Fiscal de Estado exige que se investiguen los "nombres repetidos" que aparecen en las estafas con tierras
Se trata de “personas que falsifican documentación, realizan ventas apócrifas de terrenos que muchas veces pertenecen al Estado o a particulares”, dijo el fiscal de Estado, Raúl Abate. Por la grave situación proyectan crear un Juzgado Civil de Tierras.
Textos: Gustavo Gallardo y Diego Nofal
Escribanos, empresarios, abogados, baqueanos y empleados infieles son actores principales de una trama a través de la cual se apoderan de miles de ricas hectáreas, estratégicamente marcadas en el inconmensurable mapa santiagueño.
Por ellas, los cinco jueces del Crimen investigan e instruyen casi una docena de expedientes en que relucen delitos como usurpación, lesiones, daños, falsificación de instrumento público, por citar los más relevantes.
Los departamentos más atractivos para las maniobras: Copo, Mariano Moreno, Pellegrini, Figueroa y Avellaneda, confesó un instructor que desde el 2009 trabaja sólo en dos de los procesos, con damnificados que también denunciaron haber sido golpeados.
Paradójicamente, muchos de los expedientes dejan entrever que los personajes investigados habrían ingresar a las tierras valiéndose de recursos y documentos previsto por la ley, cuya naturaleza habitualmente adolecería de la necesaria legalidad.
Uno de esos casos por presunta estafa estaría focalizado en el campo de Tres Pozos, ubicado en el departamento Atamisqui, precisó un alto funcionario judicial.
Lo componen cerca de 900 hectáreas, valuadas en alrededor de U$S 160.000.
La historia arrancó en el año 2007. De acuerdo con la denuncia penal, ese año un abogado y emisarios cordobeses acudieron a Rubén Alejandro Carnovale, informándole sobre un negocio “redondito”.
Para el 2008, la operación ya habría sido cerrada y abonados porcentajes a varios intermediarios, entre los que actuó un abogado. En septiembre del 208 surgieron graves problemas.
Sorpresivamente, Carnovale supo sobre la aparición de Mercedes Santillán Sosa, alegando ser heredera de Américo Santillán, real titular registral del campo en cuestión.
En consecuencia, la propiedad nunca le podría haber sido ofrecida, menos puesta en venta.
Para dar contundencia a la documentación respaldatoria, Santillán Sosa habría advertido que haría una presentación ante el propio Registro de la Propiedad Inmueble.
Automáticamente, se esfumaron los intermediarios en quienes depositó su confianza Carnovale. Molesto, asumiéndose estafado, el hombre fue a Nueva Francia (por ruta 9, hacia el sur) y un vecino le habría informado que el abogado gestor de la hipotética compra cuestionada le habría pagado $ 500 por su firma (¿?).
Sin justificativo aparente, se sospecha que el letrado habría obtenido un poder supuestamente apócrifo hecho en la vecina provincia de Tucumán.
La investigación se sitúa en contra del escribano y, obvio, el abogado acusado de estafa.
Escribanos, empresarios, abogados, baqueanos y empleados infieles son actores principales de una trama a través de la cual se apoderan de miles de ricas hectáreas, estratégicamente marcadas en el inconmensurable mapa santiagueño.
Por ellas, los cinco jueces del Crimen investigan e instruyen casi una docena de expedientes en que relucen delitos como usurpación, lesiones, daños, falsificación de instrumento público, por citar los más relevantes.
Los departamentos más atractivos para las maniobras: Copo, Mariano Moreno, Pellegrini, Figueroa y Avellaneda, confesó un instructor que desde el 2009 trabaja sólo en dos de los procesos, con damnificados que también denunciaron haber sido golpeados.
Paradójicamente, muchos de los expedientes dejan entrever que los personajes investigados habrían ingresar a las tierras valiéndose de recursos y documentos previsto por la ley, cuya naturaleza habitualmente adolecería de la necesaria legalidad.
Uno de esos casos por presunta estafa estaría focalizado en el campo de Tres Pozos, ubicado en el departamento Atamisqui, precisó un alto funcionario judicial.
Lo componen cerca de 900 hectáreas, valuadas en alrededor de U$S 160.000.
La historia arrancó en el año 2007. De acuerdo con la denuncia penal, ese año un abogado y emisarios cordobeses acudieron a Rubén Alejandro Carnovale, informándole sobre un negocio “redondito”.
Para el 2008, la operación ya habría sido cerrada y abonados porcentajes a varios intermediarios, entre los que actuó un abogado. En septiembre del 208 surgieron graves problemas.
Sorpresivamente, Carnovale supo sobre la aparición de Mercedes Santillán Sosa, alegando ser heredera de Américo Santillán, real titular registral del campo en cuestión.
En consecuencia, la propiedad nunca le podría haber sido ofrecida, menos puesta en venta.
Para dar contundencia a la documentación respaldatoria, Santillán Sosa habría advertido que haría una presentación ante el propio Registro de la Propiedad Inmueble.
Automáticamente, se esfumaron los intermediarios en quienes depositó su confianza Carnovale. Molesto, asumiéndose estafado, el hombre fue a Nueva Francia (por ruta 9, hacia el sur) y un vecino le habría informado que el abogado gestor de la hipotética compra cuestionada le habría pagado $ 500 por su firma (¿?).
Sin justificativo aparente, se sospecha que el letrado habría obtenido un poder supuestamente apócrifo hecho en la vecina provincia de Tucumán.
La investigación se sitúa en contra del escribano y, obvio, el abogado acusado de estafa.