Imputaron al exministro de Salud González García, a la ministra Vizzotti y Hugo Sigman por malversación de fondos

En el transcurso de este viernes, se conoció que el ex ministro de Salud, Ginés González García, la actual ministra Carla Vizzotti y el empresario farmacéutico Hugo Sigman, fueron imputados por el presunto delito de abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. La medida se dio a conocer tras la denuncia que exigía a la Justicia investigar el controvertido contrato del Estado con Sigman para la producción de vacunas de AstraZeneca en el país. El presidente Alberto Fernández, también fue imputado por este hecho.

Por estas horas, el juez Julián Ercolini derivó la causa al fiscal Guillermo Marijuan, que lleva adelante la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron a medios nacionales las imputaciones, al mismo tiempo que indicaron que la fiscalía pidió el allanamiento del Ministerio de Salud y el laboratorio Mabxience, de Sigman, para obtener los contratos y las constancias de pago o transferencias de dinero realizadas a causa de ese contrato. "En este momento se entregan órdenes de presentación para que cumplan con la entrega de estos documentos", dijeron en tribunales en el transcurso de esta tarde.

El expediente se inició con una denuncia presentada esta semana en Comodoro Py por Josefina de Elizalde, en representación del "espacio ciudadano apartidario", Acción Conjunta Republicana, por "malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, durante el proceso de negociación para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, que privilegiaron al empresario Hugo Sigman por sobre otros oferentes".

La denuncia se funda en el hecho de que el Ministerio de Salud admitió haber desembolsado más de 53 millones de dólares sin que al momento hubiera recibido ni una sola de las 22.400.000 dosis de la vacuna comprometidas.

Acción Conjunta Republicana se define como "un espacio federal apartidario que nuclea a ciudadanos argentinos autoconvocados de todo el país y el exterior, en defensa de la independencia de los poderes del Estado y del fiel cumplimiento de la Constitución Nacional", y en su denuncia recuerda que “el vínculo del gobierno con Sigman ha sido motivo de polémica casi desde el inicio de la pandemia. El entonces ministro Ginés González García habría atado toda su estrategia a la vacuna que produce quien sería su amigo, dejando de lado otras negociaciones que podrían haber facilitado las cosas. Recién cuando la vacuna de AstraZeneca tuvo problemas en los ensayos, el gobierno salió de ur-gencia a negociar con Rusia y China”.

Según la acusación a la que dio curso el fiscal Marijuan, “las negociaciones con el laboratorio Pfizer fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de ética en la función pública".

Tarragona , que también fue denunciada, al igual el subsecretario de Gestión Administrativa de Salud, Mauricio Monsalvo, fue directora general de la Fundación Mundo Sano, que dirige Silvia Gold, la esposa de Sigman y cofundadora del Grupo Insud.

“Esta ne-gociación se habría encontrado con la voracidad empresarial de Sigman, que con su ascendencia sobre el presidente y el ministro de Salud consiguió que lo consideraran como el ‘Plan A’”, relata la denuncia y prosigue: “Eso le permitiría al país ‘tener prioridad a la hora de acceder’ a las dosis, estimó, disponibles durante el primer semestre de 2021, siendo ambas declaraciones desestima-das por la propia realidad.

“Las declaraciones podrían ser inocuas, si no fuera porque, aunque al momento de la denuncia sigue sin haber llegado ni una sola dosis de la vacuna que se produce en Argentina y México, el gobierno de Alberto Fernández ya le pagó a AstraZeneca y Hugo Sigman el 60 por ciento del con-trato por 22,4 millones de vacunas, lo que supone un desembolso de alrededor de 54.000.000 de dólares norteamericanos”, señala y concluye: “Todo este desmanejo incomprensible ha puesto la salud y la economía de todos los argentinos en jaque.”