Organismo de DD.HH. exige la conformación de nuevo tribunal

En un comunicado de prensa, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero, expresó su repudio al “fallo inédito” -sostuvo- de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por la cual se apartó al Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que venía llevando adelante las audiencias de la Megacausa III.

En el escrito, la entidad, reflejó que la medida tomada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Marcelo Hornos, que apartó del proceso al tribunal conformado por el Dr. Ramos Padilla, la Dra. Noli, y el Dr. Pérez Villalobos, provocó la suspensión del juicio “que comenzó el 22 de Agosto, con 10 audiencias realizadas, y habiéndose recepcionado más de 15 testimonios brindados por testigos víctimas”.

La Asociación sostiene en la nota que este fallo es contrario “a la jurisprudencia de todas las salas y el Código Procesal Penal de la Nación. Nunca antes se había suspendido un debate oral en pleno desarrollo, admitiendo quejas por recursos ya resueltos con anterioridad”.

Además, asevera que el Poder Judicial “ha decidido continuar con la impunidad de los delitos que se están juzgando en la Megacausa III, donde entre otros imputados se juzga la responsabilidad de dos ex funcionarios judiciales durante la última dictadura cívico militar”.

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“Nos llevó más de trece años de instrucción, y más de tres años para conformar un tribunal; ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para la conformación de un nuevo tribunal? Las víctimas esperamos justicia hace 40 años”, expone el organismo de derechos humanos en el documento.

“Nos llama poderosamente la atención, que por un lado se declare públicamente la reafirmación del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad por parte de los tres poderes del Estado, mientras que esta resolución que repudiamos, no hace más que poner en duda el compromiso declarado”, agrega la nota.

El comunicado concluye exigiendo “a los tres poderes del Estado la decisión política necesaria para la conformación de un nuevo tribunal, en resguardo de las víctimas”, y que la medida sea tomada “a tiempo” para impedir la “impunidad biológica” de los acusados.