Reflexiones sobre la trata de personas y el fenómeno de la corrupción

Este 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, señalado por Naciones Unidas como la fecha para concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.

Sin duda alguna, la lucha contra la trata de personas se ha erigido como uno de los mayores retos del siglo XXI. Esto se debe no solo al impacto que tiene como forma de moderna esclavitud (tal como se la suele denominar), sino también por su capacidad de daño social que socava lo más profundo del tejido social.

Sabemos que la trata de personas con fines de explotación es un fenómeno que no conoce de fronteras, que varía, que se adapta fácilmente a las distintas realidades y que, sobre todo, tiene una enorme capacidad de expansión. Por ello, no resultan suficientes para su erradicación las acciones aisladas de algunos actores del Estado que se encuentran férreamente comprometidos en su lucha. Es indispensable la articulación constante entre los diversos organismos que tienen a su cargo la enorme tarea y responsabilidad de combatirla, para garantizar y hacer respetar el mayor valor de la condición humana: su dignidad.

Trata de personas y corrupción

Cuando hablamos de corrupción se puede representar una primera idea relativa al enriquecimiento ilícito de funcionarios que no pueden justificar sus bienes, pero, sin embargo, los actos de corrupción pueden adquirir distintas formas que comprometen diversos niveles de lo público, diferentes actores y tipos de relacionamiento. Bien sabemos que la corrupción abarca distintas manifestaciones y todas ellas entran en contacto, a su vez, con uno de los fenómenos más relevantes para el derecho penal contemporáneo: el crimen organizado.

Amén del enorme desafío que representa el análisis sobre el rol de la corrupción en la trata de personas, existen indicios consistentes de que la corrupción es un factor fundamental para el funcionamiento de estas redes, por cuanto facilita o promueve que se produzca el delito y que las estructuras criminales actúen con impunidad. Asimismo, genera una mayor victimización –por la vía de la trata en sí misma y por la vía de la corrupción de las instituciones y/o funcionarias que deberían combatirla y proteger a sus víctimas–, siendo las mujeres y niñas quienes se ven más afectadas.

La corrupción asociada a la trata se manifiesta a lo largo de toda la cadena criminal -lugar de origen o captación, traslado y lugar de explotación-, pero también en los sistemas de justicia o de protección de las víctimas.

El daño social que genera este tipo de corrupción asociada a la trata de personas debe ser visibilizado. La visión androcéntrica del daño que produce la corrupción en la sociedad, oculta muchas veces los efectos directos que estas conductas pueden tener en profundizar y mantener la marginación y exclusión de sectores especialmente vulnerables como la niñez, las mujeres, la población LGTBIQ+, las y los migrantes, las comunidades de pueblos originarios, los sectores populares.

Entre el amplio abanico de conductas podemos señalar: a) falsedad documental (por ejemplo, en permisos de residencia para víctimas y documentos de identidad de menores); b) paso seguro a tratantes y sus víctimas en cruces migratorios; c) otorgamiento de licencias o permisos municipales para el funcionamiento de locales en donde se llevan adelante actividades ilegales; d) cobros periódicos de dinero o “favores sexuales” por funcionarios que omiten sus deberes de vigilancia o dan aviso de actuaciones investigativas o de inspección; e) aviso a las redes de trata de operativos de intervención y otras actuaciones judiciales; f) inactividad judicial e impunidad; g) actas y testigos falsos en procedimientos judiciales; h) amenazas a víctimas y testigos; i) pasividad, encubrimiento, obstaculización o connivencia de funcionarios (policías, jueces, fiscales, funcionarios municipales, etcétera); j) situaciones donde son los propios funcionarios quienes controlan el negocio ilícito o son miembros de la red.

Estas acciones son, en algunas ocasiones, la manifestación de actos de corrupción individual o aislada, pero en otros casos forman parte de dinámicas delictivas que se erigen como verdaderos actos de corrupción sistémica.

Por lo tanto, la desarticulación de las estructuras criminales vinculadas a la trata requiere un abordaje integral de la investigación que incluya el componente corrupción, entendida en este caso como el accionar de funcionarios y/o instituciones públicas, orientado a facilitar o promover la comisión del delito, a no actuar con la debida diligencia en su detección e investigación, o a participar y dirigir activamente la organización dedicada a la explotación de seres humanos.

Entre los años 2009 y 2020, en Argentina los funcionarios públicos configuraron tan solo el 1,9% del universo total de personas condenadas por su vinculación a la explotación de personas. Circunstancia que nos obliga a pensar nuevas estrategias preventivas y de persecución de la trata de personas, generando mayor y mejor coordinación intra e interinstitucional entre operadores del sistema de justicia a la hora de abordar las investigaciones.

Escenario regional

En esa línea, la lucha contra la corrupción asociada a la trata forma parte de la agenda de trabajo conjunto entre las redes especializadas de fiscales anticorrupción y de trata de personas en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Púbicos (AIAMP).

La AIAMP es una entidad sin fines de lucro, integrada por 22 Ministerios Públicos y/o Fiscalías de Iberoamérica y, entre sus objetivos, se encuentran promover el establecimiento de estrategias comunes para enfrentar los problemas fundamentales concernientes a la institución, especialmente referidos a Crimen Organizado (narcotráfico, terrorismo y trata de personas) y tratamiento de Víctimas y Testigos.

En el seno la AIAMP, existe desde el año 2011 la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), actualmente coordinada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). A su vez, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), integra la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción, creada en el año 2017 con miras a fortalecer los trabajos que se venían desarrollando en el marco del Grupo de Trabajo de Combate a la Corrupción que la precedió, bajo la coordinación del Ministerio Público Federal de Brasil.

Desde esta perspectiva que aborda la temática trata y corrupción, la PROTEX y la PIA han sido promotores de múltiples iniciativas en el armado de actividades internacionales, la elaboración de documentos sobre Buenas Prácticas y de declaraciones regionales conjuntas. De este modo, a lo largo de las distintas instancias se consensuó la necesidad de generar pautas de actuación con enfoque de género en las estrategias anticorrupción, profundizar las investigaciones en pos de determinar el rol de los funcionarios públicos, como así también intensificar en las pesquisas la aplicación práctica de lineamentos vinculados a una perspectiva de género.

Se analizaron los riesgos de corrupción que están presentes en las distintas etapas del delito de trata, poniendo foco en la falta de identificación y persecución temprana de este tipo de prácticas, que pueden darse en cuerpos policiales, en agentes aduaneros, médicos, jueces, fiscales, autoridades municipales, que permite la proliferación de esta actividad criminal.

Si bien creemos que es mucho el camino por recorrer, entendemos que estas acciones son especialmente relevantes, no solo en Argentina, sino en América Latina y el Caribe, donde los problemas en materia de corrupción son una prioridad común.