El clan Puccio, el negocio de la muerte El clan Puccio, el negocio de la muerte
A medida que se acercaban a la dirección indicada los investigadores tomaron conciencia que estaban ante una banda muy particular. Es que la calle Martín y Omar está en pleno centro de San Isidro y no en una zona marginal. Por eso no los sorprendió encontrarse en el número 544 con una casona de estilo colonial que no desentonaba con el resto de las típicas casas de esa cotizada parte del norte del conurbano bonaerense. Nadie podía presuponer que allí pudiera estar cautiva una persona secuestrada.
Los efectivos traspusieron el portón de entrada y se encontraron con un patio que a la vez era utilizado como garaje. Al fondo vieron dos de los dormitorios y a la izquierda una puerta que llevaba a un sótano. Allí mismo, en el patio, sorprendieron a Alejandro Puccio de 26 años y a su novia Mónica Sorvick. Fueron detenidos inmediatamente. Otros policías bajaron al sótano. Descendieron seis escalones en forma recta y otros seis a la derecha. Hallaron un amplio, desordenado y sucio ambiente. Decenas de botellas de vino apiladas, viejos utensilios, una mesa de carpintero con forma de ele y distintas herramientas servían de tétrica escenografía. Hacia la izquierda había un mueble de dos metros de altura y un catre. Cuando lo revisaron se dieron cuenta que el armario tenía cuatro rueditas semiocultas. No fue difícil correrlo. Al hacerlo descubrieron una puerta de madera. El impacto llegó cuando la abrieron: una estrecha habitación de un metro y medio de ancho por tres metros de largo que estaba dividida por otro mueble. Una carpa del estilo tienda de campaña cubría la mitad del ambiente. Caminaron despacio casi sin poder respirar. El aire escaseaba y el olor era nauseabundo. Cuando traspusieron unos fardos de pasto mojados, colocados adrede para despistar al cautivo, la pudieron ver. La señora de Prado estaba sobre un colchón mojado, encapuchada y uno de sus pies, muy lastimado, encadenado a la cama.
Presa de un ataque de histeria, confundida, pidió que no la mataran. Juraba que sus hijos harían lo que le pidieran. Uno de los policías se acercó, se identificó y logró calmarla. Pero el estado de la mujer era deplorable. Había pasado treinta días en ese horrendo lugar y las consecuencias eran visibles. La ayudaron a subir las escaleras y con prisa la trasladaron en un patrullero hacia un hospital.
En la casona de San Isidro, otro joven observaba lo que hacía la policía con detenimiento y ansiedad. Mario Neuman, cuyo padre había sido secuestrado y permanecía desaparecido, buscaba desesperado alguna pista que lo orientara hacia la búsqueda de su progenitor. Pero los Puccio no habían sido los responsables de ese hecho. Sí de otros tan terribles como los que quedarían al descubierto dos años después.
Los policías revisaron minuciosamente el sótano–prisión. Mientras lo hacían recordaron cada una de las pistas que siguieron desde el día en que el hijo de la empresaria radicó la denuncia. Fue pocas horas después que fuera secuestrada, el 23 de julio, en las calles José Mármol y Agrelo de la Capital Federal y que un supuesto Comando de Liberación Nacional exigiera 500 mil dólares para devolverla con vida. La mujer había pasado un mes entre esas paredes recubiertas con hojas de diario. Al costado de la cama, en una mesita de metal, se apilaban desordenados vasos de plástico, galletitas de agua, una bolsita de té y un jabón usado. En otra punta, una lata de pintura de veinte litros, utilizada como improvisado inodoro, cubierto con una madera aglomerada.
Cuando llegó la medianoche, los investigadores ya estaban seguros de estar frente a una de las organizaciones más siniestras de las conocidas hasta ese momento. La identidad de los detenidos, su pasado y los delitos cometidos así lo comenzaban a demostrar.
De la sorpresa a la indignación
La detención del clan familiar produjo un inmediato revuelo y una lógica conmoción. Es que hasta ese 23 de agosto los Puccio no sólo eran una típica familia de San isidro sino que además uno de sus hijos, Alejandro, era un notable jugador de rugby del club CASI y ex integrante del seleccionado argentino Los Pumas. Por entonces manejaba uno de los mejores negocios de windsurf de la zona, ubicado, precisamente, en el mismo terreno que la casa y que tenía entrada por el 219 de la calle 25 de mayo, en la esquina con Martín y Omar. Su padre, Arquímedes un contador público de 56 años, había sido miembro del Servicio Exterior de la Nación desde 1949 hasta 1966. Epifania ángeles Calvo, de 53 años, esposa de Arquímedes, era ama de casa y profesora de contabilidad. Silvia Inés, la hija de 25 años, era profesora de dibujo.
El hijo menor, Daniel, apodado Maguila, tenía 23 años y había vivido en Sudáfrica, donde jugó al rugby y desde donde había regresado poco tiempo antes a pedido de su padre.
Los antecedentes de Arquímedes Puccio incluían un pasado en Tacuara y en la derecha peronista. Cuando la policía los tuvo en sus manos supo también que había sido exonerado de la cancillería acusado de tráfico de armas.
“Fui sobreseído por esa causa”, diría después. También aparecía involucrado en el secuestro del empresario Enrique Pells, de Bonafide, en 1973 por el que se cobró un rescate de mil millones de pesos ley 18.188. Puccio estuvo procesado en esa causa aunque sobreseído por falta de pruebas.
¿Era posible que toda la familia estuviera involucrada? Arquímedes Puccio, en las sucesivas diligencias judiciales, deslindó toda la responsabilidad de su familia y se declaró único culpable. Pero, ¿podían ellos ignorar que en el sótano de su casa había estado secuestrada una persona? ¿Nunca observaron nada extraño? Las innumerables pruebas que la justicia recolectó en esos días fueron despejando la mayoría de las dudas aunque no sin resistencia por parte de algún grupo de allegados de los Puccio que no lo podían creer. El tiempo les diría que no tenían razón. Además de los Puccio, fueron detenidos el mencionado Fernández Laborda y Roberto Oscar Díaz, sindicado como el entregador de la empresaria Bollini de Prado. Díaz era jefe de los talleres de la red de concesionarios Ford
Armando y conocía a la empresaria a través de sus hijos, dueños de locales de compra y venta de automotores. Los investigadores señalaron entonces que para secuestrar a Bollini de Prado utilizaron el Ford Falcon y una camioneta Mitsubishi propiedad de Daniel
Puccio. En este vehículo fue introducida encapuchada la empresaria cuando se consumó el rapto. Poco después fue detenido el coronel retirado Rodolfo Franco, acusado de ser otro de los integrantes de la banda. Fernández Laborda diría luego ante la justicia que conoció a Arquímedes Puccio en la década del 70 en la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista y que ambos habían sido funcionarios municipales. Fernández Laborda en el Hospital Ramos Mejía y Puccio en el área de Deportes. Indicó también que en 1982 Puccio le sugirió la idea de los secuestros extorsivos y que luego se incorporaron Roberto Díaz, a quien Arquímedes conocía de la distribuidora de Alberto J. Armando, y el coronel Franco.
En su indagatoria ante la jueza de Cubría, Arquímedes Puccio confesó ser el responsable de secuestrar a la empresaria Bollini de Prado y afirmó haber obligado a su hijo Daniel a ayudarlo.
Dijo que su hijo no quería participar pero lo convenció diciéndole que estaba con graves problemas y que necesitaba su ayuda. Argumentó también que ningún miembro de su familia sabía lo que sucedía en el sótano de la casa. Juró que ellos no sabían nada.
“Alejandro no estaba casi nunca y mi mujer y Silvia estaban con sus clases.
No tenían ni idea de nada”, dijo. Puccio atribuyó las razones del secuestro a las amenazas de un supuesto grupo de ultra izquierda que lo obligó a consumarlo para conseguir unas supuestas listas de desaparecidos. “Me dijeron que la señora de Prado tenía una funeraria donde se habían exhumado cadáveres NN en la época de los militares y que la tenía que secuestrar para conseguir la información”. El jefe de la familia fue más lejos y dijo que luego las mismas personas que lo amenazaron con matar a su familia si no hacía el secuestro lo obligaron también a pedir dinero de rescate. Puccio, en definitiva, dijo que su esposa e hijos eran inocentes, se atribuyó toda la responsabilidad pero alegó inocencia en función de las amenazas recibidas.
Daniel “Maguila” Puccio, frente a la jueza de Cubría, reconoció que él manejó la camioneta Mitsubishi, que le había regalado su padre, cuando secuestraron a la señora de Prado. “No quería hacer eso. Pero papá me lo pidió. No le pude decir que no. Me sentía muy presionado”. Su hermano Alejandro, siguió en la misma línea argumental, afirmó que se enteró de todo cuando la policía allanó la casa, que se dedicaba todo el día a su negocio y que tenía con su padre una relación fría y distante. Sus compañeros del CASI no faltaron un solo día a los tribunales desde que fue detenido. Se jugaban por la inocencia de su amigo.
El 6 de septiembre la jueza Servini de Cubría dictó la prisión preventiva de todos los detenidos a excepción de Silvia Puccio, a quien le dictó la falta de mérito. Mónica, la novia de Alejandro ya había quedado en libertad desligada de todos los hechos.
La magistrada encuadró a Arquímedes Puccio, su hijo Alejandro y Guillermo Fernández
Laborda en la figura de privación ilegal de la libertad agravada por la condición de mujer de la víctima. A Epifania Calvo de Puccio, su hijo Daniel y Roberto Díaz los calificó de partícipes secundarios de la misma figura delictiva. De esta manera, la versión de Arquímedes acerca del secuestro por amenazas fue dejada de lado por la jueza. Para los investigadores no había dudas de que se trataba de delincuentes comunes. Incluso, todas las pistas indicaban que el de Bollini de Prado no había sido el único secuestro de la anda. En los días posteriores a la liberación de la empresaria, la jueza llevó a la casa de los Puccio a Ricardo Lanusse, otro secuestrado famoso, que había sido raptado en enero de ese mismo año. El sobrino del ex presidente recorrió la casona colonial y luego declaró al periodismo que ese no era el lugar donde había estado cautivo. “No tengo ganas de reabrir viejas heridas que con el tiempo he intentado cerrar. Este tema, en lo que a mí atañe, pertenece al pasado”, dijo entonces al periodismo. A pesar de esa negativa la justicia tuvo indicios de que Lanusse estuvo encerrado en la casona de San Isidro y que si bien los Puccio no lo habían secuestrado sí habían brindado la “hotelería”, es decir, “alquilado” su casa como lugar de cautiverio.
Otro de los casos que se relacionó inmediatamente con los Puccio fue el de Eduardo Aulet. Había sido secuestrado en 1983 y nunca se supo nada más de él. La detención de Gustavo Contempomi –cuya pareja era familiar de Aulet– el 3 de noviembre de 1985 cuando concurrió a votar en las elecciones legislativas, casi dos meses y medio después de que cayeran los Puccio, aceleró los tiempos. Contempomi, señalado como el entregador,
Declaró a la justicia que los Puccio habían secuestrado a Aulet y que Roberto Díaz había sido el asesino. Guillermo Fernández Laborda declaró que Alejandro Puccio fue quien abrió el portón de la casona de la calle Martín y Omar cuando llegaron con Aulet secuestrado. Sin embargo no se pudo develar donde habían enterrado al empresario. Por esto la justicia dispuso un careo entre Alejandro Puccio y Contempomi. Suponían, no sin razón, que se abría una instancia para esclarecer el secuestro y poder conocer cual había sido el destino final de Aulet. La audiencia fue fijada para el viernes
8 de noviembre. Alejandro Puccio fue trasladado a Tribunales y cerca de las 11 de la mañana, mientras era conducido por el quinto piso del Palacio de Justicia hacia la oficina en la cual se llevaría a cabo la diligencia, hizo gala de su fama de rugbier acostumbrado a los tacles y a la velocidad. Burló a sus custodios y en una rápida carrera se lanzó al vacío. El ruido del impacto contra la cabina de chapa de la Dirección General Impositiva de la planta baja hizo suponer a muchos de los que transitaban por el lugar de que se había tratado de una bomba. Pero no. Alejandro Puccio había intentado suicidarse. Fue trasladado de inmediato en coma tres hacia el Hospital Fernández. El diagnóstico: politraumatismo grave, contusión y edema cerebral. Alejandro Puccio tuvo una recuperación milagrosa. Muchos advirtieron entonces que el frustrado careo podía haber complicado mucho más su situación procesal. Y que el intento de suicidio tuvo justamente esa finalidad: impedir que se lo pudiera vincular con el caso Aulet.
En 1987, uno de los integrantes de la banda, Roberto Díaz, se quebró ante el juez Federal Alberto Piotti y confesó la responsabilidad de los Puccio en los secuestros y asesinatos de Ricardo Manoukián y Eduardo Aulet, sucedidos en 1982 y 1983 respectivamente, y el asesinato, tras un intento de rapto, del empresario Emilio Naum en 1984. La declaración
de Díaz abrió el camino para el esclarecimiento total de todos los casos y dejó al descubierto la cara oculta de Arquímedes Puccio y su familia y su siniestro accionar.
