El sistema de primarias abiertas nuevamente a debate

Por Enrique Zuleta Puceiro

El reconocimiento semi oficial de que el gobierno estudia alternativas para algún tipo de suspensión del sistema de elecciones primarias abiertas y obligatorias imprime un nuevo ritmo a un debate creciente acerca de un sistema que ha sido objeto de controversias desde los tiempos de su controvertida puesta en funcionamiento en el año 2009.

Nacido de un pacto de conveniencia entre el entonces Jefe de Gabi nete Abal Medina y la conducción radical de la época- kirchnerismo – a cargo del santafecino Mario Barletta-la reforma busco garantizar la continuidad de un esquema de competencia bipolar entre las dos grandes fuerzas políticas. La idea era favorecer la emergencia de corrientes internas, garantizando al mismo tiempo un control férreo final de la competencia final, preservándola de la amenaza de terceras fuerzas. La hipótesis del oficialismo era la de que el sistema de las PASO fragmentaria a la oposición, liderada en aquel entonces por nueve candidatos y, al mismo tiempo desalentaría aventuras electorales de terceros candidatos y obstaculizaría el surgimiento de una tercera gran fuerza electoral.

El sistema no produjo los efectos deseados. Mas, bien al contrario. Tampoco sirvió para consolidar el sistema de partidos. Contribuyo más bien a su pérdida de identidad y consistencia interna. Si bien favoreció la configuración de coaliciones electorales exitosas, fue al precio de una profunda debilidad para afrontar las responsabilidades del gobierno.  Parte importante del fracaso gubernativo de los dos gobiernos nacidos de las elecciones de 2015 y 2019 puede atribuirse al debilitamiento de los partidos, a su escasa consistencia e incapacidad operativa a la hora de los compromisos y responsabilidades en el gobierno. Las PASO han generado un sistema de campaña electoral permanente, han diluido todos los mecanismos de concertación política interna y han desencadenado fuerzas centrifugas ya imposibles de controlar.

Las posiciones en pugna esgrimen hoy argumentos ya conocidos. Tanto los propugnadores de la suspensión – hoy por hoy casi todos los gobiernos provinciales - como sus ocasionales detractores comparten razonamientos del tipo de los que llevaron al gobierno de Macri y luego al gobierno de Fernandez a postular la supresión del sistema,  en ambos casos con un cerrado rechazo opositor.

Unos y otros reconocen, que el sistema está muy lejos de haber logrado los objetivos que lo inspiraron. Las posiciones favorables a la continuidad responden más bien a razones de conveniencia y oportunidad. Cada uno sospecha que el sistema favorece al adversario, pero todos concuerdan que una reforma in extremis, a escasos ocho meses de las elecciones solo sería posible de mediar un acuerdo mínimo que permita un balance de beneficios y perjuicios

Todas comparten que las reformas electorales no son inocentes y que el problema es apostar a neutralizar un sistema poco eficiente, cargado de sorpresas  sin el costo político de promover una ruptura unilateral a las reglas del juego electoral. De allí que los proyectos de supresión estén surgiendo de legisladores aislados, sin mayor inserción en los grandes bloques políticos.

Las resistencias de los candidatos opositores son comprensibles. Las alternativas que compiten desde las listas del PRO no alcanzan a corpori9zar una alternativa conducente. La posibilidad de resolver las candidaturas a través de elecciones internas,  algo normal en cualquier fuerza política en cualquier lugar del mundo, parecería estar al menos por el momento fuera de consideración dentro de una fuerza política casi vecinal, sin padrones, afiliados ni experiencia de democrática interna. Su proyección nacional sigue dependiendo en esencia de su acuerdo con la UCR, una fuerza nacional que se anima y gana fuerzas precisamente a través de luchas internas  que vivifican su identidad y capacidad de resistencia.

Mas allá del interés de algunos grupos minoritarios en grandes distritos, el radicalismo parece más interesado en fortalecer su unidad y disciplina interna. Cabe tener en cuenta que hacia las elecciones del 2023 no cuenta esta vez con candidatos presidenciales fuertes. Tampoco cuenta con figuras competitivas en la provincia de Buenos Aires. Tiene asegurado, sin embargo, su lugar en la Vicepresidencia y su mayor interés está centrado en proteger las provincias que gobierna, en crecer en otra media docena de distritos, y continuar avanzando en el control de una docena de capitales y ciudades intermedias importantes. Su objetivo primordial es asegurar un papel relevante en el próximo Congreso como factor central de arbitraje en un sistema institucional que permanecerá empatado después de las próximas elecciones.

Mas allá de los intereses coyunturales de los candidatos de una u otra fuerza política, lo cierto es que el sistema de las PASO ha fracasado en el logro de todos sus objetivos iniciales. Ha contribuido a desnaturalizar la competencia electoral, ha llevado los costos de los procesos electorales a limites casi extravagantes y ha situado a los partidos en el límite de su capacidad de subsistencia.

En las provincias que adoptaron el sistema nacional, los proyectos de suspensión o cancelación han comenzado a concretarse. A la suspensión del sistema en San  Juan y Salta, se aprestan a sumarse Chubut, Catamarca y La Rioja. El debate es intenso en  Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. El resto de las provincias, que  resistieron en su momento la influencia del sistema nacional, han sumado la opinión de sus gobernadores en contra de la continuidad de las PASO nacionales. Su resistencia obedece sobre todo a la necesidad de evitar que la agenda política nacional, en general absolutamente ajena a las situaciones provinciales,  se instale durante meses en las provincias, sin otro beneficio que el de la media docena de candidatos de Juntos para el Cambio.

Para entender el sentido de los cuestionamientos actuales se impone recordar los términos de la polémica. La reforma intento promover una mayor democratización al interior de los partidos políticos y establecer mecanismos de estímulo a la democracia interna y al afianzamiento de corrientes internas. Se buscaba así , “una competencia ordenada y previsible” en el contexto de un sistema que se preveía cada vez más débil y atomizado.