La crisis de Nicaragua

Mg. Pedro J. Basbus

Docente UCSE, Cátedra de Derecho Internacional Público, Magistrado.

“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. A principios de este mes, dos prominentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión se vieron obligadas a suspender sus actividades por las exigencias y controles introducidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.”

Esta frase fue parte del mensaje de La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en su Informe Anual en la 46° Sesión del Consejo de Derechos Humanos y que cubría el período ubicado entre los días 01 de agosto del año 2019 y 31 de diciembre del año 2020.

A la luz de los actuales acontecimientos que acontecen en Nicaragua, bueno es precisar ciertos datos que puedan ayudar al lector a comprender la génesis del conflicto, el origen del gobierno que conduce el Presidente Daniel Ortega (y su esposa) la posición de nuestro país frente a dicha crisis y como podría impactar ello en la región.

José Daniel Ortega Saavedra es el actual Presidente de Nicaragua (desde el día 10 de diciembre del año 2007) y líder el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (en adelante FSLN). En la actualidad transcurre su tercer mandato presidencial, se ha convertido en el Presidente que mayor tiempo ha permanecido en su cargo (15 años) e intenta salir airoso y extender su presidencia en los comicios a celebrarse el día 07 de noviembre de 2021.

Entre los años 1981 a 1984 ejerció la Coordinación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua y es uno de los líderes más importantes del FSLN luego del triunfo de la revolución sandinista (por Augusto Sandino, líder nicaragüense que estuvo al frente de la resistencia nicaragüense contra los E.E.U.U., creador de la Guardia Nacional y gestor de la presidencia de Anastasio Somoza quién luego lo traicionaría y ordenara su muerte).

Ortega fue Jefe de Estado desde 1985 hasta 1990, año en que el FSLN perdió las elecciones ante la Unión Nacional Opositora, coalición de partidos que entronara a Violeta Barrios de Chamorro.

Con posterioridad triunfó en los comicios del año 2006 realizados el cinco de noviembre y desde entonces ha sido reelegido en dos oportunidades más, en las elecciones del año 2011 y la homónima del año 2016.

Antes de su primera presidencia, Nicaragua estaba sumida en la dictadura del General Anastasio Somoza, aquel que traicionaría a Augusto Sandino, ordenando su muerte. Somoza llegó a decir que con la complacencia de los E.E.U.U. y luego del asesinato de Sandino iba a hacerse con el poder de Nicaragua, lo que finalmente lograría.

Es necesario indicar que, el gobierno de Somoza, contaba con la complacencia de los E.E.U.U. en especial si se tiene en cuenta el período en que el mundo estaba dividido ideológicamente entre el Este y el Oeste (la denominada Guarra Fría) y se pretendía evitar la infiltración marxista en el continente.

Luego de la caída de los Somoza (43 años en el poder) el FSLN da comienzo a un cambio radical en Nicaragua, cambio que tendría consecuencias continentales y llevaría a la intervención de potencias extranjeras tales como la Unión Soviética y, nuevamente, de Estados Unidos.

Tras la intervención de los E.E.U.U. y el bloque soviético, comienza un proceso de inestabilidad política y social que desembocó en una guerra civil promovida por las dos potencias que manejaban el hilo del contexto de la guerra fría, tanto en el período de la presidencia de Ronald Reagan y continuada por Bush padre.

El 4 de noviembre de 1984 Ortega gana las elecciones generales con un 63% de los votos, dando inicio a un mandato inspirándose en ideas del sistema socialista, marxista, leninista y castrista. Hubo una total intervención del estado (por oposición a la libertad de mercado y comercio del sector privado).

La intervención de ciudadanos opositores al régimen hace que el gobierno norteamericano apoye financie y organice la contrarrevolución, apoyando a los “Contras” y por el cual E.E.U.U. es luego sancionado por la Corte Internacional de Justicia en el célebre conocido como “Nicaragua vs. EEUU” (vgr. “Actividades militares y paramilitares en contra del Gobierno de Nicaragua” sentencia del 27/6/86).

En 1990, con la URSS en franco retroceso, cortadas las ayudas económicas de este bloque, sumido el aís en una de las más graves crisis económicas y políticas José Daniel Ortega Saavedra pierde las elecciones de mano de Violeta Barios de Chamorro que lideraba una coalición de 14 partidos políticos (Unión Nacional Opositora UNO) formada por partidos de derecha, centro derecha, centro y de izquierda. Como es de suponer, el país lejos estuvo de transitar un período de paz toda vez que las fuerzas vencedoras (integradas por aquellos “Contras”) exigían el desmantelamiento del FSLN y la devolución de las propiedades confiscadas y el FSLN por su parte, amenazaba con gobernar desde las sombras, socavando el gobierno electo.

La transición de 1990 tuvo lugar en un momento en que la estructura productiva del país se encontraba prácticamente en ruinas. Nicaragua, en 1989 tenía la deuda externa más alta de América Latina (3 mil millones de dólares estadounidenses). La política estaba polarizada entre el gobierno victorioso y el rencor del FSLN. Nicaragua sufría en 1990 el desgarramiento social producido por la guerra civil.

El gobierno de Barrios de Chamorro pretendió avanzar hacia una economía de libre mercado, tarea ímproba si se tiene en cuenta que, en el año 1990 el PBI per cápita era de USD 400, las exportaciones seguían caídas, la inflación en niveles de híper inflación todo lo cual colocaba al gobierno en una fuerte dependencia de los Organismos Internacionales de Crédito. La economía planificada y el estatismo del régimen pasado habían producido estragos.

Luego del devastador paso del huracán “Mitch” (1998) el FSLN se acerca y colabora con el gobierno de Arnoldo Alemán y, paso a paso, copa sus estructuras consumándose un pacto entre ambos grupos (1999) que iba a traer nefastas consecuencias para Nicaragua. Corrupción e impunidad son las características que imperaron, hubo reparto de cargos y lugares de poder y tras 16 años de gobiernos liberales, en las elecciones del 5 de noviembre de 2006, José Daniel Ortega Saavedra se impone en las elecciones generales.

En 2011 el FSLN vuelve a imponerse en las elecciones luego de un primer gobierno en el cual se impuso el férreo control del estado sobre la educación, salud, y economía. Asimismo, se legaliza la homosexualidad y se pena el aborto, y califica a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FACR) como sus hermanos (en el incidente por la liberación de Ingrid Betancourt). Sucesivas huelgas del trasporte público son prueba de una economía en declive y en estas condiciones arriba, junto a su esposa Rosario Murillo, a un cuarto mandato en el año 2017 obteniendo un 72% de los votos emitidos.

En 2018 se producen graves violaciones a los derechos humanos a raíz de la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y por la cual las fuerzas de choque atacan a ciudadanos de la tercera edad, jóvenes y periodistas. De acuerdo a la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, más de 1300 personas fueron desaparecidas y se registraron más 400 muertos a raíz de sucesivos conflictos sociales.

En este estado de cosas, en el año 2018, el Gobierno del Presidente Trump declara al gobierno de Nicaragua como una amenaza a la seguridad de los EEUU y sanciona al FSLN (evitando el acceso al crédito internacional). Diversos países, liderados por EE. UU., que apoyaban a los grupos opositores promotores de las protestas, establecen una serie de sanciones económicas y de movilidad contra Nicaragua.

La revuelta acaecida a raíz de las protestas en contra de la reforma del INSS colisionaron con la orden de la vice Presidenta Murillo de apoyar al régimen, produciéndose heridos y muertos en la revuelta.

Con posterioridad, el Presidente Ortega ordena a la policía, en julio del año 2018 y luego de semanas de protesta por las que se le exigía su renuncia, el Operativo Limpieza para restablecer el orden y la libre circulación en el país, lo que fue visto como un nuevo episodio de represión ilegal causado por grupos para militares afines al régimen.

Diversos Organismos Internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (como se observa en el mensaje que principia este artículo) el Grupo de Lima y la Unión Europea, condenaron los hechos de violencia y convocaron al diálogo para la paz, empero los acontecimientos posteriores lejos estuvieron de acercarse siquiera a este diálogo propuesto.

Más allá de los abusos cometidos, las sanciones impuestas por los EE.UU., las condenas de la Unión Europea, OEA y Grupo de Lima, la crisis política, social y económica no ha cesado. Un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia renunció en el año 2019 denunciando la dictadura existente (hoy exiliado en Costa Rica).

En junio de 2019, tras una negociación se liberan 56 presos, entre ellos Lucía Pineda, Miguel Mora y varios jóvenes líderes de las protestas, que se suman a una lista consensuada aprobada por la Cruz Roja Internacional de 432 encarcelados por estos motivos. Estas sanciones impuestas por los EEUU, La OEA, Canadá y organismos de DDHH se mantuvieron toda vez que el gobierno de Ortega se negó a pactar el adelanto de las elecciones.

Pero el extremo de la crisis se hizo ver a raíz de las detenciones de los candidatos a las presidenciales de noviembre Y, en estas condiciones, intentando no agotar al lector, arribamos a este año 2021 en donde la opinión pública pudo observar cómo, uno tras otro, los adversarios políticos de Ortega (Cristiana Chamorro Barrios, su sobrino Fernando, Arturo Cruz, Víctor Tinoco, Félix Madariaga) fueron detenidos, imputados de haber cometido ciertos delitos bajo la laxa fórmula de traición a la patria.

Ya en octubre del año 2020 la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución donde establecía el mes mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Ortega implementara reformas electorales para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre en el país. No obstante, las reformas electorales efectuadas por la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista fueron rechazadas por la comunidad internacional. Ortega mantiene el control del Consejo Supremo Electoral, anuló la observación electoral y prohibió el financiamiento para candidatos.

Tras la aprobación de dichas reformas, la CIDH expresó su preocupación porque las mismas impiden la participación libre de los espacios democráticos del país (ante la discrecionalidad del Consejo Electoral cooptado por el FSLN).

Nicaragua sigue sumida en su crisis económica, social y política y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos no se han detenido más allá de la protesta internacional.

ARGENTINA Y NICARAGUA

Nuestro país mantuvo una conducta vacilante y para algunos inexplicable frente al atropello perpetrado y las reiteradas violaciones a los derechos humanos denunciadas.

Es extraño que ello haya ocurrido en una República que es líder en Latinoamérica en la defensa de los derechos humanos (piense el lector en el memorable juicio a las Juntas Militares de la última dictadura, los pronunciamientos de nuestra Excma. Corte suprema de Justicia que declararon inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida entre otros).

Así se abstuvo (Junto a Méjico) de votar la Resolución dispuesta el pasado 15 de junio por la OEA (que requería la inmediata liberación de los precandidatos a presente y presos políticos) avalada por 26 países miembros. Si bien la República Argentina en su voto expresa la preocupación por las detenciones arbitrarias en Nicaragua, se abstiene de votar la Resolución dispuesta so pretexto de violentar el principio de no intervención en asuntos internos.

Con posterioridad y en un giro en su postura, convocó a consulta a su embajador en Nicaragua, conducta que demostraba su desagrado con la situación provocada por el gobierno nicaragüense de “poner en peligro la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses".

Pero volviendo a desandar su camino, el pasado 22 de junio nuestro país se negó a firmar, junto a más de 60 países, una dura Declaración (en el marco de una sesión en la ONU) que exigía la liberación de presos políticos y elecciones libres y trasparentes. Inexplicable yerro en nuestra política exterior que nos coloca junto a países totalitarios cuando nuestra historia nos compele a hacer todo lo contrario.

A esta altura del relato bueno es recordar que el principio de no intervención, proclamado en la Carta de Las Naciones Unidas(inciso 7 del artículo 2) debe ser prudentemente armonizado junto a la denominada “Responsabilidad de Proteger” (R2P o RtoP) enarbolada en la Cumbre Mundial de los Estados (ONU 2005) y por la cual, los estados que forman parte de la comunidad internacional asumen un compromiso de prevención, reacción y sanción contra los delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad y el delito de agresión.

Los ejemplos lamentables de lo acontecido en la Ex Yugoeslavia (los Balcanes) Ruanda, Darfur, Siria, Myanmar, entre otros, en donde la organización de Las Naciones Unidas llegó demasiado tarde frente a masivas violaciones de derechos humanos deberían ser, cuanto menos, un acicate para votar la condena a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos más cuando las pruebas son contundentes a la luz del informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

En el orden regional, la situación de Nicaragua merece la urgente respuesta de los países que forman parte de distintos bloques, políticos y de integración (vgr. OEA, Mercosur, CAF, entre otros) pues no es dable permitir que las violaciones a derechos fundamentales queden sin sanción.

Es de esperar que Nicaragua no forme parte de aquella triste lista.