Preventiva para albañil por matar al amigo en una escuela primaria

La Justicia de Las Termas de Río Hondo dictó ayer prisión preventiva para un albañil bandeño, acusado de beber copiosamente con su compañero de trabajo y "amigo", en el interior de una escuela en refacción de Jiménez, y de asesinarlo a puñaladas.

En audiencia, el fiscal Emanuel Sabater y el querellante, Marcelo Castillo Gioya, requirieron prisión preventiva para Pablo Exequiel Aranda, 27, atribuyéndole el crimen de Ricardo "Richard" Palavecino, 34 (del B° Industria). Los cargos son "homicidio simple", reprimido por mínimas y máximas de 8 y 25 años, respectivamente. Aranda residía en calle Formosa y Canal del B° Juan Felipe Ibarra de Capital.

El asesinato se registró el 27 de abril pasado en Suri Pozo, Jiménez, en la escuela 238. El horror estuvo precedido de una ronda de copas. Como los responsables de la obra no los buscaron en un transporte para regresar a Santiago, víctima y victimario comenzaron a beber.

Antes de las 6 de la madrugada, Aranda se habría armado con un cuchillo y apuñaló mortalmente a Palavecino. Urgente, terciaron los otros compañeros de trabajo y socorrieron a la víctima al hospital del Charco, Jiménez, donde llegó sin vida. Palavecino presentaba una herida de arma blanca en el corazón.

Al declarar, un albañil precisó que cinco obreros tenían a su cargo mejoras en las aulas. Casi todos se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas junto a Carlos, "Richard" y Pablo. Cerca de las 00, testigo y Carlos se fueron a descansar y quedaron solos "Richard" y Pablo.

Al amanecer, el testigo se levantó sobresaltado por los gritos. Vio que "Richard" y Pablo se encontraban forcejeando y Pablo tomó un cuchillo y lesionó mortalmente al otro trabajador y se dio a la fuga.

Finalmente, los policías se presentaron en la escuela, esposaron a Aranda y lo ascendieron al patrullero, obviamente en estado de ebriedad.

Testimonios, entre albañiles, capataces y contratistas

La querella bregó para que Sabater investigue más en profundidad. "Deseamos certezas sobre por qué los trabajadores no se marcharon y seguían en el establecimiento educativo", dijo Castillo Gioya en audiencia, presidida por el juez de Control y Garantías, Diego Vittar.

Los alcances del planteo conllevan una batería de medidas, en especial testimoniales que abarcan a todos los albañiles de la obra, capataz, maestro mayor de obra, contratista y personal educativo a cargo de la escuela.

Ahora, la Fiscalía dispondría más medidas, cuyas conclusiones contribuirán a alcanzar una visión mucho más global de todo lo sucedido.