con un plan básico de proyecto de país hacia la prosperidad como “ancla política”, y de una aceptable seguridad jurídica, dada por la autonomía del poder judicial. Nada más y nada menos.

A lo largo de la historia moderna de la humanidad, en muy pocas naciones la evidencia empírica ha resultado tan “de manual” con la no aplicación de las reglas básicas de la prosperidad económica como en nuestro país.